La Voz Libre del Ágora: Homenaje a Agustín García Calvo

El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 03 de Noviembre de 2026

Hablar de Agustín García Calvo (Granja de Moreruela, 1926 – Zamora, 2012) es adentrarse en los dominios de una de las conciencias más lúcidas, incólumes y heterodoxas de la España contemporánea. Filólogo riguroso, poeta de una hondura desgarradora, dramaturgo, traductor insigne y filósofo al margen de toda academia convencional, García Calvo dedicó su existencia a una tarea tan urgente como implacable: despertar al pueblo del sopor de la Realidad.

A través de su figura monumental se entrelazan la erudición clásica y la más radical rebeldía popular, dejando un legado que continúa desafiando las estructuras del Poder, el Estado y el Capital.

Un magisterio forjado en la disidencia y el saber. La trayectoria vital e intelectual de García Calvo estuvo marcada desde muy temprano por el rigor académico y la coherencia ética. Tras formarse en Filología Clásica en la Universidad de Salamanca —bajo la tutela de la primera promoción del maestro Antonio Tovar—, se doctoró en Madrid a los veintidós años con una tesis sobre Prosodia y métrica antiguas. Su magisterio pasó por las aulas de Zamora, Sevilla y la Universidad Complutense de Madrid, donde ocupó la cátedra de lenguas clásicas.

Sin embargo, su vocación pedagógica y su compromiso con la libertad entraron inevitablemente en colisión con el régimen franquista. En 1965, la dictadura lo separó de su cátedra —junto a figuras de la talla de Enrique Tierno Galván, José Luis López Aranguren y Santiago Montero Díaz— por prestar su apoyo activo a las protestas estudiantiles, provocando además la renuncia voluntaria de intelectuales como José María Valverde y Antonio Tovar.

Este exilio forzoso lo condujo a París, donde fue profesor en la Universidad de Lille y en el Collège de France, trabajó como traductor para la histórica editorial Ruedo Ibérico y coordinó una inolvidable tertulia política en el café La boule d’or del Barrio Latino. Restablecido en su cátedra en 1976 tras el fin de la dictadura, continuó enseñando hasta su jubilación como profesor emérito.

Pensamiento: Contra la Realidad y el Poder. El andamiaje filosófico de García Calvo, nutrido por lecturas presocráticas —especialmente Heráclito— y una profunda reflexión sobre el lenguaje, constituye una de las críticas más demoledoras contra las formas modernas de dominación.

Para el pensador zamorano, la Realidad no es el reflejo fiel de lo que hay, sino una construcción abstracta del Poder. Mediante esta ficción, las cosas vivas, impredecibles e infinitas son reducidas a ideas manejables. La gente es transformada en Individuos (sometidos a la exigencia de ser únicos y, a la vez, sumables en una masa numérica), cuyo destino es administrado por la Democracia y el Estado del Bienestar.

Frente a esta maquinaria, García Calvo reivindicaba «el pueblo»: aquello que queda de la gente por debajo de los individuos, los cabos sueltos de ocurrencias imprevisibles que escapan a todo plan o cálculo. Su combate abarcaba frentes tan cotidianos como lúcidos: desde la crítica frontal al automóvil como vehículo de aislamiento individual hasta la defensa del tren, pasando por su célebre oposición al lema oficial de «Hacienda somos todos» y su cercanía al movimiento 15-M.

Vivencias compartidas: El Ateneo de Madrid y la defensa de la libertad. Mi relación personal con Agustín García Calvo estuvo marcada profundamente por el paisanaje y, de manera muy especial, por los pasillos y salones del Ateneo de Madrid.

Durante más de veinticinco años tuve el honor de presidir la Agrupación de Debates Parlamentarios. Desde ese espacio, y aunque él no era socio de la institución en el sentido tradicional, tuve la ocasión de invitarlo reiteradamente a impartir conferencias en nuestra agrupación. Su verbo afilado y su capacidad para descolocar cualquier certeza oficial cautivaban de inmediato a los asistentes.

Con el tiempo, y ante la necesidad de ofrecerle un cobijo permanente para su magisterio, logramos propiciar el espacio idóneo para que todas las semanas impartiera sus legendarias clases magistrales en La Cacharrería, contando siempre con mi apoyo incondicional y el de quienes veíamos en su palabra un faro de lucidez indispensable.

Años más tarde, cuando la voracidad burocrática se abatió sobre él —concretamente, cuando fue sancionado por Hacienda con una multa considerable por no declarar una subvención destinada a rehabilitar la casa de sus padres—, un grupo de amigos y admiradores, entre los que me encontraba, nos ofrecimos a pagársela íntegramente. Aquel acto de solidaridad elemental, sin embargo, desató la incomprensión pública: recuerdo vivamente cómo una conocida periodista de Zamora me criticó duramente en los medios por salir en su auxilio frente a aquella injusticia fiscal, evidenciando la incomprensión que a menudo rodeaba a los espíritus libres frente a la implacable maquinaria del Estado.

Un legado inmortal. Agustín García Calvo falleció el 1 de noviembre de 2012 en su Zamora natal a causa de una insuficiencia cardíaca. Dejó tras de sí una obra monumental que abarca desde la filología y la lingüística general —con su trilogía Del lenguaje— hasta una poesía deslumbrante (Sermón de ser y no ser, Valorio 42 veces) y piezas dramáticas galardonadas, como Baraja del rey don Pedro.

Recordarlo hoy no es solo evocar al erudito que traducía los clásicos con una frescura desarmante, sino mantener viva la llama de un hombre bueno y libre que nos enseñó a dudar de todo lo establecido, a desconfiar del Poder y a buscar, en el uso común de las palabras, los resquicios de la auténtica vida. Su voz, habitante perenne de La Cacharrería y de nuestra memoria, sigue resonando como un conjuro contra el tiempo. Cuando recordamos el nocimiento hace 100 años, Zamora como siempre a sus hombres más Nobles e Ilustres no lo recuerda con una calle, Plaza o Estatua. Pero nunca dejo de querer y desear pasear por sus calles donde murió el 1 de noviembre de 2012. Agustín degastes un recuerdo imborrable entre tus amigos y paisanos.

Francisco José Alonso Rodrígurez. – Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. Socio del Ateneo desde enero 1980 aunque antes asistía a preparar en su Biblioteca los Cursos de Doctorado.

La puerta que consiguió independizar un restaurante: El prodigio administrativo de Santa Catalina

por Fco. José Alonso Rodríguez, 07 de Octubre de 2026

Hay puertas con una vida tranquila. Se abren, se cierran y esperan pacientemente a que alguien necesite salir por ellas en caso de emergencia. Después está la puerta de Santa Catalina. Una puerta extraordinaria. Tan extraordinaria que parece haber conseguido algo que el Derecho Administrativo todavía no había contemplado: independizar un restaurante entero sin necesidad de modificar la licencia que lo regula. Es una hazaña jurídica digna de estudio.
Porque conviene recordar cómo empezó esta historia. En 2024, el Ayuntamiento ordenó el cese de la actividad de la antigua Cantina. No fue una decisión menor. La Administración entendió que aquella actividad no podía desarrollarse en las condiciones en las que se estaba ejerciendo. Hubo un procedimiento, una resolución y una clausura. Hasta ahí, todo parecía responder a una idea muy sencilla: las licencias están para cumplirse.

Dos años después, uno esperaría encontrar una realidad perfectamente alineada con aquella contundencia administrativa. Y entonces llegan los planos. Los documentos as built, fechados en mayo de 2026, tienen una virtud extraordinaria: no opinan. No hacen política. No conceden entrevistas. Simplemente dibujan.
Y dibujan exactamente lo que dibujaban antes. Santa Catalina continúa formando parte del recorrido de evacuación. Continúa siendo una salida de emergencia. No aparece convertida en acceso ordinario. No aparece transformada en entrada principal. No aparece autorizando un funcionamiento independiente del restaurante. No aparece nada de eso.
Y, sin embargo, cualquiera que haya asistido a determinados eventos sabe que la realidad parece desenvolverse con una imaginación mucho más fértil que los planos. El público entra por Santa Catalina. El control de acceso está en Santa Catalina. La actividad comienza y termina en Santa Catalina. Y el Ateneo puede permanecer cerrado sin que ello impida el funcionamiento del restaurante. Es decir, exactamente el tipo de funcionamiento autónomo que la licencia conocida no parece describir.
Y aquí es donde aparece la pregunta verdaderamente incómoda. Si la licencia sigue siendo la misma… si los planos siguen siendo los mismos… ¿quién ha cambiado las reglas?
Porque las licencias no suelen modificarse por transmisión de pensamiento. Las salidas de emergencia tampoco ascienden espontáneamente a puerta principal. Hace falta una resolución administrativa. Un acto. Un expediente. Un documento. Algo.
Por eso se ha solicitado formalmente a la Agencia de Actividades que responda una cuestión tan elemental como trascendental: si el funcionamiento efectivo del establecimiento resulta compatible con la licencia vigente o si existe alguna resolución posterior que haya alterado las condiciones de acceso y funcionamiento inicialmente autorizadas.

No parece una pregunta excesiva. De hecho, resulta difícil imaginar una más sencilla.
Lo verdaderamente sorprendente sería descubrir que una Administración que en 2024 clausuró una actividad por razones de licencia termine aceptando ahora, de hecho, un modelo de funcionamiento distinto del que reflejan los propios documentos administrativos conocidos. Porque entonces ya no estaríamos hablando de una puerta. Ni siquiera de una salida de emergencia.
Estaríamos hablando de algo mucho más preocupante. De la posibilidad de que las licencias tengan una versión oficial —la que figura en los expedientes— y otra versión práctica, la que se aplica cuando nadie hace demasiadas preguntas. Y eso sí sería un prodigio administrativo. No porque transforme una salida de emergencia en un acceso principal, sino porque convertiría el cumplimiento de una licencia en una mera cuestión de interpretación creativa.
Quizá por eso la respuesta de la Agencia de Actividades es hoy mucho más importante que una simple aclaración técnica. Porque todavía estamos a tiempo de confirmar que las licencias significan lo mismo para todos. O de descubrir que, en Madrid, algunas puertas no solo sirven para evacuar edificios. También pueden escapar de la propia licencia que las regula. Lo grave de todo esto que el Ayuntamiento de Madrid esta rayando en la prevaricación. Conoce la infracción y la está consintiendo donde causo un gran daño reputacional y económico al anterior CONCESIONARIO al ordenar su cierre y al Café Central esta consintiéndolo.


Francisco José Alonso Rodríguez. – Politólogo. – Sociólogo. – Presidente “Centro de Estudios Ateneos” Presidente Agrupación Debates Parlamentarios más de 25 años.- Socio del Ateneo desde enero 1980

Análisis jurídico e institucional sobre la actividad del Café Central y el cumplimiento de las condiciones de su licencia urbanística

por Fco. José Alonso Rodríguez, 07 de Octubre de 2026

La situación administrativa en torno al funcionamiento del Café Central, ubicado en el espacio previamente explotado como la Cantina del Ateneo de Madrid, ha generado un intenso debate sobre el respeto a la legalidad urbanística y la aplicación homogénea de los criterios de control municipal. Diversos escritos presentados ante el Ayuntamiento de Madrid —en particular ante la Agencia de Actividades desde el pasado 24 de abril de 2026— han puesto de relieve discrepancias notables entre los términos de la licencia concedida y la realidad operativa del establecimiento, especialmente en lo que respecta al uso de los accesos públicos y los horarios de funcionamiento.
Antecedentes y controversia sobre los accesos y la licencia El conflicto se originó a finales de abril de 2026, cuando se advirtió formalmente a la administración local que el Café Central operaba con público, control de accesos y entrada de pago utilizando de manera ordinaria la calle Santa Catalina, número 10. Esta vía, según se desprende de la documentación gráfica y técnica aportada por los interesados, funciona de forma habitual como el acceso principal para los asistentes a los conciertos programados, además de integrar el vestíbulo y el recorrido de evacuación del local.
El núcleo de la controversia radica en los condicionantes explícitos fijados en la licencia urbanística número 350/2024/10267. Dicha licencia configura el bar-restaurante como una actividad auxiliar y estrictamente asociada al uso principal del Ateneo de Madrid. En su texto, el título habilitante estipula de forma literal dos mandatos claros: por un lado, que «el funcionamiento del uso asociado deberá realizarse dentro del horario del uso principal»; y por otro, que «el acceso al uso asociado se realizará únicamente a través del edificio del uso principal».
La utilización cotidiana de la entrada de Santa Catalina, 10, choca frontalmente con la segunda de estas condiciones, al margen de que la Agencia de Actividades facilitara posteriormente (en octubre de 2026) planos “as built” y un Certificado Final de Obra fechado en mayo de 2026 donde se constata que las instalaciones se ejecutaron sin alterar teóricamente los usos y condiciones originales bajo los cuales se otorgó la licencia. Ante esto, surgen dudas legítimas sobre la existencia de resoluciones posteriores que hayan modificado o dejado sin efecto tales restricciones, algo que los recurrentes exigen que se aclare formalmente.

Autonomía de funcionamiento y seguridad contra incendios Otro de los flancos críticos señalados ante el Ayuntamiento concierne a la sincronía horaria y operativa entre el Café Central y el Ateneo de Madrid. A finales de septiembre de 2026 se puso en conocimiento de la administración una circunstancia revelada públicamente por el propio Presidente del Ateneo durante la Junta General Ordinaria celebrada el 10 de septiembre de ese mismo año. Según se extrae de la intervención audiovisual aportada, el 15 de mayo de 2026 tuvo lugar una actuación de la Policía Municipal en el establecimiento en un momento en el que el edificio principal del Ateneo se encontraba completamente cerrado al público, permaneciendo abierta únicamente la zona del Café Central.
Este hecho pone en entredicho el cumplimiento de la condición relativa al horario, la cual exige que el uso asociado funcione de manera simultánea e integrada dentro del horario del Ateneo. La disociación en el funcionamiento abre un interrogante jurídico sobre si la actividad está operando de manera autónoma al margen de su condición de uso accesorio.
Asimismo, desde el punto de vista de la seguridad, los escritos presentados exigen comprobar si el uso masivo y ordinario de la salida por Santa Catalina, 10 para el trasiego de espectadores es plenamente compatible con la normativa de seguridad contra incendios, la compartimentación de sectores y la configuración de los recorridos de evacuación aprobados en los planos técnicos. Utilizar una vía de emergencia como acceso principal diario requiere de habilitaciones específicas que garanticen la integridad del sistema de evacuación en caso de siniestro.
La necesidad de un criterio administrativo homogéneo Un aspecto especialmente sensible en este expediente es el precedente administrativo protagonizado por la entidad A GOAL PERFECT, S.L., anterior explotadora del establecimiento. En el marco del expediente número 220/2024/03185, dicha mercantil sufrió la incoación de un procedimiento de cese y clausura impulsado por la propia Agencia de Actividades, la cual consideró que la actividad de restauración se estaba desarrollando sin el título habilitante definitivo, desestimando el argumento de que la mera tramitación de la licencia posterior (la 350/2024/10267) legitimaba la continuidad de la explotación.
La drástica medida de clausura aplicada en su día a la anterior gestora subraya la relevancia económica y jurídica de estas decisiones. Por este motivo, los actuales requerimientos dirigidos al consistorio madrileño no buscan prejuzgar situaciones particulares, sino demandar un canon de actuación basado en la objetividad, la coherencia y la aplicación homogénea del derecho administrativo. Se reclama que, en caso de apreciarse diferencias jurídicas sustanciales entre la situación actual del Café Central y la vivida por A GOAL PERFECT, S.L., estas sean debidamente motivadas y explicitadas por los órganos competentes.
Conclusiones y peticiones planteadas a la Administración En definitiva, el conjunto de instancias y escritos presentados ante el Ayuntamiento de Madrid persigue un triple objetivo: en primer lugar, fiscalizar el estricto cumplimiento de los límites fijados en la licencia urbanística en lo referente a los accesos por la calle Santa Catalina y la subordinación horaria al Ateneo; en segundo lugar, verificar la idoneidad técnica de las vías de evacuación y seguridad ante la afluencia continua de público; y en tercer lugar, exigir un trato normativo transparente y neutral que evite agravios comparativos con respecto a anteriores operadores económicos del mismo espacio.
Corresponde ahora a la Agencia de Actividades y a las instancias municipales competentes responder de manera motivada a los puntos planteados, aportando los informes de inspección pertinentes, esclareciendo el resultado de la intervención policial del pasado mes de mayo y adoptando, si procede, las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que garanticen el equilibrio entre la actividad cultural y la seguridad ciudadana. No puede el Ayuntamiento cerrar el establecimiento al anterior concesionario y permitirlo al actual sin cometer PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA.

Francisco José Alonso Rodríguez. – Politólogo. – Sociólogo. – Presdente “Centro de Estudios Ateneos”. Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. 25 años Presidente Agrupación Debates Parlamentarios del Ateneo. – Socio desde enero 1980.

La Administración de Justicia, el verdadero problema estructural de España.

por Fco. José Alonso Rodríguez, 05 de Octubre de 2026.

El debate público en España parece monopolizado por la crisis del acceso a la vivienda. Portadas, discursos institucionales y tertulias concentran sus esfuerzos en analizar precios, alquileres e hipotecas. Sin embargo, situar la vivienda como el problema estructural primario del país es errar el diagnóstico. Hay un mal silencioso, profundo y de consecuencias devastadoras para el Estado de derecho, la economía y la convivencia ciudadana: el colapso absoluto de la Administración de Justicia y la consecuente desprotección del derecho a la propiedad privada.

El sistema judicial español no atraviesa una simple racha de sobrecarga; se encuentra sumido en una parálisis sistémica. Las cifras no admiten matices: actualmente existe un atasco de cerca de cinco millones de asuntos pendientes de resolución. Cinco millones de litigios, reclamaciones, causas penales, procesos laborales y pleitos civiles atrapados en un laberinto burocrático que eterniza las resoluciones y convierte la tutela judicial efectiva en un espejismo

La consecuencia inmediata de este colapso es una profunda sensación de frustración e indefensión en la población. Una justicia tardía deja de ser justicia. Cuando un ciudadano debe esperar años para que un tribunal resuelva una indemnización por despido, la custodia de sus hijos o el cobro de una deuda que amenaza la supervivencia de su pequeña empresa, la eficacia de las leyes se desvanece.

El impacto atenaza la economía del país. La incertidumbre jurídica frena inversiones, asfixia a pymes y autónomos que no logran liquidar créditos pendientes y genera una ineficiencia estructural que lastra la competitividad de España.

El atasco no perdona a ningún nivel de la estructura judicial. Especialmente grave es la situación del Tribunal Supremo, la cima de la pirámide jurisdiccional, que acumula cerca de 38.000 asuntos pendientes de resolución judicial. Que la alta magistratura del Estado arrastre semejante volumen de expedientes no solo congela la fijación de doctrina jurisprudencial, sino que denota una incapacidad organizativa que compromete el funcionamiento institucional.

El déficit estructural: una ratio inadmisible frente a Europa: ¿Cómo se ha llegado a este punto? La respuesta radica en que la Administración de Justicia es rotundamente incapaz de absorber el flujo continuo de trabajo porque carece de los medios y del personal indispensable.

El dato más revelador reside en la tasa de jueces por habitante. Mientras que la media en los países de la Unión Europea se sitúa en aproximadamente 18 jueces por cada 100.000 habitantes, España cuenta con una de las ratios más bajas del continente: apenas 6,2 jueces por cada 100.000 habitantes. Croacia: 43 jueces por cada 100.000 habitantes. Eslovenia: 40 jueces por cada 100.000 habitantes. Media europea: 18 jueces por cada 100.000 habitantes. España: 6,2 jueces por cada 100.000 habitantes.

Afrontar un volumen de cinco millones de expedientes con un tercio de la media europea de magistrados es una ecuación matemática imposible. Los jueces y magistrados españoles soportan cargas de trabajo inasumibles, lo

que desemboca en el estancamiento de los expedientes y en retrasos de años para señalar una vista o dictar una sentencia.

Inseguridad jurídica y el problema de la propiedad privada: La ineficiencia del sistema judicial no solo afecta al ámbito civil o comercial, sino que proyecta una imagen externa preocupante. Distintos sectores críticos y análisis en materia de seguridad advierten de que la lentitud procesal y la percepción de impunidad convierten a España en un entorno propicio para la delincuencia. Se ha señalado la existencia de redes organizadas e incluso plataformas en el extranjero donde se difunden pautas y métodos sobre cómo delinquir o aprovechar los vacíos legales del sistema español sin sufrir consecuencias inmediatas.

Uno de los puntos más conflictivos de esta parálisis es el fenómeno de la okupación ilegal. Para diversos juristas y detractores de la gestión actual —evocando posturas firmes en la tradición del análisis fiscal y penalista español, como las expresadas en su momento por figuras como el fiscal Eduardo Fungariño—, la vulneración sistemática de la propiedad privada constituye un delito grave frente al cual los poderes públicos no están ofreciendo la respuesta garantista que exige el marco constitucional.

Desde esta perspectiva, la inacción o la falta de medios no es una mera omisión administrativa, sino una falta de cobertura de los deberes del Estado hacia los ciudadanos. La ausencia de juzgados especializados que permitan resolver los desalojos de forma exprés —en plazos de 24 a 48 horas— y garanticen consecuencias penales y civiles inmediatas para los infractores perpetúa el problema.

A esto se suma la situación de la denominada «inquiokupación», donde propietarios se ven obligados a mantener a inquilinos que dejan de pagar las rentas durante procesos judiciales que pueden dilatarse años. El deterioro de los inmuebles, los destrozos acumulados y la imposibilidad de recuperar las rentas impagadas o exigir responsabilidades efectivas dejan al pequeño propietario en una situación de indefensión y vulnerabilidad económica.

Falta de medios y ataques a la independencia judicial: La responsabilidad directa de este escenario recae sobre la gestión de los poderes públicos. El Gobierno no facilita los recursos materiales, tecnológicos ni personales necesarios para desatascar los juzgados y dotar al sistema de la agilidad que requiere el siglo XXI. La infrapartida presupuestaria histórica destinada a la Justicia ha perpetuado un modelo organizativo obsoleto.

El artículo 24 de la Constitución Española garantiza el derecho de todos los ciudadanos a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales sin que se produzca indefensión y a un proceso público sin dilaciones indebidas. El incumplimiento sistemático de este mandato legal y constitucional resulta inadmisible.

A la escasez de recursos se suma la proliferación de críticas y cuestionamientos vertidos contra el Poder Judicial desde instancias gubernamentales y políticas. En un Estado de derecho maduro, la separación de poderes exige un respeto exquisito entre las distintas instituciones. Descalificar resoluciones o cuestionar públicamente la labor de los jueces erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.

Una reforma urgente e ineludible: España no puede resignarse a convivir con una Justicia lenta, asfixiada y desatendida. Sin una Justicia rápida, independiente y dotada de recursos, ningún otro derecho está plenamente garantizado, incluido el propio derecho a la propiedad.

Garantizar el cumplimiento del mandato constitucional exige dotar con urgencia a la Administración de Justicia de los medios necesarios, incrementar la plantilla de jueces hasta equipararla con los estándares europeos, crear juzgados de actuación rápida frente a la okupación y cesar en la confrontación política con el estamento judicial. Restablecer la eficacia del sistema judicial es la reforma más urgente e ineludible que el país tiene pendiente.

Francisco José Alonso Rodriguez. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Centro de Estudios Ateneos.

Miguel Chang: una vida entre el Cine, la Arquitectura y la Pintura

El creador que convirtió el arte en un puente entre Oriente y Occidente
Hay artistas cuya trayectoria resulta difícil de encerrar en una sola profesión. Miguel Chang fue uno de ellos. Cineasta, director artístico, arquitecto, diseñador, fotógrafo, pintor, calígrafo y escritor, hizo de la creación un territorio sin fronteras y de su propia vida un extraordinario puente entre China y España.
Conocido también por su nombre chino, Zhang Baoqing, Miguel Chang nació en Nanjing en 1931 y creció en Anqing, en el seno de una familia profundamente vinculada a la cultura. Desde muy joven mostró una especial sensibilidad hacia el dibujo, la pintura y las artes visuales. Su formación y su curiosidad intelectual le llevarían posteriormente a España, país en el que desarrollaría la mayor parte de su carrera y donde terminaría convirtiéndose en una figura singular de la cultura hispano-china.
En 1949 llegó a España como integrante de aquel primer grupo de jóvenes chinos conocido como los «Seis caballeros del río Wanjiang», que viajaron para continuar su formación. Años después estudiaría en la Escuela Oficial de Cine de España, donde se matriculó en 1960 y se graduó en 1965, mientras su formación e intereses relacionados con la arquitectura, la fotografía, el diseño y la pintura ampliaban progresivamente su campo de trabajo.

El cine como espacio de creación

Miguel Chang – Con su cámara de fotos

La faceta que probablemente mejor define su trayectoria fue la dirección artística cinematográfica.
Miguel Chang no se limitaba a decorar un escenario: contribuía a construir el mundo visual en el que se desarrollaba una historia. Decorados, mobiliario, atrezo, ambientación, iluminación, composición y arquitectura formaban para él parte de un mismo lenguaje.
Desde la década de 1960 participó en numerosas producciones internacionales y trabajó junto a cineastas de primera línea, entre ellos Steven Spielberg, David Lynch, Martin Scorsese, Fernando Trueba y Carlos Saura. Las fuentes consultadas documentan más de un centenar de películas y producciones internacionales, aunque algunas publicaciones elevan considerablemente esa cifra.
Su filmografía incluye títulos de enorme repercusión como 55 días en Pekín, La caída del Imperio romano, Dune, Tai-Pan, El imperio del sol, Rojos, El año de las luces y Juana la Loca, además de otras grandes producciones internacionales.
En cada una de ellas, su trabajo contribuía a algo fundamental: hacer que el espectador creyera en el mundo que estaba contemplando. Su conocimiento de la arquitectura, la pintura, la historia y las tradiciones culturales le permitía crear espacios que no eran simples fondos, sino auténticos elementos narrativos.
Su colaboración con Marcela de Juan, figura fundamental en las relaciones culturales entre China y España, fue también decisiva en algunos momentos de su incorporación a grandes producciones cinematográficas.

Arquitectura y diseño: construir espacios con identidad

Miguel Chan – Estudio de Arquitectura

La arquitectura constituyó otra de las grandes vertientes de su personalidad artística.
Para Miguel Chang, un espacio no era únicamente una estructura física. Era también una experiencia, una atmósfera y una forma de comunicación. Esa concepción aparece tanto en sus trabajos cinematográficos como en sus proyectos arquitectónicos y de interiorismo.
Desarrolló proyectos de diseño y arquitectura en distintos lugares, combinando elementos de la tradición oriental con lenguajes occidentales contemporáneos. Su actividad incluyó espacios comerciales, interiores y viviendas, y llegó a dirigir su propio estudio, además de desarrollar su actividad profesional junto a otros diseñadores y arquitectos.
Uno de los episodios destacados de esta trayectoria fue su participación como director técnico de decoración del Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York de 1964. También colaboró con el arquitecto español Fernando Higueras, entre otros proyectos en el ámbito del diseño y la arquitectura.
En 1994-1995 su trayectoria en el interiorismo fue reconocida por Barons Who’s Who International Edition, que lo distinguió como Relevant Interior Designer.

La pintura, la caligrafía y la mirada del artista.

Chica Del Pueblo – Cuadro de Miguel Chang – 1979

Pero reducir a Miguel Chang al cine o a la arquitectura sería dejar fuera una parte esencial de su personalidad.
La pintura y la caligrafía china estuvieron presentes durante toda su vida. Sus obras pictóricas muestran una sensibilidad en la que confluyen la tradición artística china, el paisaje, la observación de la naturaleza y su experiencia vital en Europa.
Su relación con la caligrafía fue especialmente profunda. Entendía pintura y caligrafía como disciplinas estrechamente relacionadas y utilizaba el pincel como una herramienta para expresar aquello que en ocasiones no podía explicarse mediante palabras.
El monográfico de Intramuros recuerda precisamente esta faceta y recoge testimonios de quienes pudieron visitar su estudio y contemplar sus pinturas, dibujos y trabajos caligráficos.

Su actividad artística no se limitó a producir obra: también quiso transmitir conocimiento. Entre sus publicaciones figura Introducción al arte chino, aparecida en 1994, una obra concebida para acercar al público occidental a la historia y las diferentes manifestaciones del arte chino. El libro aborda ámbitos como la escritura, la arquitectura, el paisajismo, el jade, la cerámica y otras expresiones de una tradición cultural milenaria, incorporando además dibujos explicativos realizados por el propio Miguel Chang. También se citan entre sus trabajos escritos El jardín privado chino y Manejo de la iluminación cinematográfica.
Un hombre entre dos culturas. Quizá el aspecto más singular de Miguel Chang no se encuentre en ninguna de sus profesiones por separado, sino en la manera en que consiguió unirlas.

Su vida transcurrió entre dos grandes universos culturales.

Conservó una profunda conexión con sus raíces chinas al mismo tiempo que desarrolló una intensa trayectoria profesional en España y en el ámbito internacional.
En él convivían Oriente y Occidente, tradición y modernidad, arquitectura y pintura, cine y literatura. Esa mezcla no fue circunstancial: formó parte de su propia manera de entender el mundo. Por ello, distintos autores del monográfico de Intramuros han insistido en definirlo como un artista difícilmente clasificable. Más que elegir una disciplina, Miguel Chang parecía entenderlas todas como diferentes formas de una misma actividad: contar historias a través de las imágenes, los espacios y las formas.

Miguel Chang – foto en el Parque del Oeste

Madrid y el barrio de Retiro: una parte esencial de su historia Madrid ocupó un lugar fundamental en esa trayectoria. Miguel Chang residió durante décadas en el distrito de Retiro, en la calle del Doce de Octubre, 34, convirtiéndose en un vecino estrechamente vinculado a la vida cultural de la zona.En el mismo edificio tiene la Sede La Liga Española Pro Derechos Humanos.
Su relación con Madrid no fue únicamente residencial o profesional. La ciudad formó parte de su universo creativo y de su identidad personal, mientras que desde ella continuó desarrollando esa actividad de intercambio cultural que caracterizó toda su vida.Por ese motivo, el 10 de febrero de 2026, el Pleno de la Junta Municipal de Retiro aprobó la colocación de una placa conmemorativa en el edificio de la calle del Doce de Octubre, 34, donde tuvo su residencia.
El Ayuntamiento de Madrid presentó el homenaje como un reconocimiento a su trayectoria cinematográfica y a su contribución al diálogo cultural entre Oriente y próximamente se instalará una placa conmemorativa en la fachada del Edificio según comunicado del Ayuntamiento de Madrid.


Francisco José Alonso Rodríguez y Arturo C. Casas Alcalde. – Miembros de la Dirección de la Liga Española Pro Derechos Humanos. “Vecinos del Retiro”.

De toros, cabestros y ovejas: el peligro del sectarismo político en España

La política contemporánea a menudo parece regirse por inercias que trascienden el presente, resuenan con ecos del pasado y revelan una preocupante degradación del debate público. A finales de los años sesenta, el intelectual y político Dionisio Ridruejo solía repetir una frase de profunda carga simbólica y crítica: España pasa de un país de toros a un país de cabestros. Aquella lúcida advertencia apuntaba a una mutación social y cívica, una transformación donde el carácter pasional, indomable o crítico —representado metafóricamente por el toro— tendía a ser sustituido por la docilidad gregaria del cabestro, animal manso que encamina al rebaño hacia el corral guiado por intereses ajenos.

En paralelo, en las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas, ya se advertía sobre el peligro del «voto ovejuno». Este fenómeno define una dinámica electoral alarmante donde el sufragio deja de ser el resultado de una reflexión individual, madura y razonada sobre el bien común, para convertirse en un acto de estricta pertenencia identitaria. El voto ovejuno opera mediante reflejos condicionados, lealtades ciegas y un sectarismo feroz hacia el discrepante. En este ecosistema, el ciudadano abdica de su capacidad crítica para someterse a las consignas de un grupo, un partido o un líder carismático cuyos intereses particulares o de facción se anteponen sistemáticamente a los intereses de la sociedad en su conjunto.

La democracia bajo asedio: Identidad frente a razón Una democracia saludable se sustenta en la disidencia constructiva, el contraste de ideas y el voto informado. Sin embargo, cuando la política se trivializa, las urnas se transforman en trincheras emocionales. El votante ovejuno no premia la gestión eficaz ni castiga la corrupción; premia la pureza de siglas y el antagonismo. Se vota por inercia, por miedo al adversario magnificado como amenaza existencial, o por el simple calor de pertenecer a una manada ideológica.

Este seguidismo acrítico vacía de contenido real al sistema democrático. Los partidos dejan de rendir cuentas a ciudadanos exigentes y pasan a gestionar clientelas cautivas. El sectarismo político bloquea la búsqueda de consensos transversales y desincentiva la autocrítica, conduciendo a una polarización tóxica que debilita las instituciones y degrada la convivencia civil.

El cinismo de los falsos demócratas Lo más inquietante de este camino es cómo se intenta normalizar y justificar desde ciertos sectores privilegiados. Como bien apuntan algunos observadores críticos ante el discurso de esa autodenominada «progresía de caviar» —aquella que predica desde la comodidad y la desconexión de la realidad cotidiana de los ciudadanos de a pie—, a veces se deslizan proclamas de tintes inquietantes y cainitas. Frases como la de que «la próxima vez ganaremos la guerra» resuenan con una peligrosa ligereza histórica. Es mejor no detenerse demasiado en desentrañar qué pretenden sugerir con semejantes expresiones, pero el mero hecho de que formen parte del imaginario verbal de quienes se autoproclaman adalides del progreso evidencia una preocupante desfachatez democrática y un desprecio absoluto por la concordia reconciliada.

No podemos permitir que España siga avanzando por esta pendiente resbaladiza. Asumir el rol de cabestros guiados por pastores sin escrúpulos o ceder al automatismo del voto ovejuno supone renunciar a nuestra mayoría de edad ciudadana. Urge rescatar el valor de la libertad de criterio, exigir rigor a nuestros representantes y recordar que la democracia no es un concurso de lealtades tribales, sino el ejercicio responsable de la soberanía popular en beneficio de una sociedad libre, plural y justa.

Fomentemos una sociedad con más pensamiento crítico que la polarización identitaria en las urnas. No olvidemos nuestra Historia, pues podemos correr el peligro de repetirla.

Francisco José Alonso Rodríguez. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”.

Zamora (1900-2026): La Sangría Demográfica y la Fuga del Capital Local

Por Francisco José Alonso Rodríguez, 01 de Octubre de 2026

La provincia de Zamora se ha convertido en uno de los referentes más dolorosos de la denominada «España vaciada». Lo que comenzó a principios del siglo XX como una paulatina migración rural hacia grandes áreas urbanas e industriales ha derivado, bien entrada la tercera década del siglo XXI, en una crisis estructural. En ella convergen la despoblación, la desertificación del comercio tradicional y una silenciosa pero devastadora descapitalización económica.
A comienzos del siglo XX, Zamora contaba con una estructura rural viva, sustentada en la agricultura y la ganadería. En 1920, la provincia superaba los 266.000 habitantes. Tras unas décadas de relativo equilibrio gracias a la alta natalidad, entre 1960 y 1980 se desató el gran éxodo rural hacia Madrid, Cataluña, el País Vasco y el centro de Europa. La juventud abandonó los pueblos y se rompió el relevo generacional.
En el periodo comprendido entre los años 2000 y 2026, la sangría se ha consolidado. Con una población que ha caído por debajo de los 165.000 habitantes, Zamora afronta una estructura demográfica caracterizada por el envejecimiento preocupante y un saldo vegetativo persistentemente negativo.
La pérdida de vecinos implica directamente una contracción del mercado interno: a menos habitantes, menor demanda. Sin embargo, la crisis del comercio zamorano no responde únicamente a la falta de consumidores, sino a una transformación radical en la forma de comprar.
Durante décadas, las tiendas de barrio, los negocios de proximidad y los mercados tradicionales funcionaron como el corazón de la vida social y financiera provincial. Hoy en día, el cierre constante de establecimientos centenarios y la aparición masiva de locales vacíos han cambiado la fisonomía de las calles. El pequeño comercio no solo vendía productos, sino que reinvertía la mayor parte de sus ingresos en la propia economía local, pagando a proveedores, servicios y empleados de la zona
El auge de las grandes superficies comerciales a partir de los años 2000 y la consolidación posterior del comercio electrónico (e-commerce -Comercio Internacional Online)) han introducido un modelo que actúa como un aspirador de capitales:
Fuga del beneficio neto: Cuando un consumidor compra en una gran cadena o en una plataforma digital internacional, la facturación total abandona la provincia. Las sedes sociales de estas empresas cotizan en Madrid, Barcelona o en países con regímenes fiscales ventajosos. Por tanto, el Impuesto sobre Sociedades y los márgenes de beneficio no tributan ni se quedan en Zamora.
El multiplicador económico invertido: Por cada 100 euros gastados en una tienda tradicional zamorana, entre 60 y 70 euros permanecen circulando en la economía local a través de salarios, alquileres y contrataciones de proximidad. En cambio, por cada 100 euros destinados al comercio electrónico o a grandes hipermercados externos, tan solo entre 10 y 15 euros se quedan en la provincia, principalmente en forma de salarios bajos de caja o reparto.
Destrucción de empleo cualificado: Aunque los grandes centros comerciales prometen creación de empleo, el balance neto suele ser negativo. Se calcula que, por cada puesto de trabajo generado en la gran distribución o la logística de reparto, se destruyen entre 2,5 y 3 empleos en el pequeño comercio, precarizando además las condiciones laborales mediante contratos parciales y alta rotación.

Este proceso genera un bucle destructivo: la pérdida de población disminuye el gasto, el gasto se desplaza a multinacionales fuera de la provincia, se destruye el tejido empresarial autóctono y, al haber menos oportunidades, se acelera la emigración.
Para revertir este círculo vicioso, se proponen diversas estrategias desde el ámbito público y privado:
Fiscalidad de equilibrio: La aplicación de tasas a las grandes plataformas por el uso intensivo de la vía pública en la distribución urbana (la conocida «Tasa Amazon»), sumada a incentivos y reducciones fiscales para las pymes que operan en zonas rurales despobladas.
Modernización y digitalización: La creación de plataformas de venta colectivas (marketplaces -Plataforma de comercio digital provinciales) que permitan al comercio de proximidad competir en el entorno digital, conectando tanto con los vecinos como con la diáspora zamorana.
Concienciación ciudadana: Campañas como los bonos-comercio para recordar que cada decisión de compra es una decisión sobre la viabilidad económica y el modelo de ciudad que se desea mantener.
Frenar la sangría de Zamora requiere entender que la despoblación y la economía van de la mano. Retener el valor que genera la provincia es el primer paso imprescindible para garantizar su supervivencia social y económica.


Politólogo. – Sociólogo. – Presidente de la Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Ateneo Cultural Villalar. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. -Un Comunero-Empecinado.

León XIV ante Macron “la protección del derecho a la vida es el fundamento imprescindible”

El fundamento sobre el cual se erige toda la arquitectura de la dignidad humana y del orden civil no es el resultado de un consenso político variable ni de un pacto social sujeto a las modas ideológicas de una época. Existe una verdad anterior, sólida e inalienable: el derecho a la protección de la vida es el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho. Sin la salvaguarda de la existencia, cualquier discurso sobre la libertad, la justicia, la educación o la prosperidad queda desprovisto de sustancia. La vida no es una concesión del Estado ni una variable de utilidad social; es la condición de posibilidad de la existencia misma y la premisa sobre la cual cobra sentido la convivencia pacífica.
Frente a la tentación contemporánea de reducir al ser humano a un mero recurso productivo o a un sujeto de derechos condicionados a la salud, la capacidad o la utilidad, la doctrina de la Iglesia y la voz de los sucesores de Pedro han vuelto a alzar la voz con firmeza. El Papa ha situado la defensa incondicional de la dignidad humana en el centro del debate moral del mundo globalizado. Esta dignidad no admite excepciones ni grados: no depende del momento de la gestación, del estado de salud física o mental, ni de la fragilidad de la vejez. Proteger la vida desde su inicio natural hasta su término natural es la prueba de fuego de la madurez ética de una civilización. Cuando una sociedad consiente que la vida vulnerable pierda su valor, resquebraja el principio supremo que protege a todos los demás ciudadanos.
Esta concepción del valor intrínseco de cada persona no surge en el vacío, sino que halla su nutrición más profunda en la defensa de las raíces cristianas. Occidente es, en gran medida, el resultado de una visión trascendente que enseñó que cada individuo es único, amado y dotado de un alma inviolable. La noción del prójimo, el imperativo del cuidado al desvalido y la convicción de que el poder político tiene límites ante la sacralidad de la conciencia humana son herencias directas del humanismo cristiano. Renegar de estas raíces no implica avanzar hacia un progreso neutro, sino arriesgarse al desamparo moral y a la perdida de la memoria histórica que ha humanizado nuestras instituciones.
Un aspecto crucial de esta visión es la comprensión del libre albedrío y de la pluralidad civil. Una sociedad verdaderamente libre no impone la uniformidad, sino que protege la diversidad de conciencias. El verdadero progreso no se logra mediante la homogenización del pensamiento ni a través de la cancelación del que opina diferente.

El totalitarismo —sea explícito o disfrazado de consenso normativo— busca moldear la mente de los ciudadanos bajo un marco único. En cambio, la auténtica libertad respeta y salvaguarda la capacidad de cada individuo para actuar conforme a sus principios éticos y morales más profundos. La objeción de conciencia no es un privilegio concederlo a capricho, sino un dique de contención esencial frente a la arbitrariedad del poder civil.
Por último, para que esta convivencia sea armónica y duradera, es indispensable que la igualdad se asiente sobre la justicia. La igualdad formal ante la ley corre el riesgo de convertirse en una cáscara vacía si no se traduce en dar a cada uno lo que le corresponde por su condición de persona. No hay igualdad real cuando los más débiles quedan desprotegidos bajo el pretexto de libertades individuales mal entendidas. La justicia exige reconocer el valor de la vida en todas sus etapas, proveer las condiciones sociales necesarias para que la familia prospere y garantizar que ningún ciudadano sea excluido o marginado por mantener la fidelidad a sus convicciones.
En conclusión, la construcción de un futuro verdaderamente humano no pasa por la invención de nuevos dogmas relativistas, sino por el redescubrimiento de los pilares que dan estabilidad a la sociedad. Proteger la vida incondicionalmente como el primero de los derechos, sostener la dignidad inherente proclamada por el Papa, abrevar en las raíces cristianas que forjaron nuestros valores, respetar la libertad de conciencia y articular una igualdad arraigada en la justicia son las coordenadas indispensables para orientar nuestro rumbo común. Solo sobre estos cimientos será posible edificar una comunidad pacífica, libre y solidaria.

Francisco José Alonso Rodríguez. – Politólogo. – Sociólogo- Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos.- Premio a las Libertades “Rafael del Riego” Medalla Internacional DD.HH

Marlaska de la firmeza Togada a la Inconsciencia Política

Existe un fenómeno recurrente en la política contemporánea donde las palabras pronunciadas desde un estrado judicial terminan sepultadas bajo el peso de los moquetes ministeriales. El caso de Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior de España, es quizás una de las muestras más categóricas de esta metamorfosis doctrinal. La brecha entre la interpretación de la legalidad que sostuvo como magistrado y el discurso que hoy articula desde la gestión pública pone de relieve las paradojas de la diplomacia fronteriza y la seguridad en el norte de África.
Para entender el contraste actual, resulta imprescindible hacer memoria. En el año 2014, cuando presidía la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska rubricó un auto judicial de enorme calado internacional. En aquella resolución (el Auto 40/2014), la Sala dejó negro sobre blanco que Marruecos carecía de soberanía sobre el Sahara Occidental. El fallo recordaba que los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975 no transfirieron la soberanía de la excolonia y que España continuaba siendo, a efectos del derecho internacional, la potencia administradora de jure.

El texto judicial era tajante: Marruecos ocupaba un territorio no autónomo sin título legal para ello. Las competencias administrativas o sancionadoras ejercidas por la administración marroquí en la zona carecían de respaldo de derecho internacional, en un contexto marcado por querellas presentadas por delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos contra la población saharaui. Aquella era la voz de la justicia aplicando la doctrina de las Naciones Unidas sin cortapisas ideológica.

Alejandro Martínez Vélez / Europa Press – 23 SEPTIEMBRE 2024

Años después, la realidad del ministro del Interior dista sustancialmente de la perspectiva del juez. La gestión de la seguridad en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ha situado a la administración española en una constante cuerda floja. Las crisis migratorias vividas en el enclave ceutí —marcadas por entradas masivas de miles de personas en episodios de alta tensión fronteriza— han generado un clima de honda preocupación entre la población local.
Desde amplios sectores de la ciudadanía ceutí se denuncia un deterioro insostenible de la convivencia: la presencia inasumible de miles de personas en situación irregular en una ciudad de reducidas dimensiones geográficas, la ocupación de espacios públicos, el repunte del vandalismo y una sensación latente de desprotección urbana. En este escenario, la inquietud vecinal no responde únicamente a la convivencia diaria, sino también a la amenaza implícita de nuevas oleadas de presión migratoria instrumentalizadas desde el país vecino, combinadas con la reiterada pretensión irredentista de sectores políticos marroquíes que siguen reclamando la soberanía sobre las dos ciudades españolas.
Frente a esta coyuntura, la respuesta institucional ha tendido con frecuencia a matizar las denuncias ciudadanas, encuadrando la inquietud social en una percepción de «sensación de inseguridad subjetiva» más que en una crisis de orden público. Una terminología que para muchos habitantes de la ciudad resulta insuficiente frente a la dureza de los hechos cotidianos.

El contraste entre la contundencia judicial de 2014 y la retórica ministerial del presente expone una evidente falta de coherencia. Si frente a la causa saharaui se invocaba el derecho internacional para remarcar la falta de titularidad del Reino de Marruecos sobre el territorio y denunciar la vulneración sistemática de derechos fundamentales, la diplomacia actual parece dispuesta a contemporizar con los mismos actores que tensionan los límites fronterizos de Ceuta.
Calificar el desasosiego de una población bajo presión fronteriza como una mera percepción «subjetiva» minimiza el problema. De la misma manera que los saharauis sufren en el desierto la falta de amparo internacional bajo una administración de facto que no les pertenece, los ciudadanos de Ceuta perciben cómo la geopolítica condiciona su tranquilidad ciudadana. La firmeza que el hoy ministro exhibía cuando vestía la toga para recordar que Marruecos no ostentaba soberanía legítima parece haberse diluido en el pragmatismo del Consejo de Ministros.

La seguridad de las fronteras no puede gestionarse a golpe de eufemismos. Ceuta y Melilla demandan una política estatal firme, que combine el respeto irrestricto a los derechos humanos con una defensa sin titubeos del orden público y la soberanía nacional, recordando que la legalidad internacional no es un traje a la medida que se pueda vestir o desvestir según se ocupe un despacho en la Audiencia Nacional o un sillón en el Ministerio del Interior.
“La dignidad y el honor verdaderos provienen de la conducta, los valores y la integridad de cada individuo, y no del título, puesto o jerarquía que se ostente”.


Francisco José Alonso Rodríguerz. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”.

Ceuta en el Abismo: el Abandono del Gobierno alimenta el Colapso y el Fantasma de la Okupación

El Distrito, 21 de Septiembre de 2026

El Día de Zamora, 21 de Septiembre de 2026

La gestión de la crisis migratoria e institucional en Ceuta por parte del Gobierno de España se ha consolidado como uno de los episodios más oscuros y preocupantes de la diplomacia y la seguridad nacional reciente. Mientras los acontecimientos sobre el terreno evidencian una gravedad extrema, la respuesta institucional ha estado marcada por la inacción, la falta de previsión y un abandono flagrante de las responsabilidades más elementales del Estado hacia una de sus fronteras más vulnerables.
La realidad que se vive en las calles ceutíes refleja la incapacidad manifiesta del Ejecutivo para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de la población local. Ningún esfuerzo de desalojo en la ciudad está dando frutos ni se nota en el día a día. Se trata de un círculo vicioso sin fin: las fuerzas de seguridad intervienen en un punto, despejan la zona y, en cuestión de horas, el espacio vuelve a ser ocupado. Los ceutíes no pueden ni deben resignarse a vivir sumidos en una excepcionalidad permanente como si esta situación de caos fuera la norma. Sin embargo, la falta de respuesta del Gobierno nacional para perseguir y penar con firmeza los delitos de quienes entran de manera irregular abre un escenario aún más alarmante. Ceuta corre hoy el peligro inminente de que comiencen las okupaciones masivas de viviendas frente a un Estado impasible. Mientras la delincuencia e impunidad avanzan, la única energía que demuestra el Ejecutivo se centra en descalificar a los ceutís, atacar a su Gobierno autonómico y desprestigiar sin descansos a la oposición.
El traslado de personas desde las playas hacia el campamento temporal del muelle de Poniente puso de manifiesto desde el primer minuto una previsión nula y una absoluta desconexión de la realidad. Con una capacidad declarada para apenas 1.800 personas, la infraestructura colapsó de inmediato. El resultado previsible y desastroso fue el regreso masivo de miles de migrantes a las playas de las que acababan de ser retirados al quedarse fuera del recinto. Sin plazas suficientes, la masa regresó a los mismos puntos para reincidir en la formación de asentamientos improvisados, provocando altercados, tensiones constantes y un ambiente insostenible.


Frente a esta perturbación sin precedentes, el exministro de Defensa y diversas voces de la política nacional han alzado la voz para denunciar la inoperancia oficial. El Ejecutivo no ha querido declarar el estado de excepción ni articular las herramientas legales excepcionales necesarias para abordar una crisis que amenaza la integridad territorial. Las críticas son contundentes: el Ejecutivo «miente descarada y permanentemente» a la opinión pública sobre la verdadera dimensión del problema. No

se puede dejar de reaccionar ante la imagen desgarradora e impotente del regreso de miles de migrantes a las zonas de costa tras fracasar el sistema de acogida.
La situación que atraviesa la ciudad autónoma es «absolutamente anormal». Resulta incomprensible que, ante lo que desde el primer momento fue catalogado por diversos sectores e incluso sugerido por el propio Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una autentica invasión del territorio, no se haya articulado un despliegue proporcional. Una agresión de tal calibre a la soberanía nacional debería contar con la respuesta directa, coordinada y firme de las Fuerzas Armadas.
En este contexto de paralización, no existe confianza alguna en la utilidad del campamento improvisado en el puerto. «En el puerto no van a solucionar nada», señalan voces expertas al advertir que instalar carpas en los muelles no ataca la raíz del problema ni ofrece una salida real. Esta infraestructura provisional es solo una cortina de humo para ocultar que el Gobierno «no quiere reintegrarlos» a sus países de origen. Ha transcurrido cerca de dos meses desde el estallido del conflicto —tiempo más que suficiente para haber activado los expedientes de expulsión y las devoluciones en caliente o tramitadas— sin que se haya movido una sola ficha diplomática eficaz. La gestión de la crisis por parte de Madrid no es más que un «desistimiento» deliberado de sus funciones constitucionales.
El análisis de la situación en la ciudad autónoma deja una certidumbre amarga: el Estado no está presente en Ceuta; se ha inhibido por completo del asunto. Por ello, se hace indispensable reclamar con urgencia la aplicación de un estado de excepción que permita restablecer el orden de forma inmediata. Se debe actuar en sintonía con las alertas lanzadas por expresidentes y exministros: la imagen internacional de España se desploma a pasos agigantados. En el exterior ya no nos consideran un país donde la ley se respeta ni donde los delitos se castigan con firmeza. La debilidad mostrada en la frontera sur ha desgastado el crédito diplomático de la nación. Ante la magnitud de la presión geopolítica ejercida sobre las fronteras comunitarias, España debería haber solicitado formalmente la presencia y la actuación coordinada con la OTAN, garantizando la inviolabilidad de las fronteras europeas.
Este caótico panorama ha dejado a la ciudadanía ceutí atemorizada y totalmente coartada en sus derechos y libertades fundamentales. Sentirse desprotegido dentro del propio territorio nacional es la consecuencia directa de un Gobierno que prefiere el cálculo político a la defensa de sus ciudadanos. A la falta de medidas contundentes se suma un discurso oficial que relativiza el estatus de Ceuta y Melilla, una actitud que roza la traición a la legalidad constitucional.

El balance de esta crisis deja una conclusión categórica: Ceuta ha sufrido no solo la presión migratoria orquestada desde el exterior, sino el abandono consciente de su propio Gobierno. Restablecer el principio de autoridad, aplicar las leyes de extranjería con rigurosidad, perseguir con contundencia la okupación y el delito, y defender sin ambigüedades la españolidad de Ceuta no son opciones ideológicas; son deberes irrenunciables para cualquier Ejecutivo que pretenda mantener la dignidad y la soberanía de su nación.


Francisco José Alonso Rodríguez. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD.HH. “Un Comunero-Empecinado”.

J. Ignacio Moratinos Delgado «El Empecinado».- Coordinador de la Liga Española Pro Derechos Humanos-Federación Internacional Proderechos Humanos-España en Castilla y León.- Diploma de los DD.HH. .- Medalla del Empecinado

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