27
DE ENERO DE 2020
RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE EL USO DEL LLAMADO
‘PIN PARENTAL’
“Este veto parental es una censura para la educación de los
menores en derechos humanos”
El Gobierno de Murcia, presidido por el
Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y VOX, el pasado septiembre fue el
primer ejecutivo autonómico en aprobar el llamado ‘pin parental’, que consiste
en un veto para los menores en los centro educativos, que podrían perder
actividades complementarias sobre materias tan variadas e importantes como
igualdad, violencia de género o discriminación, solo si los progenitores no
autorizan expresamente a que acudan.
Hasta ahora,
estas actividades han sido impartidas durante la jornada escolar y programadas
por los colegios, evaluables y de obligada asistencia, precisamente
porque proporcionan a los menores herramientas afectivo-sexuales, son
promotoras de derechos humanos y potencian los valores como la igualdad, respeto
y tolerancia.
Desde VOX se
pretende que esta medida se aplique sobre «cualquier materia, charla,
taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o
sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la
intimidad». Dichos fundamentos carecen de base, convirtiendo este veto en
una suerte de censura para la educación de los menores en derechos humanos.
Con dichas actividades no existe intromisión alguna sobre los menores,
muy al contrario, su aplicación es una vulneración constitucional del derecho a
la educación, que fundamenta que se eduque a los menores en derechos
humanos, y en entender cuestiones tan importantes como el acoso escolar, la
violencia de género, la identidad de género, el feminismo, la discriminación o
la diversidad LGTBI.
El artículo
27.2 de la Constitución Española, establece que «la educación tendrá
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales«. Así mismo, la Ley de Educación, en su artículo
primero, afirma que se debe formar a los menores en «valores que
fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención
de la violencia de género«.
Por tanto, el
derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones, previsto en el apartado
tercero del mismo artículo 27, no es absoluto, sino que dicha formación tiene
que ser, en todo caso, respetuosa con los derechos y libertades fundamentales
contemplados en el apartado 2 del mismo precepto constitucional.
Además, este veto
afecta a otros derechos fundamentales como a la libertad de cátedra (art. 20
CE), y a normas como la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Memorándum de la CE contra
el Racismo y la Intolerancia.
Por tanto,
si llegase a aplicarse el sistema educativo se tambalearía con la aplicación de
este veto parental, que podría suponer una objeción de conciencia no amparada
legalmente, la instrumentalización de los menores y de la educación que se
imparte en las aulas, sacando de las mismas toda materia que suponga formación
en derechos humanos.
Otras
organizaciones alertan del peligro que ello conllevaría, como por ejemplo Amnistía
Internacional que ha expresado su angustia por la medida, indicando que es
tan absurdo que “incluso conllevaría que no pudiese enseñarse a los niños la
teoría de la evolución de Darwin”. Además, las actividades que pretende
vetar el ‘pin parental’ solo han sido denunciadas en Cataluña, La Rioja y Madrid en número anecdótico, y que fundamentan que la
medida es totalmente innecesaria. Ninguna queja o denuncia se ha producido en
Murcia.
No obstante,
el gobierno central ya ha dado un ultimátum al de Murcia, concediéndole un
mes para que retiren este veto parental, advirtiéndoles que si no lo hacen
tendrán que acudir a los tribunales para que se declare la inconstitucionalidad
de la medida. La ultraderecha de VOX pide que se implemente el ‘pin parental’
de lo contrario dejará de apoyar el gobierno del PP en Murcia, por lo que no
tendría apoyos para conseguir aprobar los presupuestos generales. Dicha censura
es una herramienta política que no pretende proteger a los menores, sino que
amparándose en la justificación de proteger la libertad de los padres se
lesiona la libertad de los hijos a ser formados en una formación integral
basada en derechos humanos y valores constitucionales. El
propio Papa Francisco ha dicho que los padres «no son dueños de sus hijos,
sino que son custodios».
Rechazamos
la medida acordada desde el Gobierno de Murcia, y su posible implementación en
otras Comunidades Autónomas, ya que puede hacer que los niños, niñas y
adolescentes de este país no puedan desarrollarse en valores de igualdad,
respeto y tolerancia, haciendo que los adultos del mañana tengan menos
información y herramientas para reconocer la necesidad de medidas contra la
discriminación, el acoso, el reconocimiento de la diversidad afectiva y sexual
o el pluralismo. En definitiva, supondría limitar los derechos y libertad
de nuestros menores y restringir las oportunidades que ofrecen los estados
democráticos.