Ecos de Villalar, por Fco. José Alonso Rodríguez, 26 de Agosto de 2025.
En un mundo donde los crímenes más inhumanos —como el genocidio, la tortura y crímenes de guerra, la hambruna como arma de guerra, trascienden las fronteras, el derecho internacional ha creado una herramienta poderosa y necesaria: la jurisdicción universal.
Se le conoce como un principio que permite a cualquier Estado juzgar a quienes cometen estos delitos, sin importar dónde ocurrieron, quiénes son o de dónde vienen. No se trata de una invención moderna, sino de un legado nacido tras la Segunda Guerra Mundial en los tribunales de Núremberg, fue la primera que vez líderes nazis que se consideraban intocables, casi suprahumanos, fueron llevados ante la justicia por crímenes contra la humanidad. Hoy, casi ochenta años después, ese legado sigue vivo, pero con nuevos rostros, nuevas víctimas y nuevos desafíos, pero con las mismas causas de impunidad.
La Corte Penal Internacional (CPI) fue instituida en 1998 como luz de justicia global, concebida como un tribunal de complementariedad, interviene solo cuando los Estados no están dispuestos o no pueden juzgar, su capacidad de acción es constantemente obstaculizada. La Corte Penal Internacional, carece de fuerzas policiales propias y, en demasiadas ocasiones, sus órdenes de arresto quedan en papel mojado. Basta con ver los casos de Benjamín Netanyahu y Vladimir Putin, contra quien la CPI tiene orden de arresto, así como contra otros dirigentes y los Estados “cierran los ojos”. Lo mismo ocurrió con el sudanés Omar al-Bashir, acusado de genocidio en Darfur.
Estos fracasos no son meras concurrencias. Revelan una cruel realidad: cuando el poder político se interpone, la justicia internacional colisiona. Es en este vacío que la jurisdicción universal ha comenzado a cobrar protagonismo. No como un sustituto de la CPI, sino como su complemento indispensable. Donde el Estado falla, donde la CPI se paraliza, donde las inmunidades protegen a los culpables, otros tribunales están asumiendo la tarea.
La orden de detención contra Nicolás Maduro y otros altos dirigentes del régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la represión política sistemática. impulsada por organizaciones de derechos humanos y víctimas, se basa en informes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, así como en evidencia recopilada por la propia Corte Penal Internacional, la política exterior de actores clave como Estados Unidos, que mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro. Aquí se ve cómo la justicia, la diplomacia y las sanciones pueden caminar juntas, siempre que haya interés político y jurídico. Si falta uno, la impunidad vuelve a reinar. En el caso de Nicolás Maduro, no hay confrontación diplomático-judicial, porque no existe inmunidad ya que Argentina y Estados Unidos no le reconocen como presidente de Venezuela, al contrario, le señalan como ser la cabeza de organización terrorista y de capo de la mafia como líder del cartel de los Soles que introduce dora en EE.UU. que tiene abierta una investigación formal. le tiene preocupado, hasta su amigo y testaferro (según cuentan) Rodriguez Zapatero por si es considerado en algún momento como encubridor según asevera la oposición venezolana. Rodríguez Zapatero como José Bono están denunciados ante la CIA como INTERPOL por la Exfiscal General de Venezuela Luisa Ortega (hoy residente en España), por la venta de cuatro buques para el Ejercito venezolano en la época de Chaves, dotados con tecnología de EE. UU estando prohibido por el Gobierno de EE.UU. La venta se realizo en Caracas con la firma de José Bono y Juan Pérez Gomez entonces presidente de Navantia, según asegura la Exfiscala General de Venezuela con un sobreprecio que le reporto a Rodríguez Zapatero y José Bono una comisión de 30 millones de euros.
Se ha afianzado la idea de que ciertos delitos son tan graves que afectan a toda la humanidad. Son normas ius cogens, (tienen fuerza necesaria para no ser derrotada) imperativas, que no admiten excepciones. Y aquí es donde surge una de las grandes inflexibilidades: entre la ética del juez y la pragmática del diplomático.
Para un juez, un homicidio es un delito imperdonable. El arrepentimiento o la indemnización a las víctimas no eximen de la cárcel. Para un Gobierno, a veces es más conveniente presentar al victimario como un ejemplo de cambio, un gesto de reconciliación, aunque eso signifique impunidad o amnistía. Esta verdadera confrontación —entre quienes ejecutan la justicia y quienes manejan el poder— explica por qué figuras como Omar al-Bashir , Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu siguen libres, no por falta de pruebas, sino por falta de voluntad política.
Recordemos el caso de Augusto Pinochet, detenido en Londres en 1998 por órdenes de un juzgado español, marcó un antes y un después. Expuso que un expresidente puede ser juzgado en un país extranjero y que la inmunidad no era intocable. Quedando libre por razones médicas, su detención abrió una brecha que ya no se puede cerrar.
El reto actual es equiparar justicia y política, garantizando que la jurisdicción universal no sea instrumentalizada por favores políticos. Los Estados que la ejerciten deben asegurar procedimientos transparentes, respetar el proceso. Donde el Estado falla, donde las inmunidades y amnistías protegen a los culpables, otros tribunales deben asumir la tarea. No es desobediencia es el destino implacable de la justicia. Los crímenes inhumanos no pueden quedarán sin castigo.
Politólogo. – Sociólogo. – Presidente del Centro de Estudios Ateneos – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España.
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