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8 M la fuerza Transformadora de la Igualdad

El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 08 de Marzo de 2026.

Los derechos de las mujeres se han ido ganando lentamente, fruto de luchas sostenidas frente a una sociedad históricamente estructurada sobre una división rígida de roles: los femeninos, ligados al hogar y la maternidad; los masculinos, asociados a la provisión económica, la política, el ámbito laboral o religioso. Cuando las mujeres participaron en el mundo laboral, sus tareas fueron consideradas secundarias. Los médicos, por ejemplo, eran generalmente varones; las mujeres, enfermeras. En el ámbito religioso ocurre algo similar, aún hoy en día, los sacerdotes católicos son hombres, mientras que las mujeres que desempeñan labores eclesiales lo hacen como monjas o servidoras, en posiciones subordinadas.

El Feminismo es el movimiento social que, según la Real Academia Española, promueve la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, de acuerdo con la ONU, es la lucha por la equidad de género y sostiene que ningún ser humano puede ser privado de sus derechos en virtud de su sexo. Más allá de estas definiciones institucionales, el Feminismo representa una toma de conciencia frente a estructuras sociales profundamente androcéntricas que han favorecido la desigualdad.

Sus orígenes modernos se remontan a finales del siglo XVIII, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en la Francia revolucionaria. Desde entonces, ha evolucionado en sus postulados filosóficos, políticos y económicos, ha mantenido el propósito constante de procurar la igualdad a todos los niveles: salarial, jurídico, laboral, promueve la autonomía personal y brinda protección frente al machismo derivado de sociedades estructuradas sobre la supremacía masculina.

El derecho al sufragio femenino fue una de sus banderas más significativas del Feminismo a nivel mundial. En España, liderado por Clara Campoamor, se ejerció por primera vez en las elecciones de 1933. Este derecho se perdería con la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, y no se recuperaría plenamente hasta 1977, durante la transición democrática. Desde entonces, son muchos los campos en los que la mujer ha irrumpido aportando capacidad, esfuerzo y talento, realizando una contribución decisiva al desarrollo social en todos los ámbitos.

La igualdad de derechos de las mujeres no es hoy una aspiración abstracta ni una consigna ideológica. Está respaldada por instrumentos jurídicos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), asumida por la ONU en 1979, obliga a los a Estados miembros a garantizar la igualdad sustantiva en la vida política, económica, social y familiar, superando estereotipos culturales y barreras estructurales. La existencia de estos marcos normativos demuestra que la igualdad no es una moda cultural, sino un compromiso democrático y jurídico asumido por la comunidad internacional.

Como defensor de los Derechos Humanos, no puedo entender el Feminismo como una reivindicación sectorial, o como una disputa cultural entre hombres y mujeres. Se trata de una cuestión de justicia democrática. Cuando una sociedad limita las oportunidades de la mitad de su población o relativiza la violencia que la afecta, no estamos ante un debate ideológico, sino ante una vulneración de derechos fundamentales.

Sin embargo, estamos lejos de alcanzar una igualdad real en lo laboral, lo salarial y en la protección frente a la violencia. La desigualdad continúa siendo notoria. Basta recordar lo ocurrido recientemente en la gala de los Premios Goya, donde Alauda Ruiz de Azúa se convirtió en apenas la cuarta mujer en recibir el premio a mejor dirección en cuatro décadas de historia del galardón. La directora lo expresó con claridad en su discurso: “El talento no conoce de géneros, las oportunidades

sí”. La frase resume una realidad persistente: el acceso a los espacios de reconocimiento y poder sigue marcado por brechas estructurales.

Al Feminismo se oponen diversas ideologías que niegan o minimizan la violencia machista y cuestionan las políticas de igualdad. Algunas de estas corrientes apelan a una nostálgica idealización del pasado y encuentran en las redes sociales un terreno fértil de difusión. Allí ha cobrado fuerza el fenómeno de las tradwives (abreviatura de traditional wives), influencers que promueven un modelo de feminidad inspirado en los años cincuenta: mujeres dedicadas exclusivamente al hogar, estéticamente impecables, rodeadas de hijos encantadores y alejadas del mundo laboral. Este imaginario doméstico, presentado como una elección libre y sofisticada, omite deliberadamente el contexto histórico de dependencia económica, limitación jurídica y subordinación estructural que caracterizó ese periodo.

Conviene recordar que esa representación no agota, ni ha agotado nunca, las múltiples formas de ser mujer en Occidente. La feminidad no es un molde único ni una escenografía doméstica cuidadosamente curada para las redes sociales. Es también la mujer profesional que dirige una empresa, la científica que investiga, la artista que crea, la académica que enseña, la madre que combina crianza y trabajo, la mujer que decide no ser madre, la que elige el ámbito público, la que opta por el privado o la que transita ambos. La historia reciente de las democracias occidentales muestra precisamente esa pluralidad: la ampliación de opciones vitales como signo de libertad, no la reducción a un único ideal estético o funcional.

El Feminismo no compite con la feminidad. La maternidad no está desligada del desarrollo personal ni de la participación activa en la vida pública. Miles de mujeres insertadas en el mundo laboral actual lo demuestran cada día. Lo que el Feminismo cuestiona no es la elección individual de un proyecto de vida, sino la imposición social de un único modelo válido.

A esas corrientes ideológicas debería quedarles claro que los derechos largamente luchados y difícilmente conquistados no pueden retroceder ante ideología extremistas o ideales románticos del pasado, enmarcadas en narrativas edulcoradas que desconocen la historia. Los derechos no son tendencias culturales reversibles: son garantías democráticas.

Defender los derechos de las mujeres no es una concesión ni un gesto de simpatía: es una obligación ética y jurídica en cualquier democracia que se pretenda coherente

Politólogo.-Sociólogo. «El IV Comunero»- Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos.- Centro de Estudios Ateneos

Eliminemos la Violencia contra las Mujeres

El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 25 de Noviembre de 2025.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, en el año 2000, el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Su objetivo es sensibilizar a toda la sociedad respeto a la violencia que sufren las mujeres como manifestación de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, y fomentar la toma de conciencia sobre la gravedad de este delito en todo el mundo.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Liga Española Pro Derechos Humanos y la Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España, manifiestan su más absoluto rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, una violencia estructural que es la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Pedimos y trabajamos por una sociedad más igualitaria, libre de violencia machista.

La violencia contra las mujeres y las niñas vulneran el derecho fundamental a la vida, a la libertad como atenta contra los Derechos Humanos.

La Liga Española Pro Derechos Humanos y la Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España, trabaja con la determinación de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, con especial énfasis en las más vulnerables que enfrentan múltiple e interseccional, como por ejemplo mujeres inmigrantes o refugiadas, mujeres con discapacidad, mujeres con problemas de adicciones o mujeres en situación de pobreza.

España es un referente internacional en la lucha para erradicar la violencia de género en cualquiera de sus formas, fruto de la intensa labor realizada en los últimos 23 años.

La senda de avance no puede ser otra que de perseverar en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el primer informe de evolución de la aplicación por parte de España del Convenio de Estambul realizado por el Grupo de Expertos en la Lucha contra la violencia contra la Mujer y la Violencia Domestica (GREVIO), del Consejo de Europa, del 25 de noviembre de 2020. En 2024 se ha celebrado la según ronda de evaluación y, cuatro años después de ese primer informe, el GREVIO ha valorado positivamente los avances producidos en España en lo que respeta a la ampliación de los recursos para atender a todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas.

El Estado debe asumir, el compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. Representa una obligación de las instituciones para garantizarlos y hacerlos efectivos en el marco de un Estado social y democrático, conforme a lo que establece nuestra Constitución y la Declaración de Derechos Humanos.

Para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas es necesario promover cambios profundos desde el punto de vista social y cultural, para detectar y eliminar toda práctica que suponga una opresión hacía las mujeres y las niñas y erradicar los roles y estereotipos patriarcales que obstaculizan el ejercicio efectivo de derechos y libertades en condiciones de igualdad. Basándose en una educación integral que fomente el respeto mutuo y la valoración de igualdad.

La vergüenza no puede seguir estando del lado de quienes sufren la violencia, pues la responsabilidad es exclusivamente de los que agreden, acosan y humillan, y de quienes miran hacía otro lado, perpetuando el pacto de silencia que ampara estas conductas.

Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos y Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España

Día Internacional de las Personas Mayores

El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 021 de Octubre de 2025.

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la resolución 45/106, designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad.

Desde 1990 las Naciones Unidas, celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. Esta conmemoración tiene como objetivo concienciar a la población sobre la importante contribución de las personas mayores a la sociedad y sobre los retos colectivos que plantea el envejecimiento. Envejecimiento de la población es un fenómeno universal. Prácticamente todos los países del mundo están experimentando un crecimiento de personas mayores en la población.

El objetivo de Naciones Unidas al proclamar el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas Mayores, es que se reflexione sobre los retos sociales y políticos derivados del envejecimiento demográfico y para reivindicar una vejez digna y segura.

En la actualidad, casi 1.200 millones de personas son mayores de 60 años, y para el 2050, se prevé que este grupo de edad alcanzará los 2.200 millones de personas, con lo que nos acercaremos al 23% de la población mundial. Ante esta perspectiva, es evidente que tenemos que prestar atención a las necesidades particulares de las personas mayores de cara a mejorar la calidad de vida.

Tenemos que recalcar el papel transformador que desempeñan las personas mayores en la construcción de sociedades resilientes y equitativas. Lejos de ser beneficiarios pasivos, son impulsoras del progreso y aportan sus conocimientos y experiencia en ámbitos como la equidad en la salud, el bienestar económico, la resiliencia de las comunidades y la defensa de los derechos humanos.

La evolución demográfica hace que la acción sea más urgente que nunca. Las personas de edad Promueven una sociedad para todas las edades mediante la adopción de medidas en materia de desarrollo, salud y entornos favorables. El tema de 2025 refleja de forma directa estos principios al reconocer a las personas de edad como impulsoras del progreso son un segmento de la sociedad en rápido crecimiento, especialmente en los países en desarrollo. Las políticas que empoderan a este grupo de edad, garantizan el acceso equitativo a la atención sanitaria y la protección social y eliminan la discriminación son esenciales para el desarrollo sostenible en un mundo que envejece. Al amplificar las voces de las personas de edad y reconocer sus contribuciones, el Día Internacional de 2025 sirve de plataforma para que las personas de edad expresen sus aspiraciones, defiendan sus derechos y reclamen políticas que garanticen su dignidad y bienestar.


En 2080, las personas mayores de 65 años superarán en número a los menores de 18 años. La esperanza de vida mundial ha alcanzado los 73,5 años en 2025, lo que supone un aumento de 8,6 años desde 1995. El número de personas de 80 años o más aumenta aún más rápidamente y se prevé que supere el número de bebés a mediados de la década de 2030 y alcance los 265 millones.

A medida que población envejece, ha aumentado la demanda de asistencia sanitaria y asistencia social, especialmente para las personas con enfermedades como la demencia, una de las principales causas de dependencia y discapacidad en las personas mayores. La atención especializada es ahora indispensable para satisfacer estas necesidades crecientes.

Una vida más larga trae consigo oportunidades, no solo para las personas mayores y sus familias, sino también para la sociedad en su conjunto. Los años adicionales brindan la oportunidad de realizar nuevas actividades, como la educación superior, una nueva vía profesional o la búsqueda de una pasión largamente olvidada. Las personas mayores también contribuyen de muchas formas a sus familias y comunidades. Sin embargo, el alcance de estas oportunidades y contribuciones depende en gran medida de un factor: la salud.

El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más importantes del siglo XXI, con implicaciones para casi todos los sectores de la sociedad, incluidos los mercados laborales y financieros, la demanda de bienes y servicios, como la vivienda, el transporte y la protección social, así como estructuras familiares y lazos intergeneracionales.

Los Días Internacionales nos dan la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. Al mismo tiempo, pretenden llamar la atención de los medios de comunicación y los Gobiernos para dar a conocer problemas sin resolver que precisan la puesta en marcha de medidas políticas concretas. El lema de este año es “Por una sociedad libre de edadismo”.

Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos.

JUSTICIA UNIVERSAL

El Día de Zamora

Ecos de Villalar, por Fco. José Alonso Rodríguez, 26 de Agosto de 2025.

En un mundo donde los crímenes más inhumanos —como el genocidio, la tortura y crímenes de guerra, la hambruna como arma de guerra, trascienden las fronteras, el derecho internacional ha creado una herramienta poderosa y necesaria: la jurisdicción universal.


Se le conoce como un principio que permite a cualquier Estado juzgar a quienes cometen estos delitos, sin importar dónde ocurrieron, quiénes son o de dónde vienen. No se trata de una invención moderna, sino de un legado nacido tras la Segunda Guerra Mundial en los tribunales de Núremberg, fue la primera que vez líderes nazis que se consideraban intocables, casi suprahumanos, fueron llevados ante la justicia por crímenes contra la humanidad. Hoy, casi ochenta años después, ese legado sigue vivo, pero con nuevos rostros, nuevas víctimas y nuevos desafíos, pero con las mismas causas de impunidad.


La Corte Penal Internacional (CPI) fue instituida en 1998 como luz de justicia global, concebida como un tribunal de complementariedad, interviene solo cuando los Estados no están dispuestos o no pueden juzgar, su capacidad de acción es constantemente obstaculizada. La Corte Penal Internacional, carece de fuerzas policiales propias y, en demasiadas ocasiones, sus órdenes de arresto quedan en papel mojado. Basta con ver los casos de Benjamín Netanyahu y Vladimir Putin, contra quien la CPI tiene orden de arresto, así como contra otros dirigentes y los Estados “cierran los ojos”. Lo mismo ocurrió con el sudanés Omar al-Bashir, acusado de genocidio en Darfur.
Estos fracasos no son meras concurrencias. Revelan una cruel realidad: cuando el poder político se interpone, la justicia internacional colisiona. Es en este vacío que la jurisdicción universal ha comenzado a cobrar protagonismo. No como un sustituto de la CPI, sino como su complemento indispensable. Donde el Estado falla, donde la CPI se paraliza, donde las inmunidades protegen a los culpables, otros tribunales están asumiendo la tarea.


La orden de detención contra Nicolás Maduro y otros altos dirigentes del régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la represión política sistemática. impulsada por organizaciones de derechos humanos y víctimas, se basa en informes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, así como en evidencia recopilada por la propia Corte Penal Internacional, la política exterior de actores clave como Estados Unidos, que mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro. Aquí se ve cómo la justicia, la diplomacia y las sanciones pueden caminar juntas, siempre que haya interés político y jurídico. Si falta uno, la impunidad vuelve a reinar. En el caso de Nicolás Maduro, no hay confrontación diplomático-judicial, porque no existe inmunidad ya que Argentina y Estados Unidos no le reconocen como presidente de Venezuela, al contrario, le señalan como ser la cabeza de organización terrorista y de capo de la mafia como líder del cartel de los Soles que introduce dora en EE.UU. que tiene abierta una investigación formal. le tiene preocupado, hasta su amigo y testaferro (según cuentan) Rodriguez Zapatero por si es considerado en algún momento como encubridor según asevera la oposición venezolana. Rodríguez Zapatero como José Bono están denunciados ante la CIA como INTERPOL por la Exfiscal General de Venezuela Luisa Ortega (hoy residente en España), por la venta de cuatro buques para el Ejercito venezolano en la época de Chaves, dotados con tecnología de EE. UU estando prohibido por el Gobierno de EE.UU. La venta se realizo en Caracas con la firma de José Bono y Juan Pérez Gomez entonces presidente de Navantia, según asegura la Exfiscala General de Venezuela con un sobreprecio que le reporto a Rodríguez Zapatero y José Bono una comisión de 30 millones de euros.


Se ha afianzado la idea de que ciertos delitos son tan graves que afectan a toda la humanidad. Son normas ius cogens, (tienen fuerza necesaria para no ser derrotada) imperativas, que no admiten excepciones. Y aquí es donde surge una de las grandes inflexibilidades: entre la ética del juez y la pragmática del diplomático.
Para un juez, un homicidio es un delito imperdonable. El arrepentimiento o la indemnización a las víctimas no eximen de la cárcel. Para un Gobierno, a veces es más conveniente presentar al victimario como un ejemplo de cambio, un gesto de reconciliación, aunque eso signifique impunidad o amnistía. Esta verdadera confrontación —entre quienes ejecutan la justicia y quienes manejan el poder— explica por qué figuras como Omar al-Bashir , Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu siguen libres, no por falta de pruebas, sino por falta de voluntad política.


Recordemos el caso de Augusto Pinochet, detenido en Londres en 1998 por órdenes de un juzgado español, marcó un antes y un después. Expuso que un expresidente puede ser juzgado en un país extranjero y que la inmunidad no era intocable. Quedando libre por razones médicas, su detención abrió una brecha que ya no se puede cerrar.
El reto actual es equiparar justicia y política, garantizando que la jurisdicción universal no sea instrumentalizada por favores políticos. Los Estados que la ejerciten deben asegurar procedimientos transparentes, respetar el proceso. Donde el Estado falla, donde las inmunidades y amnistías protegen a los culpables, otros tribunales deben asumir la tarea. No es desobediencia es el destino implacable de la justicia. Los crímenes inhumanos no pueden quedarán sin castigo.


Politólogo. – Sociólogo. – Presidente del Centro de Estudios Ateneos – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España.

60 años después de su inscripción en la lista de territorios no autónomos, el Sáhara Occidental sigue bajo ocupación militar ilegal.

El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 02 Octubre 2023.

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