El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 24 de Agosto de 2026.

La reciente crisis migratoria desatada en Ceuta tras las entradas masivas ha vuelto a dejar al descubierto la estrategia de comunicación opaca y deliberadamente engañosa del Gobierno de España. Lejos de ofrecer un plan riguroso, firme y coordinado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por escenificar un ejercicio de funambulismo político donde se promete una cosa a la opinión pública mientras, por la espalda, se ejecutan planes radicalmente opuestos. La gestión de los menores extranjeros no acompañados se ha convertido en el enésimo escenario de una política de hechos consumados que esconde un profundo déficit de transparencia institucional.

Por un lado, los pesos pesados del Consejo de Ministros han desplegado una narrativa oficial orientada a calmar la indignación social y dar una falsa sensación de control diplomático. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aseveró con tajante rotundidad que la prioridad absoluta era lograr que «todos y cada uno de los menores» regresaran con sus familias a Marruecos. En una línea similar, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apoyaba públicamente el retorno de quienes ingresaron ilegalmente, condicionándolo de forma vaga a los preceptivos trámites judiciales. Este mensaje buscaba proyectar una imagen de firmeza fronteriza y de colaboración fructífera con el reino alauita.

Sin embargo, la cruda realidad desmonta el relato oficial. Mientras se prometía a los ciudadanos la devolución de los menores a su país de origen, el Ministerio de Juventud e Infancia —dirigido por Sira Rego— trabajaba a marchas forzadas en un plan para trasladar de forma urgente a 500 niñas inmigrantes desde Ceuta hacia la península. Para consumar este traslado sin enfrentarse a la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por la oposición (PP y Vox), el Gobierno ha diseñado un retorcido atajo jurídico: mantener la tutela administrativa en la Ciudad Autónoma de Ceuta mientras se delega la guarda física a organizaciones privadas de protección infantil en territorio peninsular.

Con esta triquiñuela legal, el Ejecutivo ningunea las competencias autonómicas y el debate parlamentario, imponiendo un reparto encubierto mientras sigue vendiendo a la opinión pública un supuesto plan de retorno a Marruecos que jamás se ejecuta. Cuando la ministra portavoz, Elma Saiz, fue interpelada sobre estas contradicciones, la respuesta fue la evasiva sistemática

y el refugio en clichés conceptuales como el «interés superior del menor» o el anuncio de transferencias millonarias. Ninguna explicación plausible sobre por qué se afirma negociar devoluciones con Rabat mientras de facto se organiza el reparto masivo por la geografía nacional.

Este engaño sistemático no puede analizarse como un mero error de coordinación ministerial, sino como el síntoma de una servidumbre política preocupante. ¿Por qué el Ejecutivo de Pedro Sánchez es incapaz de exigir a Marruecos que asuma la responsabilidad sobre sus propios ciudadanos y menores? La respuesta se halla en la nebulosa de compromisos opacos que el presidente y el lobby de poder del PSOE han contraído con la monarquía alauita desde el giro unilateral sobre el Sáhara Occidental.

Desde el viraje diplomático de 2022 —tomado de forma personalista por Sánchez y a espaldas de las Cortes Generales—, la política exterior española hacia Marruecos se caracteriza por la sumisión y la falta de explicaciones. Existen numerosos e intensos intereses entrelazados, redes de influencia y presiones geoestratégicas que parecen atar de pies y manos al Gobierno. Marruecos utiliza la presión migratoria y la gestión de sus fronteras como una herramienta de chantaje político constante, sabedor de que el Palacio de la Moncloa cederá a cualquier pretensión antes que arriesgarse a una grieta en la fachada de la «nueva etapa de amistad».

El pueblo español asiste impotente a un espectáculo donde el Gobierno prefiere tensionar la convivencia territorial, desbordar las capacidades de acogida peninsulares y bordear el choque constitucional con las comunidades autónomas antes que exigir de forma firme al Gobierno marroquí el cumplimiento de los tratados internacionales de repatriación de menores. Es hora de que Pedro Sánchez rinda cuentas de forma transparente, aclare qué compromisos personales y partidistas mantiene con el régimen marroquí y deje de tratar a los ciudadanos españoles como meros espectadores de su permanente política de la confusión.

Francisco José Alonso Rodríguez. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional de DD. HH.