Por Francisco Jose Alonso Rodríguez, 31 de Junio de 2026.
La historia de Venezuela parece ensañarse con su geografía, pero si algo queda claro en medio del dolor provocado por el catastrófico doble terremoto en el norte del país y las graves inundaciones occidentales, es que el verdadero motor de salvación no viste uniforme oficial ni maneja presupuestos públicos. Hoy por hoy, es el ciudadano de a pie —el vecino, el mototaxista, el voluntario improvisado— quien está llevando sobre sus hombros el peso absoluto de los rescates. Ante una tragedia de dimensiones tan descomunales, la solidaridad popular ha tenido que suplantar la dramática ausencia de su Gobierno.
Cuando la tierra crujió en Caracas, La Guaira y las zonas aledañas, no hubo un despliegue inmediato e institucional capaz de mitigar el caos. La realidad logística del país es implacable: no existen suficientes ambulancias operativas, camiones de bomberos dotados ni herramientas técnicas pesadas en manos del Estado para abordar un colapso de esta magnitud. Llegar al epicentro de los derrumbes a tiempo a través de canales institucionales es una utopía. En las primeras horas críticas —esas donde se decide la vida o la muerte bajo el concreto—, lo que se escuchó no fue el eco de los protocolos gubernamentales, sino los gritos de miles de civiles removiendo escombros con sus propias manos, organizando cadenas humanas para mover rocas y abriendo caminos a pura fuerza de voluntad.
Mientras las familias lloran a sus fallecidos y buscan desesperadamente a los desaparecidos entre la precariedad más absoluta, la narrativa gubernamental intenta, una vez más, maquillar las grietas de su propia ineficiencia. Hablan de planes de contingencia y despliegues perfectos, pero las comunidades afectadas denuncian lo obvio en el terreno: el gobierno, sencillamente, no está a la altura de su pueblo. Décadas de desinversión en infraestructura médica, desmantelamiento de los cuerpos de protección civil locales y la falta crónica de recursos básicos han dejado al país en una vulnerabilidad extrema frente a la naturaleza. El coraje de los venezolanos es indiscutible.
En cuestión de minutos se armaron convoyes ciudadanos repletos de agua, comida y medicamentos recolectados por civiles para enviarlos a los sectores más golpeados. Son los propios jóvenes de las barriadas quienes arriesgan sus vidas ingresando a estructuras inestables, guiados únicamente por el amor al prójimo y la urgencia de no dejar a nadie atrás. Nadie planifica un desastre de esta escala, pero la respuesta ante él mide la estatura moral de quienes gobiernan.
Una vez más, el saldo es trágico y desigual. El Estado venezolano ha quedado retratado en su incapacidad y pasividad, mientras que la ciudadanía ha vuelto a demostrar una dignidad inquebrantable. En Venezuela, la fe y la supervivencia no dependen de un ministerio; dependen del vecino. Una verdad dolorosa, pero innegable: hoy, solo el pueblo salva al pueblo
Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Premio las Libertades “Rafael del Riego”. – Medalla de 1ª Clase Francisco de Miranda. (30 junio 2026)
Por Francisco José Alonso Rodríguez y José Ignacio Moratinos «El Empecinado», 30 de Junio de 2026.
El 30 de junio de 1816 se le concede la Cruz de San Fernando de Tercera Clase. Un Campesino de Castilla y León. El 30 de junio de 1816 es una fecha clave en la hoja de servicios de Juan Martín Díez, «El Empecinado». Ese día se le concedió oficialmente la Cruz de San Fernando de Tercera Clase (equivalente a la Cruz Laureada en la normativa de la época) en reconocimiento a su extraordinario valor, su audacia y su liderazgo indiscutible durante la Guerra de la Independencia Española (1808-1814). La figura de El Empecinado es el vivo reflejo de cómo un campesino de Castrillo de Duero (Valladolid), arraigado a la tierra de Castilla y León, se convirtió en un héroe nacional de dimensiones legendarias. El apodo de «Empecinado» arrastra la fuerza de su geografía: se llamaba así a los naturales de Castrillo de Duero debido a las pecinas, el lodo negro de aguas estancadas que abundaba en el arroyo del municipio. Cuando las tropas napoleónicas invadieron la península, Juan Martín Díez no dudó en abandonar las labores del campo para organizar la resistencia. Su conocimiento profundo de la orografía castellana, su tremenda intuición táctica y un valor temerario lo convirtieron en el pionero y máximo exponente de la guerra de guerrillas. Lo que empezó como una pequeña partida de hombres terminó siendo el «Enjambre», una fuerza militar organizada que llegó a contar con miles de combatientes, capaz de fijar y desgastar al ejército franceses. La Real y Militar Orden de San Fernando, instituida por las Cortes de Cádiz en 1811, era y sigue siendo el listón más alto al honor militar en España. No premiaba la antigüedad ni el linaje noble, sino el valor heroico y distinguido.
Para un hombre de extracción humilde como El Empecinado, la concesión de la Cruz de Tercera Clase en 1816 fue la ratificación oficial de que su genio militar y su patriotismo estaban a la altura de los mayores estrategas del reino. Se le otorgó por méritos propios acumulados en batallas y escaramuzas memorables por toda la meseta, donde demostró que un pueblo decidido y enraizado en sus principios era capaz de doblegar al ejército más poderoso del mundo. «No hay nobleza más legítima que la que se gana con el propio esfuerzo y se sella con el sacrificio por la libertad de la Patria.»
Su lealdad lealtad a la causa de la libertad y a la Constitución de 1812 marcaría también su trágico y noble destino posterior, consolidándolo no solo como un genio militar, sino como un símbolo eterno de la dignidad popular de Castilla y del conjunto de España. La respuesta de Juan Martín Díez ante el intento de soborno de Fernando VII define perfectamente su integridad. La frase exacta con la que cortó en seco al emisario del rey —el general Churruca— resuena con la fuerza de un hombre que no tenía precio: «Diga usted al rey que, si no quería la Constitución, que no la hubiera jurado; que el Empecinado la juró y jamás faltará a sus juramentos.» Fernando VII pretendía comprar el inmenso prestigio popular del guerrillero castellano a cambio de títulos nobiliarios (el Marquesado de Burgos) y una auténtica fortuna (un millón de reales). Para un antiguo campesino, aquello significaba la riqueza absoluta y el ascenso a la cúspide social. Sin embargo, «El Empecinado» demostró que su lealtad no era hacia la corona, sino hacia la palabra dada y la libertad de su pueblo plasmada en la Constitución de 1812 («La Pepa»).
Ese rechazo firmó su sentencia de muerte. Su final, el 19 de agosto de 1825 en Roa (Burgos), fue de una crueldad terrible: fue ejecutado en la horca —un castigo considerado infame para un militar de su rango, a quien correspondía el fusilamiento— tras haber sido exhibido en una jaula de hierro durante los días de mercado para burla del público. Incluso en sus últimos minutos mostró su carácter indomable; al llegar al patíbulo, rompió las esposas con su propia fuerza en un último intento desesperado por defender su dignidad, teniendo que ser reducido a bayonetazos por los verdugos. Fernando VII recuperó el trono absoluto, pero Juan Martín Díez pasó a la historia como el símbolo máximo de la dignidad y la resistencia del pueblo de Castilla y León.
Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. _ Medalla Internacional DD.HH
Coordinador Liga Española Pro Derechos Humanos.- Secretario General Ateneo Cultural Villalar.- Presidente Nacional Círculo Cultural El Empecinado.- Medalla del Empecinado.
por Fco. José Alonso Rodríguez, 29 de Junio de 2026.
La Segunda República Española (1931-1939) fue un proyecto de modernización colosal que acabó devorado por la polarización y la violencia. Al frente de aquel Estado democrático solo estuvieron dos hombres como presidentes de la República: Niceto Alcalá-Zamora (1931-1936) y Manuel Azaña (1936-1939). A pesar de encarnar culturas políticas opuestas y de profesar visiones muy distintas sobre cómo debía transformarse el país, compartieron dos rasgos inquebrantables que definieron sus vidas: un profundísimo amor por España y un rechazo absoluto, casi visceral, a la guerra civil.Las discrepancias entre ambos nacían de sus propios orígenes. Niceto Alcalá-Zamora era la encarnación del centrismo liberal y católico. Terrateniente andaluz y antiguo ministro de la monarquía de Alfonso XIII, su llegada al republicanismo fue el resultado de una evolución legalista. Para don Niceto, la República debía ser una casa común, templada y de orden, capaz de atraer a las clases medias y a los sectores conservadores sin asustar a la Iglesia.
Su estilo era legalista, parsimonioso y profundamente apegado al equilibrio institucional.Manuel Azaña, por el contrario, era el alma de la intelectualidad reformista y laica. Escritor brillante y de verbo afilado, entendía la República no como un mero cambio de gobierno, sino como una revolución cultural y social indispensable. Azaña creía que España no saldría del atraso sin una separación tajante entre la Iglesia y el Estado, y sin una reforma profunda del Ejército y de la propiedad de la tierra. Su republicanismo era jacobino, audaz y, a ojos de sus detractores, peligrosamente inflexible. Mientras Alcalá-Zamora buscaba frenar el ritmo para no romper el país, Azaña aceleraba porque temía que el tren del progreso perdiera su oportunidad histórica.Más allá de sus choques políticos —que culminaron con la destitución de Alcalá-Zamora por las Cortes en 1936—, las raíces que los unían eran idénticas. Ambos amaban a España con una devoción intelectual y afectiva desbordante. No era el patriotismo de charretera y desfile, sino el dolorido sentir por una patria rota que compartían los hombres de la Generación del 98.
Deseaban una España culta, europea, libre de caciques y respetada en el mundo.Pero donde su sintonía se vuelve trágica y luminosa es en su rechazo absoluto a la guerra. Ninguno de los dos creyó jamás que las ideas debían imponerse a sangre y fuego. Alcalá-Zamora, destituido meses antes del golpe de Estado de julio de 1936, contempló el estallido del conflicto desde el exilio con el corazón destrozado. Rechazó apoyar a los sublevados, pero se negó en rotundo a justificar la violencia revolucionaria que se desató en la zona republicana.
Prefirió la pobreza del destierro antes que validar la carnicería entre compatriotas. Azaña, atrapado en la presidencia durante toda la contienda, vivió un auténtico calvario. Desde su despacho oficial, intentó desesperadamente buscar la mediación internacional para detener la guerra. Su discurso de julio de 1938, en el Ayuntamiento de Barcelona, es el testamento definitivo de su pacifismo. Lejos de lanzar proclamas de victoria o venganza, pronunció aquellas palabras que resuenan en la historia: «Paz, piedad y perdón». Para Azaña, la guerra no era un triunfo, sino una derrota colectiva; ganar una guerra civil, decía, no era una gloria, sino una inmensa desgracia patria.El destino los equiparó en la derrota. Ambos murieron en el exilio, despojados de todo, pero firmes en sus principios. Alcalá-Zamora falleció en Buenos Aires en 1949, añorando su tierra. Azaña lo hizo en Montauban (Francia) en 1940; cuenta la leyenda que, al morir, su féretro fue cubierto con la bandera mexicana porque las autoridades francesas prohibieron la republicana, pero su verdadero sudario fue el dolor por España. Dos presidentes, dos visiones, pero un solo corazón que se negó a aceptar que la única solución para los problemas de su patria fuera el odio y las trincheras.
“Quienes no respetan y defienden su historia, pierden y desprecian su futuro”.
Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Manuel Azaña. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. -Medalla Internacional DD. HH.
El concepto de la nobleza y la dignidad humana no se mide en los momentos de gloria, sino en la capacidad de asumir la responsabilidad de los propios actos. A lo largo de la historia, la verdadera grandeza ha pertenecido a aquellos hombres y mujeres que, ante el error o la transgresión, han plantado cara a las consecuencias con el pecho descubierto y la verdad por delante. En el extremo opuesto de este ideal de honorabilidad se encuentra una de las figuras más perjudiciales para la salud democrática y moral de una sociedad: el delincuente de cuello blanco. A diferencia del infractor común, el delincuente de guante blanco no opera desde la marginalidad ni la desesperación; lo hace desde las altas esferas del poder, la influencia y el privilegio. Sin embargo, cuando sus redes de corrupción, tráfico de influencias o desfalco quedan al descubierto, raras veces se observa en ellos un ápice de la valentía necesaria para reconocer el daño causado. Al contrario, es en ese preciso instante de rendición de cuentas donde se manifiesta su profunda cobardía, transmutada en una intrincada estrategia de supervivencia jurídica y evasión moral. El modus operandi del corrupto de élite no es la confrontación, sino el camuflaje. Para evitar el oprobio y las penas que en justicia le corresponden, despliega un arsenal de argucias judiciales, tecnicismos procesales y dilaciones indebidas. La ley, que debería ser un instrumento de equidad, es retorcida por bufetes de gran prestigio para encontrar lagunas, prescripciones y vicios de forma que entierren el fondo del asunto: el delito mismo. El objetivo no es demostrar la inocencia real —pues la conciencia del hecho cometido es plena—, sino construir una armadura burocrática que impida que la verdad salga a la luz. Es la cobardía institucionalizada, donde el culpable se esconde detrás de folios y recursos para no mirar de frente a la sociedad a la que ha traicionado. Esta estrategia de evasión alcanza su punto más crítico cuando busca amparo en la subjetividad del estamento judicial. El delincuente de cuello blanco sabe que las leyes son interpretadas por seres humanos y, por ello, intenta activamente alinearse con jueces y magistrados con los que comparte afinidades ideológicas o intereses creados. Al apelar a esa subjetividad compartida, el infractor no busca justicia, sino complicidad velada. Espera que el sesgo ideológico actúe como un filtro atenuante que desvíe la severidad de la norma, transformando un acto inequívocamente delictivo en una mera «discrepancia administrativa» o en una «persecución política». Esta instrumentalización de la justicia hiere de muerte la confianza pública en las instituciones, haciendo parecer que la ley solo es implacable con los desfavorecidos. Frente a esta degradación del deber, la historia y la memoria colectiva nos recuerdan a aquellos hombres dignos que prefirieron perder la vida o la libertad antes que comprometer su honor. Figuras que entendieron que la defensa de los principios está por encima de la comodidad personal y que la ley se respeta acatando sus dictados, no engañándola. La nobleza radica en la coherencia entre lo que se predica y lo que se ejerce. Por desgracia, el panorama político actual ofrece ejemplos donde esa coherencia brilla por su ausencia. Es el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien con frecuencia ha pregonado una máxima según la cual, como socialista, se debe pedir poco y dar mucho. Sin embargo, en el contexto actual, sus posiciones y silencios frente a desmanes políticos y éticos no hacen honor a esas palabras tan repetidas. En lugar de erigirse en un faro de rectitud y exigir la máxima transparencia y asunción de responsabilidades dentro de su órbita y en el escenario internacional, se percibe un alineamiento con discursos que relativizan la gravedad de ciertas acciones o que buscan acomodo en la letra pequeña de la legalidad. Un liderazgo que se pretenda ético no puede escudarse en la ambigüedad ni avalar indirectamente que se intente engañar a la ley. Quien ha ostentado la más alta representación de un Estado debería aprender de aquellos referentes históricos que dieron su vida por la dignidad, demostrando que el verdadero valor se demuestra sosteniendo la mirada a la verdad, sin subterfugios ni magistraturas afines. La historia, al final, despoja los trajes de cuello blanco y solo conserva el recuerdo de quienes actuaron con auténtica rectitud. Jose Luis Rodríguez Zapatero solo te queda ser o no ser Honorable y Digno y no tener miedo a la Justicia que juzgue tus delitos si los hubieras cometido y no escudarse que esos delitos sean declarados prescritos. No olvides que el delito es delito y debes hacer frente a tus actos si quieres ser recordado como un hombre honrado y digno.
Fco. José Alonso Rodríguez – Politólogo. – Sociólogo. -Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”.,
José Ignacio Moratinos «El Empecinado» – Coordinador Liga Española Pro Derechos Humanos.- Secretario General Ateneo Cultural Villalar.- Presidente Nacional Círculo Cultural El Empecinado.
por Fco. José Alonso Rodríguez. 27 de Junio de 2026.
La Liga Española Pro Derechos Humanos desea trasladar su más profunda solidaridad, afecto y apoyo al pueblo hermano de Venezuela tras los devastadores terremotos que han golpeado recientemente diversas regiones del país, causando pérdidas humanas, numerosos heridos y cuantiosos daños materiales.
En estos momentos de dolor y dificultad, queremos hacer llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestro deseo de una pronta recuperación para todas las personas heridas y afectadas por esta tragedia.
AME5030. LA GUAIRA (VENEZUELA), 26/06/2026.- Un rescatista del Ejercito de México junto a su perro trabajan en un edificio afectado por un terremoto este viernes, en La Guaira (Venezuela). El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el más afectado por los terremotos, a partir de las 20.00 horas locales (00.00 GMT) de este viernes. EFE/ Ronald Peña R
Los derechos humanos encuentran su máxima expresión en la solidaridad entre los pueblos y en la protección de la dignidad humana en situaciones de emergencia y vulnerabilidad. Por ello, hacemos un llamamiento a las instituciones nacionales e internacionales, a las organizaciones humanitarias y a la sociedad civil para reforzar los esfuerzos de ayuda, asistencia y reconstrucción que permitan aliviar el sufrimiento de quienes hoy lo han perdido todo.
La Liga Española Pro Derechos Humanos reconoce igualmente la labor de los equipos de rescate, profesionales sanitarios, voluntarios y miembros de los servicios de emergencia que trabajan incansablemente para salvar vidas y atender a las personas afectadas.
España y Venezuela mantienen profundos lazos históricos, culturales y humanos que hoy se hacen más fuertes que nunca. El pueblo venezolano no está solo en estos difíciles momentos. Recibid desde España nuestro abrazo fraterno, nuestra solidaridad y nuestro compromiso con la defensa de la vida, la dignidad humana y la esperanza.
Liga Española Pro Derechos Humanos:
«La solidaridad es el lenguaje universal de la humanidad.»
Francisco José Alonso Rodriguez. -Presidente Jose Ignacio Moratinos “El Empecinado”. – Coordinador
El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 15 de Junio de 2026.
La historia de España está jalonada de episodios donde el cumplimiento del deber roza lo heroico, pero pocos han sido tan injustamente sepultados bajo el manto del olvido institucional como la evacuación de Guinea Ecuatorial entre febrero y abril de 1969. En aquellos meses de zozobra, tras una independencia que derivó de inmediato en la tiranía de Francisco Macías, un puñado de guardias civiles, bajo el mando templado y estratega del comandante Luis Báguena Salvador, logró una de las operaciones de rescate más exitosas y dramáticas del siglo XX: salvar la vida de más de 7000 compatriotas diseminados por la selva africana.
Hoy, casi seis décadas después, la Dirección General de la Guardia Civil y el Gobierno de España mantienen una flagrante deuda histórica con aquellos hombres. Su sacrificio, que puso en grave peligro sus propias vidas y haciendas, fue despachado en su momento como «materia reservada» por las autoridades franquistas y, posteriormente, ignorado por los sucesivos gobiernos democráticos. Es hora de levantar el secreto y hacer justicia a los últimos de Guinea
La propaganda de la época vendió la independencia de Guinea Ecuatorial, proclamada el 12 de octubre de 1968, como un proceso modélico y pacífico. La realidad en el terreno no tardó en tornarse dantesca. La victoria electoral de Francisco Macías —un líder de indiscutible inestabilidad psíquica y exacerbado discurso antiespañol— desató las fuerzas del caos. Alentadas por el nuevo régimen, las llamadas Juventudes en Marcha con Macías iniciaron una campaña de terror, violencia y arbitrariedad contra la población española y los opositores locales.
El país se colapsó económicamente en cuestión de semanas. Los cerca de diez mil residentes españoles, que sostenían el tejido productivo, las plantaciones de cacao y el comercio, se vieron atrapados en un clima preñado de amenazas de muerte, saqueos institucionales y detenciones ilegales. Con el recuerdo aún fresco y sangriento de las matanzas de europeos en el Congo a principios de la década, el temor a un exterminio indiscriminado en el territorio continental de Río Muni y en la isla de Fernando Poo (hoy Bioko) se convirtió en una certeza matemática.
En medio de este polvorín, España mantenía desplegado un batallón de la Guardia Civil. Al frente de estas fuerzas se encontraba el comandante Luis Báguena Salvador, una figura providencial para el destino de miles de personas. Nacido en la propia Guinea, Báguena no era un oficial foráneo ejecutando órdenes burocráticas; conocía íntimamente la psicología de los líderes guineanos, dominaba el idioma fang y poseía un prestigio respetado incluso por las milicias gubernamentales.
Cuando Madrid asumió la inevitable necesidad de evacuar a toda la población civil ante la deriva enajenada de Macías, la responsabilidad de ejecutar el repliegue recayó sobre los hombros de la Guardia Civil. La dificultad de la misión era extrema: en Río Muni, las familias españolas no estaban agrupadas, sino diseminadas en pequeñas factorías, misiones y plantaciones agrícolas aisladas en el corazón de una selva densa, comunicada por pistas impracticables y jalonada por controles militares hostiles comandados por el coronel Tray, un antiguo combatiente de la Guerra Civil española sediento de poder.
La orden de Báguena fue clara, firme y ejecutada con una disciplina espartana: vaciar el interior del país, escoltar a los civiles hacia los puertos de Bata y Santa Isabel (Malabo) y repeler las provocaciones sin desatar un conflicto abierto que sirviera de excusa para una matanza generalizada.
Los guardias civiles, sabiendo que sus propios hogares y bienes en Guinea quedaban expuestos al pillaje inmediato, priorizaron la vida de los colonos. Se adentraron en las plantaciones, organizaron convoyes improvisados y lidiaron, en un juego de alta tensión diplomática y militar, con las milicias de Macías que apuntaban con sus armas a las columnas de refugiados. Los agentes pusieron en juego sus vidas en cada puente, en cada puesto de control, actuando como escudos humanos para que los civiles pudieran embarcar en las naves de la Armada Española enviadas al rescate.
El éxito de la operación raya en el milagro logístico y militar. En una movilización sin precedentes de más de 7000 personas en condiciones extremas de hostilidad, solo se tuvo que lamentar la muerte de un ciudadano español, tiroteado en una balsa en el río Benito. La pericia de Báguena y la templanza de sus hombres evitaron un baño de sangre que parecía inevitable
El castigo a tanta entrega fue el silencio. Para el gobierno español de finales de los sesenta, admitir el desastre absoluto en el que había derivado la descolonización significaba reconocer un fracaso geopolítico clamoroso. Por ello, mediante un decreto fulminante, los sucesos de Guinea fueron declarados materia reservada.
Los héroes regresaron a la metrópoli sin desfiles, sin medallas colectivas de relieve y con la orden estricta de no hablar de lo vivido. Sus haciendas, los ahorros de toda una vida de esfuerzo en el golfo de Guinea, se perdieron para siempre bajo el amparo de las expropiaciones de la dictadura de Macías, sin que el Estado español articulara indemnizaciones justas o un reconocimiento público equivalente al trauma y las pérdidas sufridas.
La llegada de la democracia tampoco reparó esta injusticia. El asunto quedó sepultado en los anaqueles polvorientos de la historia oficial. Salvo contados testimonios bibliográficos de los propios protagonistas en los años ochenta, y recientes esfuerzos documentales y literarios que han intentado tímidamente cubrir esta laguna, la gesta del comandante Báguena sigue siendo una gran desconocida para el gran público español.
La lealtad no puede ser pagada con el olvido. La Dirección General de la Guardia Civil tiene el deber moral de rescatar del anonimato la hoja de servicios de aquellos hombres que mantuvieron el honor del uniforme en las condiciones más ingratas y peligrosas que se recuerdan en la historia colonial de España. No se trata meramente de un ejercicio de nostalgia, sino de un acto de estricta justicia histórica y democrática.
El Gobierno de España, como continuador institucional del Estado, debe una disculpa y un homenaje público a los guardias civiles y a los miles de españoles que lo perdieron todo en Guinea Ecuatorial. Negar el reconocimiento a quienes salvaron 7000 vidas a costa de su propia seguridad es una cobardía política que violenta los valores de gratitud y honor de la nación. Los últimos de Guinea no fueron solo testigos de un naufragio colonial; fueron los salvavidas de miles de compatriotas, guiados por el temple insustituible de un comandante llamado Luis Báguena Salvador. Su deuda sigue pendiente.
Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD.HH.
España vive hoy en un estado de permanente combustión política. La polarización interna ha dejado de ser una estrategia electoral para convertirse en el aire cotidiano que respira la sociedad; una atmósfera enrarecida donde el adversario no es alguien con quien debatir, sino un enemigo al que batir. En este escenario de trincheras ideológicas y puentes rotos, la inminente visita del Papa León XIV a suelo español se presenta no solo como un acontecimiento de indudable relevancia institucional, sino como una oportunidad excepcional para la introspección colectiva. Cabe esperar, con sincero optimismo, que la presencia del Pontífice actúe como un bálsamo que remanse las mentes y los ánimos de los españoles, devolviendo al diálogo, al consenso y a la concordia el lugar central que nunca debió haberse perdido en nuestra vida pública.
Tratar los asuntos de religión en el espacio público requiere, sin duda, una finura extrema. La historia es un testigo implacable: los asuntos de fe, cuando se instrumentalizan o se radicalizan, son de una delicadeza absoluta. No podemos olvidar que las guerras de religión ensangrentaron Europa durante siglos, dejando cicatrices profundas en el viejo continente a causa del dogmatismo y la intolerancia. Precisamente por ese pasado gravoso, el papel del Papado en el siglo XXI se entiende desde una perspectiva muy distinta, fundamentada en una doble dimensión bien definida.
Por un lado, el Papa opera como jefe de un Estado soberano en el plano diplomático; por el otro, y de manera mucho más significativa, ejerce una dimensión espiritual que se sustenta en un liderazgo moral indiscutible, derivado de la propia condición de su ministerio. Este liderazgo moral no se impone por la fuerza de los decretos, sino que se gana a través de la coherencia. En los tiempos actuales, carece de valor pregonar una fe si los actos individuales e institucionales no avalan esas palabras. La ejemplaridad es el único patrimonio real de la autoridad moral.
Este principio de coherencia establece un paralelismo directo y fascinante con la salud de los sistemas políticos modernos. Con la Democracia ocurre algo muy parecido: no basta con proclamarse demócrata, ni con llenar los discursos de retórica institucional si las prácticas diarias vacían de contenido las leyes y erosionan la convivencia. Al igual que la fe sin obras es un armazón vacío, la democracia sin un comportamiento ético, respetuoso y dialogante por parte de sus actores se convierte en una mera fachada formal. Ambas realidades, la espiritual y la civil, se sostienen sobre el mismo pilar: la confianza que generan las conductas íntegras.
Mirando hacia el propio retrovisor histórico de España, emerge una figura cuya memoria se hace hoy más necesaria que nunca: el Cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Nadie en nuestro país debería olvidar su papel crucial durante los años difíciles y magnéticos de la Transición. Tarancón no fue simplemente un dignatario de la Iglesia; su figura eclesiástica trascendió por completo los límites de la institución para convertirse en un referente nacional que imprimía un profundo respeto.
Su fuerza no emanaba del poder político, sino de su inquebrantable dignidad moral frente a los desmanes, las tensiones y las profundas incertidumbres que se vivían en la España de aquel momento. Tarancón entendió con lucidez que la Iglesia debía ser un puente y no una muralla, un espacio de reconciliación para todos los españoles, independientemente de su credo o su ideología. Supo retirar a la institución de la primera línea del combate político para situarla en el terreno del arbitraje moral y el apaciguamiento. Su célebre frase «Taracon al paredón», coreada por los sectores más extremistas de la época, es el mejor testimonio de cómo la moderación suele ser el blanco de quienes rechazan la paz social.
La llegada de León XIV a una España tan fragmentada nos obliga a reclamar ese espíritu taranconiano de altitud de miras. Es evidente que una visita papal no va a resolver por arte de magia los complejos problemas estructurales, económicos o políticos del país. Sería ingenuo pensarlo. Sin embargo, en la alta política y en la psicología de las masas, los símbolos importan, y mucho. Esperemos que la visita del Papa aporte, al menos, una cierta idea de tregua, aunque esta tenga un carácter inicialmentente simbólico. Una tregua verbal, un respiro en el insulto diario, un alto el fuego en la crispación mediática que permita rebajar las pulsaciones de la nación.
El verdadero éxito de este viaje apostólico no se medirá por el número de fieles en las calles o la brillantez de los actos litúrgicos, sino por su capacidad de sembrar una semilla de moderación en el debate público. Ojalá las palabras de León XIV actúen como un espejo donde la clase política y la sociedad civil puedan mirarse para reconocer la esterilidad del enfrentamiento constante. Que esta visita remanse los espíritus hostiles, apacigüe las mentes crispadas y nos recuerde a todos que el diálogo entre diferentes no es una muestra de debilidad, sino la mayor prueba de madurez de un pueblo. Es hora de recuperar el consenso y la concordia, esos viejos valores que hicieron grande nuestra convivencia y que nunca, bajo ninguna circunstancia, debimos permitirnos perder.
Quiero resaltar algunas de las frases que nos ha dejado el Papa Leon XIV en su primer discurso:
“Las ideologías prefabricadas son un peligro”. “No avivemos el fuego de la polarización”. “Abandonemos las narrativas divisivas y polarizantes de nuestra realidad social y de su historia. “Hoy la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir, la dignidad humana no deja de ser violada”. “La historia sugiere que no es la cultural del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad”.
Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD. HH.
por Fco. José Alonso Rodríguez, 04 de Junio de 2026
El periodismo de investigación y el activismo por los derechos humanos a menudo convergen en un terreno peligroso: la revelación de la verdad frente al poder. En el centro de una de las tramas más complejas de las relaciones bilaterales entre España y Venezuela se encuentra una acusación de calibre internacional que involucra al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y a su entonces ministro de Defensa, José Bono. Según informaciones y testimonios del entorno de la Liga Española Pro Derechos Humanos, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denuncio ante las autoridades de los Estados Unidos un presunto cobro de comisiones que asciende a 36 millones de dólares. El origen de esta supuesta contraprestación ilícita sería la polémica venta de patrulleras y fragatas a Venezuela, una operación que en su momento desafió el veto tecnológico impuesto por Washington. Para entender la magnitud del caso, es necesario remontarse al año 2005, cuando el Gobierno español firmó un multimillonario contrato para la venta de buques militares al Gobierno de Hugo Chávez. La operación nació envuelta en la fricción diplomática: la legislación internacional y los tratados de defensa estipulaban la prohibición estricta de vender equipamiento militar a terceros países si este contenía componentes o tecnología de origen estadounidense sin el consentimiento explícito de la Casa Blanca.
Luisa Ortega y Fco. José Alonso Rodríguez
El veto de Washington era claro. Sin embargo, la operación siguió adelante bajo la premisa de que los sistemas serían «españolizados» o sustituidos. La denuncia atribuida a Ortega Díaz ante los tribunales norteamericanos apunta a que el negocio no solo vulneró presuntamente estas restricciones, sino que se engrasó mediante el pago de comisiones millonarias desviadas hacia cuentas opacas. El dilema ético de Luisa Ortega: Entre el miedo y la justicia. La situación de Luisa Ortega Díaz en España es sumamente delicada. Refugiada en el país junto a su esposo, quien actualmente atraviesa un proceso de salud complejo, la exfiscal se encuentra en una encrucijada humana y jurídica. Por un lado, la comodidad y la seguridad de su estatus residencial en España pesan de manera comprensible sobre sus decisiones familiares. Por otro, su condición de servidora de la justicia la ata a un compromiso ineludible con la transparencia. Desde la propia Oficina de la Liga Española Pro Derechos Humanos, donde se han mantenido conversaciones directas con ella sobre este asunto, el mensaje es nítido: la verdad debe prevalecer por encima de la comodidad personal. El miedo a una eventual expulsión o a represalias políticas no puede secuestrar documentos que evidencian un delito transnacional. La propia Liga Española Pro Derechos Humanos, se ha ofrecido a asumir la responsabilidad de hacer públicos los papeles que Luisa Ortega aún conserva si ella decide dar el paso definitivo, recordando que estos hechos ya fueron notificados en su momento a la Fiscalía General del Estado español sin obtener una respuesta. «La verdad no se defiende con retórica, sino con pruebas». Frente a la gravedad de estas acusaciones, las miradas también se dirigen hacia la estrategia de defensa de los implicados. Figuras del entorno de la comunicación política y de la gestión de crisis, como Luis Arroyo, portavoz vinculado históricamente a sectores del PSOE y señalado críticamente por sectores de la sociedad civil debido a sus agresivas tácticas de comunicación,(regadas con buenos emolumentos por sus colaboraciones en los medios Públicos del Estado Español) tendrá la difícil tarea de contrarrestar un relato que no solo afecta a la reputación personal de Zapatero y Bono, sino al crédito del propio Estado español. Un delito de esta envergadura, que mezcla el tráfico de influencias, la violación de embargos tecnológicos y la corrupción de alto nivel, no puede prescribir en el olvido social. La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos exigen que Luisa Ortega Díaz rompa el silencio institucional, libere los archivos y permita que la justicia actúe. Mantener la cabeza gacha ante la corrupción solo cronifica la impunidad de quienes, desde los despachos presidenciales, supuestamente se lucraron a costa de la legalidad internacional.
“Intentar silenciar la verdad, no la hace desaparecer ni se evapora el delito”.
Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD. HH
El Día de Zamora, por Fco.José Alonso Rodríguez, 30 de Abril de 2026.
La celebración del 1 de mayo hay una historia bastante más dura de lo que puede parecer. Durante mucho tiempo, trabajar significaba jornadas larguísimas, sin apenas descanso y con muy pocas normas que protegieran a los trabajadores, sin apenas descanso, y con una explotación del trabajo infantil. No podemos olvidar de dónde vienen los derechos que ahora damos por hechos.
Hoy, la normalización de esta fecha no debe ser sinónimo de complacencia. En un mundo donde la tecnología avanza a ritmos de vértigo, el trabajo, lejos de volverse más humano, parece estar recuperando viejas formas de precariedad bajo disfraces modernos.
El 1 de mayo celebramos el Día Internacional de los Trabajadores. Es una fecha pensada, desde el principio, para dar visibilidad a las reivindicaciones laborales. Las reivindicaciones eran bastante concretas y que eran la de limitar la jornada laboral. Puede sonar hoy como muy poco creíble, pero en el siglo XIX no lo era en absoluto. Había jornadas de trabajo de diez, doce o más horas al día, sin apenas regulación ni descansos y menos vacaciones remuneradas y la gran explotación de la infancia.
Atrás quedaron los días en que la amenaza era solo la fábrica insalubre. Hoy, la precariedad se viste de seda: se llama «economía colaborativa» o «trabajo por objetivos». Bajo el lema de «sé tu propio jefe», miles de trabajadores en todo el mundo carecen de protección social, seguros médicos o estabilidad mínima.
Esta fragmentación del empleo ha creado una nueva clase social: el precariado. Son personas que, a pesar de tener un empleo (o varios), viven en la cuerda floja, incapaces de proyectar un futuro a medio plazo. Reivindicar el 1 de mayo hoy significa denunciar que la flexibilidad no puede ser un eufemismo para el desamparo.
No es una exageración legalista. El Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es tajante: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias, y a una remuneración que le asegure una existencia conforme a la dignidad humana.
Cuando un salario no alcanza para cubrir la cesta de la compra o cuando el estrés laboral devora la salud mental, se está violando un derecho fundamental. Un trabajo que despoja al individuo de su tiempo, su salud o su dignidad no es un progreso; es un retroceso civilizatorio.
La dignidad no es un beneficio extra que la empresa otorga, es el cimiento sobre el cual debe construirse cualquier relación laboral.
Para que este 1 de mayo sea algo más que una efeméride, debemos poner sobre la mesa los temas que definirán las próximas décadas:
La Desconexión Digital: En la era del teletrabajo, la oficina nos persigue en el bolsillo. El derecho a no responder un correo a las diez de la noche es la nueva frontera de la salud laboral.
La Inteligencia Artificial: La automatización no debe ser una sentencia de exclusión, sino una oportunidad para reducir las jornadas y repartir la riqueza de manera más justa.
La Brecha de Género y Cuidados: Sigue siendo necesario reivindicar que los trabajos de cuidados, mayoritariamente feminizados y a menudo invisibles, son el motor que sostiene al resto de la economía.
El 1 de mayo es, en esencia, un recordatorio de que la economía debe estar al servicio de las personas, y no al revés. Movilizarse este día es un acto de respeto hacia quienes nos precedieron en la lucha y una obligación moral hacia las generaciones que heredarán este mercado laboral.
Reivindicar trabajos menos precarios no es un capricho ideológico; es la exigencia de un contrato social que se está resquebrajando. Mientras exista un trabajador cuya jornada no le permita vivir con dignidad, el 1 de mayo seguirá siendo, más que una fiesta, un grito de necesidad.
Politólogo. – Sociólogo. Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”.
LEPDH Inicio
El Tiempo en Madrid
-º
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
El Tiempo en Barcelona
-º
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
El Tiempo en Sevilla
-º
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
El Tiempo en Oviedo
-º
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
El Tiempo en Valencia
-º
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
-
-
-
-
-