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«No quiero Huelga General, lo que quiero es Guerra Civil”

por Fco. José Alonso Rodríguez, 12 de Noviembre de 2026

La frase «no quiero huelga general, lo que quiero es guerra civil» refleja un grado extremo de polarización que, según diversas denuncias y testimonios en el ámbito institucional español, trasciende el debate político general. Esta frase es de Luis Arroyo que sin rubor como todos los presuntos delitos los comete sin despeinarse. En el contexto de las recientes movilizaciones laborales y las disputas internas por la gestión de la institución, distintas voces críticas han señalado a la actual junta directiva, encabezada por Luis Arroyo, atribuyéndole tanto esta retórica de confrontación como una gestión controvertida que ha dividido profundamente a los socios.
El conflicto en el Ateneo de Madrid, una institución bicentenaria que históricamente ha servido de foro para el debate intelectual y democrático en España, se ha intensificado en torno a las acusaciones formuladas por un sector de los socios contra la presidencia de Luis Arroyo y miembros de su equipo, como Pepita Marín y Marta Sanz. Según los testimonios de estos sectores críticos, la llegada de Arroyo a la presidencia —calificada por sus detractores como un «robo» orquestado mediante maniobras internas— ha transformado la dinámica de la entidad. En las asambleas de socios, las tensiones han desembocado en duros enfrentamientos verbales, donde los opositores acusan al presidente de ejercer una dirección autoritaria y desleal, alejada de los principios pluralistas de la institución.
Las críticas hacia la figura de Luis Arroyo por parte de sus detractores abarcan tanto su trayectoria previa como su gestión patrimonial y administrativa. Desde estas posiciones se cuestiona su pasado profesional en el ámbito de la consultoría política y en iniciativas empresariales anteriores, como proyectos vinculados al sector de las telecomunicaciones y el uso de estructuras fundacionales, señalando supuestas irregularidades laborales y fracasos de gestión. Asimismo, en el plano patrimonial, diversas informaciones periodísticas apuntan a la acumulación de propiedades inmobiliarias —cifradas en una veintena de pisos por algunos medios, aunque los críticos sostienen que el volumen real vinculado a estructuras fundacionales sería mayor—, lo que ha llevado a sus opositores a vincular su actividad con prácticas especulativas.

En el plano estrictamente institucional, los socios críticos denuncian que la actual dirección ha instaurado un clima de intimidación y ha establecido paralelismos entre la gestión del Ateneo y regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. En este sentido, también se ha señalado el papel de medios de comunicación como El País y el grupo PRISA, a los que este sector acusa de haber respaldado inicialmente la gestión de Arroyo y de Pepita Marín —quien formó parte del consejo de administración de dicha compañía hasta su destitución—, contribuyendo así, según su visión, al deterioro de la institución.
La escalada de tensión ha trascendido el debate asambleario para llegar al ámbito judicial y personal. Por un lado, un socio veterano —que recuerda haber figurado en las listas de represaliados elaboradas durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 para defender su compromiso con la legalidad democrática — afirma haber recibido amenazas graves por parte de Arroyo, incluyendo supuestas advertencias sobre el uso de información comprometedora atribuida al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, con el objetivo de perjudicar su reputación y su labor en organizaciones no gubernamentales.
Por otro lado, el conflicto interno se ha judicializado en torno a la gestión de los espacios del Ateneo, como el servicio de la Cantina, y a denuncias cruzadas entre miembros de la junta y socios. Los sectores críticos sostienen que la vicepresidenta Marta Sanz ha interpuesto denuncias falsas por agresión contra dos socios de edad avanzada —uno de ellos octogenario (88 años)—, asegurando que los hechos ocurrieron en sentido inverso. De igual modo, estas mismas fuentes apuntan a la existencia de denuncias por presunta estafa agravada relacionadas con la elaboración de informes técnicos contradictorios vinculados a las obras y la gestión de la Cantina, Realizados por personas cercanas a Marta Sanz hija de Felix Sanz Roldan.
Este enfrentamiento en el Ateneo de Madrid ilustra cómo la retórica de confrontación total —sintetizada en la contraposición entre la protesta social y el deseo de un conflicto abierto— afecta tanto al debate público nacional como al funcionamiento de las instituciones civiles. La judicialización de las discrepancias, el cruce de acusaciones personales y la polarización en torno a la gestión de los recursos reflejan un escenario en el que el diálogo institucional se ve desplazado por la desconfianza mutua y la pugna por el control de los espacios de representación.
No cabe duda que la frase de Luis Arroyo

“No quiero huelga general, quiero Guerra Civil”

y esta vez la ganaremos. Refleja muy bien los fines de este Grupo Sectaria Organizado quieren para España y el Ateneo de Madrid.


Franciso José Alonso Rodriguerz. – Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Socio del Ateneo desde enero 1980.- Premio a las Libertades “Rafael del Riego”.

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Rafael del Riego: el mártir liberal y el mito republicano detrás de la Constitución de 1812

por Fco. José Alonso Rodríguez, 11 de Noviembre de 2026

En la historia contemporánea de España, pocas figuras condensan con tanta fuerza la lucha por las libertades civiles y el constitucionalismo como Rafael del Riego. Su trayectoria militar y política no solo marcó un punto de inflexión en el siglo XIX, al quebrar temporalmente el absolutismo de Fernando VII, sino que trascendió su propia época para convertirse en un símbolo intergeneracional del progreso y la democracia. Esta dimensión mítica fue rescatada con especial vigor en 1931 por Carmen de Burgos, Colombine, en su biografía Gloriosa vida y desdichada muerte de don Rafael del Riego: (un crimen de los Borbones), obra publicada en los albores de la Segunda República para reivindicar al general asturiano como el precursor indiscutible de los derechos ciudadanos y la soberanía nacional.El pronunciamiento de 1820 y el rescate de «La Pepa». Tras el regreso de Fernando VII a España en 1814, el monarca abolió la Constitución de 1812 —conocida popularmente como La Pepa—, restauró el absolutismo y desató una severa persecución contra los liberales. Durante seis años, los intentos por restablecer el orden constitucional fracasaron uno tras otro. Sin embargo, el 1 de enero de 1820, en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, el entonces teniente coronel Rafael del Riego protagonizó el pronunciamiento militar que cambiaría el rumbo del país.Al frente del batallón de Asturias, integrado en el ejército expedicionario destinado a sofocar las independencias americanas, Riego proclamó la vigencia de la Constitución de 1812. Su acción no fue un mero motín cuartelero, sino un acto de compromiso político destinado a devolver la soberanía a la nación. Aunque el levantamiento enfrentó serias dificultades iniciales y la expedición de Riego por Andalucía sufrió el desgaste y la persecución de las tropas realistas, la chispa ya había prendido en otras guarniciones de la península, como La Coruña, Zaragoza y Barcelona. Acorralado por la insurrección generalizada, Fernando VII se vio obligado a ceder y, en marzo de 1820, pronunció su célebre y falsa promesa: «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional».El triunfo del pronunciamiento inauguró el Trienio Liberal (1820-1823), un periodo breve pero fundamental para la modernización política de España. Durante estos tres años, la Constitución de 1812 volvió a regir la vida pública, permitiendo la supresión de la Inquisición, el restablecimiento de la libertad de imprenta, la reorganización administrativa del territorio y el impulso a la educación pública.En este escenario, Riego emergió como el héroe indiscutible de los liberales exaltados, aquellos que defendían una aplicación profunda y sin concesiones del texto gaditano frente a los sectores más moderados, dispuestos a pactar con la Corona. Elegido diputado a Cortes y posteriormente presidente de las mismas en 1822, Riego encarnó la vigilancia constante frente a las conspiraciones absolutistas del propio rey. Su figura adquirió una dimensión popular sin precedentes, acompañada por los acordes de la marcha militar que sus tropas entonaban en 1820: el Himno de Riego, una melodía que se convirtió en el canto de batalla del liberalismo español.La experiencia constitucional española despertó el temor de las potencias absolutistas europeas agrupadas en la Santa Alianza. En abril de 1823, un ejército francés conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, invadió España para restaurar el poder absoluto de Fernando VII. El Gobierno constitucional se vio obligado a trasladarse de Madrid a Sevilla y finalmente a Cádiz, llevando consigo al monarca.Riego asumió la defensa de la causa constitucional en Andalucía con una lealtad inquebrantable, pero la superioridad numérica de las tropas invasoras y la defección de varios mandos militares sellaron su destino. Capturado en septiembre de 1823 en las inmediaciones de Arquillos (Jaén), fue trasladado a Madrid bajo severas vejaciones. El 7 de noviembre de 1823, tras un proceso sumario sin garantías, Rafael del Riego fue ejecutado en la horca en la plaza de la Cebada de Madrid. Lejos de borrar su memoria, la brutalidad de su ejecución —instigada por el deseo de revancha de la Corona— lo elevó a la categoría de mártir de la libertad.Más de un siglo después, con la proclamación de la Segunda República en abril de 1931, la figura de Riego cobró una actualidad renovada. El nuevo régimen adoptó el Himno de Riego como himno nacional oficial, estableciendo un puente simbólico directo entre el constitucionalismo de 1812, el levantamiento de 1820 y la democracia republicana de 1931.Es en este contexto donde se inscribe la biografía escrita por Carmen de Burgos, Colombine. Pionera del periodismo español, activista incansable por el sufragio femenino, el divorcio y los derechos civiles, Burgos encontró en Riego el arquetipo perfecto para articular su ideario republicano y antiborbónico. En Gloriosa vida y desdichada muerte de don Rafael del Riego, la autora traza un retrato apasionado del general asturiano, presentándolo no solo como un militar valiente, sino como un símbolo triple frente al Antiguo Régimen: la defensa del pueblo frente al absolutismo monárquico, la razón cívica frente al clericalismo y el progreso frente a la reacción.Al rescatar la memoria de Riego en 1931, Carmen de Burgos subrayó una lección histórica que atravesó todo el siglo XIX y buena parte del XX español: la defensa de una Constitución no reside únicamente en la letra de sus leyes, sino en el compromiso cívico de quienes están dispuestos a sostenerla frente a la tiranía.

Francisco José Alonso Rodríguez, – Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”.

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La 50ª Conferencia de EUCOCO: Medio siglo de Dignidad, Justicia y Solidaridad con el Pueblo Saharaui

por Fco. José Alonso Rodríguez, 10 de Noviembre de 2026.

La lucha por la descolonización del Sáhara Occidental alcanza un hito histórico de profunda relevancia política y moral: la celebración de la 50ª Conferencia de la Coordinación Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO) los días 13 y 14 de noviembre en Madrid. Cinco décadas después de que el conflicto fuera forzado por el abandono y la invasión, el movimiento internacional de solidaridad se consolida como un pilar inquebrantable en la defensa de los derechos fundamentales.

En este escenario emblemático, la Liga Española Pro Derechos Humanos y la Federación Española pro Derechos Humanos-España vuelven a estar presentes en la vanguardia institucional y civil, alzando la voz por la dignidad del Pueblo Saharaui, defendiendo incondicionalmente el ejercicio de su derecho a un referéndum de autodeterminación y exigiendo que la historia del Sáhara Occidental sea escrita, de una vez y para siempre, por sus verdaderos y legítimos protagonistas: el propio Pueblo Saharaui.

Los orígenes de una causa inquebrantable: 1975 y el nacimiento de EUCOCO. Para comprender la magnitud de esta 50ª Asamblea, es indispensable remontarse a 1975, un año crucial que marcó la memoria histórica del territorio. Entre mayo y junio de aquel año, la misión de las Naciones Unidas que visitó la colonia española del Sáhara Occidental constató de manera inequívoca el anhelo irrenunciable de independencia de la población saharaui y su amplio respaldo al Frente POLISARIO como su legítimo representante. Este hallazgo fue corroborado el 16 de octubre por el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que reafirmó el derecho inalienable a la autodeterminación del pueblo saharaui, señalando que no existían vínculos de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y Marruecos o Mauritania.

Sin embargo, el curso del Derecho Internacional fue violentado el 30 de octubre de 1975 con la invasión militar marroquí y mauritana, seguida el 14 de noviembre por la firma de los ilegítimos Acuerdos Tripartitos de Madrid por parte de España. Fue precisamente en ese contexto de agresión, despojo y emergencia humanitaria donde germinó la respuesta civil europea. En los Países Bajos, una reunión fundacional de doce activistas procedentes de diversos países dio vida a EUCOCO. Desde entonces, bajo la presidencia histórica del exsenador belga Pierre Galand y con el trabajo incansable de la secretaría asumida por el Comité Belga de Apoyo al Pueblo Saharaui en Bruselas, la red se ha consolidado como la estructura de coordinación solidaria más longeva y activa de Europa.
La arquitectura institucional y jurídica de la solidaridad. EUCOCO ha tejido una red estratégica que combina la acción política, la defensa jurídica y el compromiso social en colaboración directa con el Frente POLISARIO. A lo largo de cinco décadas, la organización ha desplegado herramientas de alto impacto:
Presencia en la ONU: Cada año, EUCOCO coordina la intervención de delegaciones ante la Cuarta Comisión (Política Especial y Descolonización) de la Asamblea General de la ONU en Nueva York para denunciar los abusos de la ocupación marroquí, así como ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Comisión Internacional de Juristas: Creada en 1979, este organismo nutre de dictámenes técnicos y rigor legal la defensa del Sáhara Occidental como territorio no autónomo bajo el Derecho Internacional. Con un gran impulsor de la Comisión fue el Fiscal del Tribunal Supremo Felipe Briones entre otras personas.
El Intergrupo Parlamentario Europeo: Fundado en 1985 en la Asamblea Nacional francesa e integrado en el Parlamento Europeo bajo el nombre «Paz para el Sáhara Occidental», ha sido el vehículo crucial para interpelar a las instituciones comunitarias.
Herramientas territoriales y de protección: La promoción de intergrupos en parlamentos regionales y los hermanamientos entre ciudades europeas y los campamentos de refugiados saharauis han humanizado y descentralizado la causa.
Asimismo, EUCOCO articula sus acciones en torno a dos ejes contundentes: la denuncia permanente de las violaciones de derechos humanos en las zonas ocupadas —exigiendo la liberación de los presos políticos saharauis— y la persecución legal de la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental, respaldando las sentencias clave del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La 50ª Conferencia de EUCOCO y el compromiso firme de la Liga Española Pro Derechos Humanos. La Conferencia Anual de EUCOCO constituye el espacio estratégico y de debate más relevante del movimiento internacional de solidaridad. Con la asistencia de cientos de delegados, juristas, observadores, cargos electos y organizaciones como el Comité Nacional Argelino de Apoyo al Pueblo Saharaui (CNASPS), la asamblea articula planes de acción estructurados en cuatro mesas de trabajo clave:
Políticas para el respeto y comunicación de los derechos fundamentales saharauis.
Garantía y supervisión de los derechos humanos en el territorio ocupado.
Consolidación de las instituciones y la edificación del Estado saharaui.
Protección y soberanía sobre los recursos naturales frente al expolio exterior.
En este marco histórico de la 50ª edición, la participación de la Liga Española Pro Derechos Humanos y de la Federación Española pro Derechos Humanos-España adquiere un valor ético incalculable. Como entidades históricas comprometidas con la legalidad internacional, su presencia reafirma que la sociedad civil española no olvida las responsabilidades legales y morales pendientemente asumidas por la potencia administradora de jure.
La Liga y la Federación reiteran en esta asamblea su postura inequívoca: el único camino justo, duradero y legal para la resolución del conflicto es la celebración del referéndum de autodeterminación, libre e independiente, tal y como fue mandatado por las Naciones Unidas a través de la MINURSO. La justicia internacional no admite atajos ni soluciones impuestas que ignoren la voluntad popular. La historia del Sáhara Occidental no puede ser redactada en despachos de potencias ocupantes ni mediante transacciones geopolíticas ilegítimas: debe ser trazada por la pluma y la voz soberana del propio Pueblo Saharaui.


Francisco José Alonso Rodríguez. – Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España. -Medalla Internacional Pro Derechos Humanos.

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In Memoriam: La dignidad inquebrantable del Comandante Rafael Villalobos

por Fco. José Alonso Rodríguez, 05 de Noviembre de 2026

Hay hombres cuya trayectoria no se mide por las honras ni por los despachos recibidos, sino por la talla moral con la que se erigen frente a la adversidad más atroz.

El pasado 20 de octubre de 2026 nos dejó el comandante de Estado Mayor Don Rafael Villalobos Villar, militar de honor, servidor abnegado de España y, por encima de todo, un símbolo viviente de dignidad, entereza y libertad.

Nacido en Larache el 31 de marzo de 1953, el destino puso a prueba la templanza de Rafael desde muy temprano. Huérfano a los cinco años, creció y se formó en colegios para huérfanos del Ejército, templando en la disciplina y la camaradería un espíritu noble que definiría toda su vida. En 1972 ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, donde forjó su vocación de servicio, obteniendo el empleo de teniente el 19 de diciembre de 1975. Tras ocupar diversos destinos con el rigor y la lealtad que caracterizan a los grandes militares, su proyección profesional le llevó a las aulas de la Escuela de Estado Mayor.

Fue allí, siendo comandante y alumno de Estado Mayor, donde la barbarie terrorista irrumpió trágicamente en su vida. El 17 de octubre de 1992, en una jornada dolorosamente grabada en la memoria colectiva —el mismo día en que ETA atentó violentamente contra la niña Irene Villa y su madre—, una bomba lapa adosada a su vehículo personal por la banda terrorista le causó herida de extrema gravedad y la amputación de ambas piernas.

Aquel 17 de octubre los violentos pretendieron mutilar su vida y quebrar su espíritu, pero tropezaron con la fortaleza inexpugnable de un hombre de honor. La vida a partir de ese día se transformó en un camino duro, de dolor físico y abnegada reconstrucción, no solo para Rafael, sino para toda su familia: su esposa y sus dos hijas, que se convirtieron en su pilar fundamental y en testigos de una lección diaria de superación.

Rafael vivió desde entonces con una entereza luminosa. Lejos de amedrentarse o retirarse al olvido, continuó aportando su brillantez intelectual como profesor colaborador en la Escuela de Estado Mayor. Muestra imborrable de su coraje quedó para la historia militar cuando, habiendo completado los exigentes cursos de Estado Mayor, se puso en pie con sus prótesis recién estrenadas para recibir la faja de diplomado de manos del Rey Juan Carlos I. Un gesto supremo de gallardía que conmovió a cuantos presenciaron la escena. Siempre que su salud se lo permitió, acudió al reencuentro con sus compañeros de promoción, siendo para todos ellos un faro constante de fraternidad y rectitud.

l 20 de octubre de 2026, rodeado del afecto incondicional de su familia, amigos y compañeros de armas, el comandante Villalobos emprendió su último viaje. En su despedida, la emoción se entremezcló con la indignación desgarradora ante las paradojas del presente. Como bien expresó un compañero de promoción en su último adiós, resulta doloroso constatar cómo hoy, mientras aquellos que perpetraron o justificaron semejantes atrocidades ostentan cargos públicos, la memoria de las víctimas exige más que nunca justicia y verdad.

Hoy que tanto se habla de relatos de paz y de entregas de armas, la figura de Rafael Villalobos se alza como una llamada imperativa a la conciencia colectiva. No se puede construir una sociedad verdaderamente libre sobre el olvido o la impunidad. Cobran hoy una vigencia estremecedora las palabras que tantas veces repetía ese inolvidable jurista y gran servidor de la justicia que fue el fiscal Eduardo Fungairiño: «Dejar sin castigo un delito es permitir que se repita».

En tiempos donde el miedo y la componenda política amenazan con arrebatar la libertad, el legado del comandante Don Rafael Villalobos Villar permanece inalterable. Su vida no fue solo la de un soldado herido en acto de servicio; fue la encarnación de la nobleza moral frente al terror. La libertad de un pueblo no la conceden los violentos ni la negocian los cobardes; la custodiaron y nos la regalaron hombres como Rafael, cuya memoria histórica jamás podrá ser silenciada. Descanse en paz el comandante de honor.


Francisco José Alonso Rodríguez. – Politólogo.- Sociólogo.- Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a la Libertad “Rafael del Riego. – Medalla Internacional de los DD.HH.

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La Voz Libre del Ágora: Homenaje a Agustín García Calvo

El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 03 de Noviembre de 2026

Hablar de Agustín García Calvo (Granja de Moreruela, 1926 – Zamora, 2012) es adentrarse en los dominios de una de las conciencias más lúcidas, incólumes y heterodoxas de la España contemporánea. Filólogo riguroso, poeta de una hondura desgarradora, dramaturgo, traductor insigne y filósofo al margen de toda academia convencional, García Calvo dedicó su existencia a una tarea tan urgente como implacable: despertar al pueblo del sopor de la Realidad.

A través de su figura monumental se entrelazan la erudición clásica y la más radical rebeldía popular, dejando un legado que continúa desafiando las estructuras del Poder, el Estado y el Capital.

Un magisterio forjado en la disidencia y el saber. La trayectoria vital e intelectual de García Calvo estuvo marcada desde muy temprano por el rigor académico y la coherencia ética. Tras formarse en Filología Clásica en la Universidad de Salamanca —bajo la tutela de la primera promoción del maestro Antonio Tovar—, se doctoró en Madrid a los veintidós años con una tesis sobre Prosodia y métrica antiguas. Su magisterio pasó por las aulas de Zamora, Sevilla y la Universidad Complutense de Madrid, donde ocupó la cátedra de lenguas clásicas.

Sin embargo, su vocación pedagógica y su compromiso con la libertad entraron inevitablemente en colisión con el régimen franquista. En 1965, la dictadura lo separó de su cátedra —junto a figuras de la talla de Enrique Tierno Galván, José Luis López Aranguren y Santiago Montero Díaz— por prestar su apoyo activo a las protestas estudiantiles, provocando además la renuncia voluntaria de intelectuales como José María Valverde y Antonio Tovar.

Este exilio forzoso lo condujo a París, donde fue profesor en la Universidad de Lille y en el Collège de France, trabajó como traductor para la histórica editorial Ruedo Ibérico y coordinó una inolvidable tertulia política en el café La boule d’or del Barrio Latino. Restablecido en su cátedra en 1976 tras el fin de la dictadura, continuó enseñando hasta su jubilación como profesor emérito.

Pensamiento: Contra la Realidad y el Poder. El andamiaje filosófico de García Calvo, nutrido por lecturas presocráticas —especialmente Heráclito— y una profunda reflexión sobre el lenguaje, constituye una de las críticas más demoledoras contra las formas modernas de dominación.

Para el pensador zamorano, la Realidad no es el reflejo fiel de lo que hay, sino una construcción abstracta del Poder. Mediante esta ficción, las cosas vivas, impredecibles e infinitas son reducidas a ideas manejables. La gente es transformada en Individuos (sometidos a la exigencia de ser únicos y, a la vez, sumables en una masa numérica), cuyo destino es administrado por la Democracia y el Estado del Bienestar.

Frente a esta maquinaria, García Calvo reivindicaba «el pueblo»: aquello que queda de la gente por debajo de los individuos, los cabos sueltos de ocurrencias imprevisibles que escapan a todo plan o cálculo. Su combate abarcaba frentes tan cotidianos como lúcidos: desde la crítica frontal al automóvil como vehículo de aislamiento individual hasta la defensa del tren, pasando por su célebre oposición al lema oficial de «Hacienda somos todos» y su cercanía al movimiento 15-M.

Vivencias compartidas: El Ateneo de Madrid y la defensa de la libertad. Mi relación personal con Agustín García Calvo estuvo marcada profundamente por el paisanaje y, de manera muy especial, por los pasillos y salones del Ateneo de Madrid.

Durante más de veinticinco años tuve el honor de presidir la Agrupación de Debates Parlamentarios. Desde ese espacio, y aunque él no era socio de la institución en el sentido tradicional, tuve la ocasión de invitarlo reiteradamente a impartir conferencias en nuestra agrupación. Su verbo afilado y su capacidad para descolocar cualquier certeza oficial cautivaban de inmediato a los asistentes.

Con el tiempo, y ante la necesidad de ofrecerle un cobijo permanente para su magisterio, logramos propiciar el espacio idóneo para que todas las semanas impartiera sus legendarias clases magistrales en La Cacharrería, contando siempre con mi apoyo incondicional y el de quienes veíamos en su palabra un faro de lucidez indispensable.

Años más tarde, cuando la voracidad burocrática se abatió sobre él —concretamente, cuando fue sancionado por Hacienda con una multa considerable por no declarar una subvención destinada a rehabilitar la casa de sus padres—, un grupo de amigos y admiradores, entre los que me encontraba, nos ofrecimos a pagársela íntegramente. Aquel acto de solidaridad elemental, sin embargo, desató la incomprensión pública: recuerdo vivamente cómo una conocida periodista de Zamora me criticó duramente en los medios por salir en su auxilio frente a aquella injusticia fiscal, evidenciando la incomprensión que a menudo rodeaba a los espíritus libres frente a la implacable maquinaria del Estado.

Un legado inmortal. Agustín García Calvo falleció el 1 de noviembre de 2012 en su Zamora natal a causa de una insuficiencia cardíaca. Dejó tras de sí una obra monumental que abarca desde la filología y la lingüística general —con su trilogía Del lenguaje— hasta una poesía deslumbrante (Sermón de ser y no ser, Valorio 42 veces) y piezas dramáticas galardonadas, como Baraja del rey don Pedro.

Recordarlo hoy no es solo evocar al erudito que traducía los clásicos con una frescura desarmante, sino mantener viva la llama de un hombre bueno y libre que nos enseñó a dudar de todo lo establecido, a desconfiar del Poder y a buscar, en el uso común de las palabras, los resquicios de la auténtica vida. Su voz, habitante perenne de La Cacharrería y de nuestra memoria, sigue resonando como un conjuro contra el tiempo. Cuando recordamos el nocimiento hace 100 años, Zamora como siempre a sus hombres más Nobles e Ilustres no lo recuerda con una calle, Plaza o Estatua. Pero nunca dejo de querer y desear pasear por sus calles donde murió el 1 de noviembre de 2012. Agustín degastes un recuerdo imborrable entre tus amigos y paisanos.

Francisco José Alonso Rodrígurez. – Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. Socio del Ateneo desde enero 1980 aunque antes asistía a preparar en su Biblioteca los Cursos de Doctorado.

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La Administración de Justicia, el verdadero problema estructural de España.

por Fco. José Alonso Rodríguez, 05 de Octubre de 2026.

El debate público en España parece monopolizado por la crisis del acceso a la vivienda. Portadas, discursos institucionales y tertulias concentran sus esfuerzos en analizar precios, alquileres e hipotecas. Sin embargo, situar la vivienda como el problema estructural primario del país es errar el diagnóstico. Hay un mal silencioso, profundo y de consecuencias devastadoras para el Estado de derecho, la economía y la convivencia ciudadana: el colapso absoluto de la Administración de Justicia y la consecuente desprotección del derecho a la propiedad privada.

El sistema judicial español no atraviesa una simple racha de sobrecarga; se encuentra sumido en una parálisis sistémica. Las cifras no admiten matices: actualmente existe un atasco de cerca de cinco millones de asuntos pendientes de resolución. Cinco millones de litigios, reclamaciones, causas penales, procesos laborales y pleitos civiles atrapados en un laberinto burocrático que eterniza las resoluciones y convierte la tutela judicial efectiva en un espejismo

La consecuencia inmediata de este colapso es una profunda sensación de frustración e indefensión en la población. Una justicia tardía deja de ser justicia. Cuando un ciudadano debe esperar años para que un tribunal resuelva una indemnización por despido, la custodia de sus hijos o el cobro de una deuda que amenaza la supervivencia de su pequeña empresa, la eficacia de las leyes se desvanece.

El impacto atenaza la economía del país. La incertidumbre jurídica frena inversiones, asfixia a pymes y autónomos que no logran liquidar créditos pendientes y genera una ineficiencia estructural que lastra la competitividad de España.

El atasco no perdona a ningún nivel de la estructura judicial. Especialmente grave es la situación del Tribunal Supremo, la cima de la pirámide jurisdiccional, que acumula cerca de 38.000 asuntos pendientes de resolución judicial. Que la alta magistratura del Estado arrastre semejante volumen de expedientes no solo congela la fijación de doctrina jurisprudencial, sino que denota una incapacidad organizativa que compromete el funcionamiento institucional.

El déficit estructural: una ratio inadmisible frente a Europa: ¿Cómo se ha llegado a este punto? La respuesta radica en que la Administración de Justicia es rotundamente incapaz de absorber el flujo continuo de trabajo porque carece de los medios y del personal indispensable.

El dato más revelador reside en la tasa de jueces por habitante. Mientras que la media en los países de la Unión Europea se sitúa en aproximadamente 18 jueces por cada 100.000 habitantes, España cuenta con una de las ratios más bajas del continente: apenas 6,2 jueces por cada 100.000 habitantes. Croacia: 43 jueces por cada 100.000 habitantes. Eslovenia: 40 jueces por cada 100.000 habitantes. Media europea: 18 jueces por cada 100.000 habitantes. España: 6,2 jueces por cada 100.000 habitantes.

Afrontar un volumen de cinco millones de expedientes con un tercio de la media europea de magistrados es una ecuación matemática imposible. Los jueces y magistrados españoles soportan cargas de trabajo inasumibles, lo

que desemboca en el estancamiento de los expedientes y en retrasos de años para señalar una vista o dictar una sentencia.

Inseguridad jurídica y el problema de la propiedad privada: La ineficiencia del sistema judicial no solo afecta al ámbito civil o comercial, sino que proyecta una imagen externa preocupante. Distintos sectores críticos y análisis en materia de seguridad advierten de que la lentitud procesal y la percepción de impunidad convierten a España en un entorno propicio para la delincuencia. Se ha señalado la existencia de redes organizadas e incluso plataformas en el extranjero donde se difunden pautas y métodos sobre cómo delinquir o aprovechar los vacíos legales del sistema español sin sufrir consecuencias inmediatas.

Uno de los puntos más conflictivos de esta parálisis es el fenómeno de la okupación ilegal. Para diversos juristas y detractores de la gestión actual —evocando posturas firmes en la tradición del análisis fiscal y penalista español, como las expresadas en su momento por figuras como el fiscal Eduardo Fungariño—, la vulneración sistemática de la propiedad privada constituye un delito grave frente al cual los poderes públicos no están ofreciendo la respuesta garantista que exige el marco constitucional.

Desde esta perspectiva, la inacción o la falta de medios no es una mera omisión administrativa, sino una falta de cobertura de los deberes del Estado hacia los ciudadanos. La ausencia de juzgados especializados que permitan resolver los desalojos de forma exprés —en plazos de 24 a 48 horas— y garanticen consecuencias penales y civiles inmediatas para los infractores perpetúa el problema.

A esto se suma la situación de la denominada «inquiokupación», donde propietarios se ven obligados a mantener a inquilinos que dejan de pagar las rentas durante procesos judiciales que pueden dilatarse años. El deterioro de los inmuebles, los destrozos acumulados y la imposibilidad de recuperar las rentas impagadas o exigir responsabilidades efectivas dejan al pequeño propietario en una situación de indefensión y vulnerabilidad económica.

Falta de medios y ataques a la independencia judicial: La responsabilidad directa de este escenario recae sobre la gestión de los poderes públicos. El Gobierno no facilita los recursos materiales, tecnológicos ni personales necesarios para desatascar los juzgados y dotar al sistema de la agilidad que requiere el siglo XXI. La infrapartida presupuestaria histórica destinada a la Justicia ha perpetuado un modelo organizativo obsoleto.

El artículo 24 de la Constitución Española garantiza el derecho de todos los ciudadanos a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales sin que se produzca indefensión y a un proceso público sin dilaciones indebidas. El incumplimiento sistemático de este mandato legal y constitucional resulta inadmisible.

A la escasez de recursos se suma la proliferación de críticas y cuestionamientos vertidos contra el Poder Judicial desde instancias gubernamentales y políticas. En un Estado de derecho maduro, la separación de poderes exige un respeto exquisito entre las distintas instituciones. Descalificar resoluciones o cuestionar públicamente la labor de los jueces erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.

Una reforma urgente e ineludible: España no puede resignarse a convivir con una Justicia lenta, asfixiada y desatendida. Sin una Justicia rápida, independiente y dotada de recursos, ningún otro derecho está plenamente garantizado, incluido el propio derecho a la propiedad.

Garantizar el cumplimiento del mandato constitucional exige dotar con urgencia a la Administración de Justicia de los medios necesarios, incrementar la plantilla de jueces hasta equipararla con los estándares europeos, crear juzgados de actuación rápida frente a la okupación y cesar en la confrontación política con el estamento judicial. Restablecer la eficacia del sistema judicial es la reforma más urgente e ineludible que el país tiene pendiente.

Francisco José Alonso Rodriguez. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Centro de Estudios Ateneos.

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Miguel Chang: una vida entre el Cine, la Arquitectura y la Pintura

El creador que convirtió el arte en un puente entre Oriente y Occidente
Hay artistas cuya trayectoria resulta difícil de encerrar en una sola profesión. Miguel Chang fue uno de ellos. Cineasta, director artístico, arquitecto, diseñador, fotógrafo, pintor, calígrafo y escritor, hizo de la creación un territorio sin fronteras y de su propia vida un extraordinario puente entre China y España.
Conocido también por su nombre chino, Zhang Baoqing, Miguel Chang nació en Nanjing en 1931 y creció en Anqing, en el seno de una familia profundamente vinculada a la cultura. Desde muy joven mostró una especial sensibilidad hacia el dibujo, la pintura y las artes visuales. Su formación y su curiosidad intelectual le llevarían posteriormente a España, país en el que desarrollaría la mayor parte de su carrera y donde terminaría convirtiéndose en una figura singular de la cultura hispano-china.
En 1949 llegó a España como integrante de aquel primer grupo de jóvenes chinos conocido como los «Seis caballeros del río Wanjiang», que viajaron para continuar su formación. Años después estudiaría en la Escuela Oficial de Cine de España, donde se matriculó en 1960 y se graduó en 1965, mientras su formación e intereses relacionados con la arquitectura, la fotografía, el diseño y la pintura ampliaban progresivamente su campo de trabajo.

El cine como espacio de creación

Miguel Chang – Con su cámara de fotos

La faceta que probablemente mejor define su trayectoria fue la dirección artística cinematográfica.
Miguel Chang no se limitaba a decorar un escenario: contribuía a construir el mundo visual en el que se desarrollaba una historia. Decorados, mobiliario, atrezo, ambientación, iluminación, composición y arquitectura formaban para él parte de un mismo lenguaje.
Desde la década de 1960 participó en numerosas producciones internacionales y trabajó junto a cineastas de primera línea, entre ellos Steven Spielberg, David Lynch, Martin Scorsese, Fernando Trueba y Carlos Saura. Las fuentes consultadas documentan más de un centenar de películas y producciones internacionales, aunque algunas publicaciones elevan considerablemente esa cifra.
Su filmografía incluye títulos de enorme repercusión como 55 días en Pekín, La caída del Imperio romano, Dune, Tai-Pan, El imperio del sol, Rojos, El año de las luces y Juana la Loca, además de otras grandes producciones internacionales.
En cada una de ellas, su trabajo contribuía a algo fundamental: hacer que el espectador creyera en el mundo que estaba contemplando. Su conocimiento de la arquitectura, la pintura, la historia y las tradiciones culturales le permitía crear espacios que no eran simples fondos, sino auténticos elementos narrativos.
Su colaboración con Marcela de Juan, figura fundamental en las relaciones culturales entre China y España, fue también decisiva en algunos momentos de su incorporación a grandes producciones cinematográficas.

Arquitectura y diseño: construir espacios con identidad

Miguel Chan – Estudio de Arquitectura

La arquitectura constituyó otra de las grandes vertientes de su personalidad artística.
Para Miguel Chang, un espacio no era únicamente una estructura física. Era también una experiencia, una atmósfera y una forma de comunicación. Esa concepción aparece tanto en sus trabajos cinematográficos como en sus proyectos arquitectónicos y de interiorismo.
Desarrolló proyectos de diseño y arquitectura en distintos lugares, combinando elementos de la tradición oriental con lenguajes occidentales contemporáneos. Su actividad incluyó espacios comerciales, interiores y viviendas, y llegó a dirigir su propio estudio, además de desarrollar su actividad profesional junto a otros diseñadores y arquitectos.
Uno de los episodios destacados de esta trayectoria fue su participación como director técnico de decoración del Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York de 1964. También colaboró con el arquitecto español Fernando Higueras, entre otros proyectos en el ámbito del diseño y la arquitectura.
En 1994-1995 su trayectoria en el interiorismo fue reconocida por Barons Who’s Who International Edition, que lo distinguió como Relevant Interior Designer.

La pintura, la caligrafía y la mirada del artista.

Chica Del Pueblo – Cuadro de Miguel Chang – 1979

Pero reducir a Miguel Chang al cine o a la arquitectura sería dejar fuera una parte esencial de su personalidad.
La pintura y la caligrafía china estuvieron presentes durante toda su vida. Sus obras pictóricas muestran una sensibilidad en la que confluyen la tradición artística china, el paisaje, la observación de la naturaleza y su experiencia vital en Europa.
Su relación con la caligrafía fue especialmente profunda. Entendía pintura y caligrafía como disciplinas estrechamente relacionadas y utilizaba el pincel como una herramienta para expresar aquello que en ocasiones no podía explicarse mediante palabras.
El monográfico de Intramuros recuerda precisamente esta faceta y recoge testimonios de quienes pudieron visitar su estudio y contemplar sus pinturas, dibujos y trabajos caligráficos.

INTRAMUROS-N60_especial Miguel ChangDescarga

Su actividad artística no se limitó a producir obra: también quiso transmitir conocimiento. Entre sus publicaciones figura Introducción al arte chino, aparecida en 1994, una obra concebida para acercar al público occidental a la historia y las diferentes manifestaciones del arte chino. El libro aborda ámbitos como la escritura, la arquitectura, el paisajismo, el jade, la cerámica y otras expresiones de una tradición cultural milenaria, incorporando además dibujos explicativos realizados por el propio Miguel Chang. También se citan entre sus trabajos escritos El jardín privado chino y Manejo de la iluminación cinematográfica.
Un hombre entre dos culturas. Quizá el aspecto más singular de Miguel Chang no se encuentre en ninguna de sus profesiones por separado, sino en la manera en que consiguió unirlas.

Su vida transcurrió entre dos grandes universos culturales.

Conservó una profunda conexión con sus raíces chinas al mismo tiempo que desarrolló una intensa trayectoria profesional en España y en el ámbito internacional.
En él convivían Oriente y Occidente, tradición y modernidad, arquitectura y pintura, cine y literatura. Esa mezcla no fue circunstancial: formó parte de su propia manera de entender el mundo. Por ello, distintos autores del monográfico de Intramuros han insistido en definirlo como un artista difícilmente clasificable. Más que elegir una disciplina, Miguel Chang parecía entenderlas todas como diferentes formas de una misma actividad: contar historias a través de las imágenes, los espacios y las formas.

Miguel Chang – foto en el Parque del Oeste

Madrid y el barrio de Retiro: una parte esencial de su historia Madrid ocupó un lugar fundamental en esa trayectoria. Miguel Chang residió durante décadas en el distrito de Retiro, en la calle del Doce de Octubre, 34, convirtiéndose en un vecino estrechamente vinculado a la vida cultural de la zona.En el mismo edificio tiene la Sede La Liga Española Pro Derechos Humanos.
Su relación con Madrid no fue únicamente residencial o profesional. La ciudad formó parte de su universo creativo y de su identidad personal, mientras que desde ella continuó desarrollando esa actividad de intercambio cultural que caracterizó toda su vida.Por ese motivo, el 10 de febrero de 2026, el Pleno de la Junta Municipal de Retiro aprobó la colocación de una placa conmemorativa en el edificio de la calle del Doce de Octubre, 34, donde tuvo su residencia.
El Ayuntamiento de Madrid presentó el homenaje como un reconocimiento a su trayectoria cinematográfica y a su contribución al diálogo cultural entre Oriente y próximamente se instalará una placa conmemorativa en la fachada del Edificio según comunicado del Ayuntamiento de Madrid.


Francisco José Alonso Rodríguez y Arturo C. Casas Alcalde. – Miembros de la Dirección de la Liga Española Pro Derechos Humanos. “Vecinos del Retiro”.

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De toros, cabestros y ovejas: el peligro del sectarismo político en España

La política contemporánea a menudo parece regirse por inercias que trascienden el presente, resuenan con ecos del pasado y revelan una preocupante degradación del debate público. A finales de los años sesenta, el intelectual y político Dionisio Ridruejo solía repetir una frase de profunda carga simbólica y crítica: España pasa de un país de toros a un país de cabestros. Aquella lúcida advertencia apuntaba a una mutación social y cívica, una transformación donde el carácter pasional, indomable o crítico —representado metafóricamente por el toro— tendía a ser sustituido por la docilidad gregaria del cabestro, animal manso que encamina al rebaño hacia el corral guiado por intereses ajenos.

En paralelo, en las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas, ya se advertía sobre el peligro del «voto ovejuno». Este fenómeno define una dinámica electoral alarmante donde el sufragio deja de ser el resultado de una reflexión individual, madura y razonada sobre el bien común, para convertirse en un acto de estricta pertenencia identitaria. El voto ovejuno opera mediante reflejos condicionados, lealtades ciegas y un sectarismo feroz hacia el discrepante. En este ecosistema, el ciudadano abdica de su capacidad crítica para someterse a las consignas de un grupo, un partido o un líder carismático cuyos intereses particulares o de facción se anteponen sistemáticamente a los intereses de la sociedad en su conjunto.

La democracia bajo asedio: Identidad frente a razón Una democracia saludable se sustenta en la disidencia constructiva, el contraste de ideas y el voto informado. Sin embargo, cuando la política se trivializa, las urnas se transforman en trincheras emocionales. El votante ovejuno no premia la gestión eficaz ni castiga la corrupción; premia la pureza de siglas y el antagonismo. Se vota por inercia, por miedo al adversario magnificado como amenaza existencial, o por el simple calor de pertenecer a una manada ideológica.

Este seguidismo acrítico vacía de contenido real al sistema democrático. Los partidos dejan de rendir cuentas a ciudadanos exigentes y pasan a gestionar clientelas cautivas. El sectarismo político bloquea la búsqueda de consensos transversales y desincentiva la autocrítica, conduciendo a una polarización tóxica que debilita las instituciones y degrada la convivencia civil.

El cinismo de los falsos demócratas Lo más inquietante de este camino es cómo se intenta normalizar y justificar desde ciertos sectores privilegiados. Como bien apuntan algunos observadores críticos ante el discurso de esa autodenominada «progresía de caviar» —aquella que predica desde la comodidad y la desconexión de la realidad cotidiana de los ciudadanos de a pie—, a veces se deslizan proclamas de tintes inquietantes y cainitas. Frases como la de que «la próxima vez ganaremos la guerra» resuenan con una peligrosa ligereza histórica. Es mejor no detenerse demasiado en desentrañar qué pretenden sugerir con semejantes expresiones, pero el mero hecho de que formen parte del imaginario verbal de quienes se autoproclaman adalides del progreso evidencia una preocupante desfachatez democrática y un desprecio absoluto por la concordia reconciliada.

No podemos permitir que España siga avanzando por esta pendiente resbaladiza. Asumir el rol de cabestros guiados por pastores sin escrúpulos o ceder al automatismo del voto ovejuno supone renunciar a nuestra mayoría de edad ciudadana. Urge rescatar el valor de la libertad de criterio, exigir rigor a nuestros representantes y recordar que la democracia no es un concurso de lealtades tribales, sino el ejercicio responsable de la soberanía popular en beneficio de una sociedad libre, plural y justa.

Fomentemos una sociedad con más pensamiento crítico que la polarización identitaria en las urnas. No olvidemos nuestra Historia, pues podemos correr el peligro de repetirla.

Francisco José Alonso Rodríguez. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”.

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León XIV ante Macron “la protección del derecho a la vida es el fundamento imprescindible”

El fundamento sobre el cual se erige toda la arquitectura de la dignidad humana y del orden civil no es el resultado de un consenso político variable ni de un pacto social sujeto a las modas ideológicas de una época. Existe una verdad anterior, sólida e inalienable: el derecho a la protección de la vida es el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho. Sin la salvaguarda de la existencia, cualquier discurso sobre la libertad, la justicia, la educación o la prosperidad queda desprovisto de sustancia. La vida no es una concesión del Estado ni una variable de utilidad social; es la condición de posibilidad de la existencia misma y la premisa sobre la cual cobra sentido la convivencia pacífica.
Frente a la tentación contemporánea de reducir al ser humano a un mero recurso productivo o a un sujeto de derechos condicionados a la salud, la capacidad o la utilidad, la doctrina de la Iglesia y la voz de los sucesores de Pedro han vuelto a alzar la voz con firmeza. El Papa ha situado la defensa incondicional de la dignidad humana en el centro del debate moral del mundo globalizado. Esta dignidad no admite excepciones ni grados: no depende del momento de la gestación, del estado de salud física o mental, ni de la fragilidad de la vejez. Proteger la vida desde su inicio natural hasta su término natural es la prueba de fuego de la madurez ética de una civilización. Cuando una sociedad consiente que la vida vulnerable pierda su valor, resquebraja el principio supremo que protege a todos los demás ciudadanos.
Esta concepción del valor intrínseco de cada persona no surge en el vacío, sino que halla su nutrición más profunda en la defensa de las raíces cristianas. Occidente es, en gran medida, el resultado de una visión trascendente que enseñó que cada individuo es único, amado y dotado de un alma inviolable. La noción del prójimo, el imperativo del cuidado al desvalido y la convicción de que el poder político tiene límites ante la sacralidad de la conciencia humana son herencias directas del humanismo cristiano. Renegar de estas raíces no implica avanzar hacia un progreso neutro, sino arriesgarse al desamparo moral y a la perdida de la memoria histórica que ha humanizado nuestras instituciones.
Un aspecto crucial de esta visión es la comprensión del libre albedrío y de la pluralidad civil. Una sociedad verdaderamente libre no impone la uniformidad, sino que protege la diversidad de conciencias. El verdadero progreso no se logra mediante la homogenización del pensamiento ni a través de la cancelación del que opina diferente.

El totalitarismo —sea explícito o disfrazado de consenso normativo— busca moldear la mente de los ciudadanos bajo un marco único. En cambio, la auténtica libertad respeta y salvaguarda la capacidad de cada individuo para actuar conforme a sus principios éticos y morales más profundos. La objeción de conciencia no es un privilegio concederlo a capricho, sino un dique de contención esencial frente a la arbitrariedad del poder civil.
Por último, para que esta convivencia sea armónica y duradera, es indispensable que la igualdad se asiente sobre la justicia. La igualdad formal ante la ley corre el riesgo de convertirse en una cáscara vacía si no se traduce en dar a cada uno lo que le corresponde por su condición de persona. No hay igualdad real cuando los más débiles quedan desprotegidos bajo el pretexto de libertades individuales mal entendidas. La justicia exige reconocer el valor de la vida en todas sus etapas, proveer las condiciones sociales necesarias para que la familia prospere y garantizar que ningún ciudadano sea excluido o marginado por mantener la fidelidad a sus convicciones.
En conclusión, la construcción de un futuro verdaderamente humano no pasa por la invención de nuevos dogmas relativistas, sino por el redescubrimiento de los pilares que dan estabilidad a la sociedad. Proteger la vida incondicionalmente como el primero de los derechos, sostener la dignidad inherente proclamada por el Papa, abrevar en las raíces cristianas que forjaron nuestros valores, respetar la libertad de conciencia y articular una igualdad arraigada en la justicia son las coordenadas indispensables para orientar nuestro rumbo común. Solo sobre estos cimientos será posible edificar una comunidad pacífica, libre y solidaria.

Francisco José Alonso Rodríguez. – Politólogo. – Sociólogo- Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos.- Premio a las Libertades “Rafael del Riego” Medalla Internacional DD.HH

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Marlaska de la firmeza Togada a la Inconsciencia Política

Existe un fenómeno recurrente en la política contemporánea donde las palabras pronunciadas desde un estrado judicial terminan sepultadas bajo el peso de los moquetes ministeriales. El caso de Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior de España, es quizás una de las muestras más categóricas de esta metamorfosis doctrinal. La brecha entre la interpretación de la legalidad que sostuvo como magistrado y el discurso que hoy articula desde la gestión pública pone de relieve las paradojas de la diplomacia fronteriza y la seguridad en el norte de África.
Para entender el contraste actual, resulta imprescindible hacer memoria. En el año 2014, cuando presidía la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska rubricó un auto judicial de enorme calado internacional. En aquella resolución (el Auto 40/2014), la Sala dejó negro sobre blanco que Marruecos carecía de soberanía sobre el Sahara Occidental. El fallo recordaba que los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975 no transfirieron la soberanía de la excolonia y que España continuaba siendo, a efectos del derecho internacional, la potencia administradora de jure.

El texto judicial era tajante: Marruecos ocupaba un territorio no autónomo sin título legal para ello. Las competencias administrativas o sancionadoras ejercidas por la administración marroquí en la zona carecían de respaldo de derecho internacional, en un contexto marcado por querellas presentadas por delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos contra la población saharaui. Aquella era la voz de la justicia aplicando la doctrina de las Naciones Unidas sin cortapisas ideológica.

Alejandro Martínez Vélez / Europa Press – 23 SEPTIEMBRE 2024

Años después, la realidad del ministro del Interior dista sustancialmente de la perspectiva del juez. La gestión de la seguridad en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ha situado a la administración española en una constante cuerda floja. Las crisis migratorias vividas en el enclave ceutí —marcadas por entradas masivas de miles de personas en episodios de alta tensión fronteriza— han generado un clima de honda preocupación entre la población local.
Desde amplios sectores de la ciudadanía ceutí se denuncia un deterioro insostenible de la convivencia: la presencia inasumible de miles de personas en situación irregular en una ciudad de reducidas dimensiones geográficas, la ocupación de espacios públicos, el repunte del vandalismo y una sensación latente de desprotección urbana. En este escenario, la inquietud vecinal no responde únicamente a la convivencia diaria, sino también a la amenaza implícita de nuevas oleadas de presión migratoria instrumentalizadas desde el país vecino, combinadas con la reiterada pretensión irredentista de sectores políticos marroquíes que siguen reclamando la soberanía sobre las dos ciudades españolas.
Frente a esta coyuntura, la respuesta institucional ha tendido con frecuencia a matizar las denuncias ciudadanas, encuadrando la inquietud social en una percepción de «sensación de inseguridad subjetiva» más que en una crisis de orden público. Una terminología que para muchos habitantes de la ciudad resulta insuficiente frente a la dureza de los hechos cotidianos.

El contraste entre la contundencia judicial de 2014 y la retórica ministerial del presente expone una evidente falta de coherencia. Si frente a la causa saharaui se invocaba el derecho internacional para remarcar la falta de titularidad del Reino de Marruecos sobre el territorio y denunciar la vulneración sistemática de derechos fundamentales, la diplomacia actual parece dispuesta a contemporizar con los mismos actores que tensionan los límites fronterizos de Ceuta.
Calificar el desasosiego de una población bajo presión fronteriza como una mera percepción «subjetiva» minimiza el problema. De la misma manera que los saharauis sufren en el desierto la falta de amparo internacional bajo una administración de facto que no les pertenece, los ciudadanos de Ceuta perciben cómo la geopolítica condiciona su tranquilidad ciudadana. La firmeza que el hoy ministro exhibía cuando vestía la toga para recordar que Marruecos no ostentaba soberanía legítima parece haberse diluido en el pragmatismo del Consejo de Ministros.

La seguridad de las fronteras no puede gestionarse a golpe de eufemismos. Ceuta y Melilla demandan una política estatal firme, que combine el respeto irrestricto a los derechos humanos con una defensa sin titubeos del orden público y la soberanía nacional, recordando que la legalidad internacional no es un traje a la medida que se pueda vestir o desvestir según se ocupe un despacho en la Audiencia Nacional o un sillón en el Ministerio del Interior.
“La dignidad y el honor verdaderos provienen de la conducta, los valores y la integridad de cada individuo, y no del título, puesto o jerarquía que se ostente”.


Francisco José Alonso Rodríguerz. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”.