Existe un fenómeno recurrente en la política contemporánea donde las palabras pronunciadas desde un estrado judicial terminan sepultadas bajo el peso de los moquetes ministeriales. El caso de Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior de España, es quizás una de las muestras más categóricas de esta metamorfosis doctrinal. La brecha entre la interpretación de la legalidad que sostuvo como magistrado y el discurso que hoy articula desde la gestión pública pone de relieve las paradojas de la diplomacia fronteriza y la seguridad en el norte de África.
Para entender el contraste actual, resulta imprescindible hacer memoria. En el año 2014, cuando presidía la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska rubricó un auto judicial de enorme calado internacional. En aquella resolución (el Auto 40/2014), la Sala dejó negro sobre blanco que Marruecos carecía de soberanía sobre el Sahara Occidental. El fallo recordaba que los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975 no transfirieron la soberanía de la excolonia y que España continuaba siendo, a efectos del derecho internacional, la potencia administradora de jure.

El texto judicial era tajante: Marruecos ocupaba un territorio no autónomo sin título legal para ello. Las competencias administrativas o sancionadoras ejercidas por la administración marroquí en la zona carecían de respaldo de derecho internacional, en un contexto marcado por querellas presentadas por delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos contra la población saharaui. Aquella era la voz de la justicia aplicando la doctrina de las Naciones Unidas sin cortapisas ideológica.

Años después, la realidad del ministro del Interior dista sustancialmente de la perspectiva del juez. La gestión de la seguridad en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ha situado a la administración española en una constante cuerda floja. Las crisis migratorias vividas en el enclave ceutí —marcadas por entradas masivas de miles de personas en episodios de alta tensión fronteriza— han generado un clima de honda preocupación entre la población local.
Desde amplios sectores de la ciudadanía ceutí se denuncia un deterioro insostenible de la convivencia: la presencia inasumible de miles de personas en situación irregular en una ciudad de reducidas dimensiones geográficas, la ocupación de espacios públicos, el repunte del vandalismo y una sensación latente de desprotección urbana. En este escenario, la inquietud vecinal no responde únicamente a la convivencia diaria, sino también a la amenaza implícita de nuevas oleadas de presión migratoria instrumentalizadas desde el país vecino, combinadas con la reiterada pretensión irredentista de sectores políticos marroquíes que siguen reclamando la soberanía sobre las dos ciudades españolas.
Frente a esta coyuntura, la respuesta institucional ha tendido con frecuencia a matizar las denuncias ciudadanas, encuadrando la inquietud social en una percepción de «sensación de inseguridad subjetiva» más que en una crisis de orden público. Una terminología que para muchos habitantes de la ciudad resulta insuficiente frente a la dureza de los hechos cotidianos.

El contraste entre la contundencia judicial de 2014 y la retórica ministerial del presente expone una evidente falta de coherencia. Si frente a la causa saharaui se invocaba el derecho internacional para remarcar la falta de titularidad del Reino de Marruecos sobre el territorio y denunciar la vulneración sistemática de derechos fundamentales, la diplomacia actual parece dispuesta a contemporizar con los mismos actores que tensionan los límites fronterizos de Ceuta.
Calificar el desasosiego de una población bajo presión fronteriza como una mera percepción «subjetiva» minimiza el problema. De la misma manera que los saharauis sufren en el desierto la falta de amparo internacional bajo una administración de facto que no les pertenece, los ciudadanos de Ceuta perciben cómo la geopolítica condiciona su tranquilidad ciudadana. La firmeza que el hoy ministro exhibía cuando vestía la toga para recordar que Marruecos no ostentaba soberanía legítima parece haberse diluido en el pragmatismo del Consejo de Ministros.

La seguridad de las fronteras no puede gestionarse a golpe de eufemismos. Ceuta y Melilla demandan una política estatal firme, que combine el respeto irrestricto a los derechos humanos con una defensa sin titubeos del orden público y la soberanía nacional, recordando que la legalidad internacional no es un traje a la medida que se pueda vestir o desvestir según se ocupe un despacho en la Audiencia Nacional o un sillón en el Ministerio del Interior.
“La dignidad y el honor verdaderos provienen de la conducta, los valores y la integridad de cada individuo, y no del título, puesto o jerarquía que se ostente”.

Francisco José Alonso Rodríguerz. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”.