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La Administración de Justicia, el verdadero problema estructural de España.

por Fco. José Alonso Rodríguez, 05 de Octubre de 2026.

El debate público en España parece monopolizado por la crisis del acceso a la vivienda. Portadas, discursos institucionales y tertulias concentran sus esfuerzos en analizar precios, alquileres e hipotecas. Sin embargo, situar la vivienda como el problema estructural primario del país es errar el diagnóstico. Hay un mal silencioso, profundo y de consecuencias devastadoras para el Estado de derecho, la economía y la convivencia ciudadana: el colapso absoluto de la Administración de Justicia y la consecuente desprotección del derecho a la propiedad privada.

El sistema judicial español no atraviesa una simple racha de sobrecarga; se encuentra sumido en una parálisis sistémica. Las cifras no admiten matices: actualmente existe un atasco de cerca de cinco millones de asuntos pendientes de resolución. Cinco millones de litigios, reclamaciones, causas penales, procesos laborales y pleitos civiles atrapados en un laberinto burocrático que eterniza las resoluciones y convierte la tutela judicial efectiva en un espejismo

La consecuencia inmediata de este colapso es una profunda sensación de frustración e indefensión en la población. Una justicia tardía deja de ser justicia. Cuando un ciudadano debe esperar años para que un tribunal resuelva una indemnización por despido, la custodia de sus hijos o el cobro de una deuda que amenaza la supervivencia de su pequeña empresa, la eficacia de las leyes se desvanece.

El impacto atenaza la economía del país. La incertidumbre jurídica frena inversiones, asfixia a pymes y autónomos que no logran liquidar créditos pendientes y genera una ineficiencia estructural que lastra la competitividad de España.

El atasco no perdona a ningún nivel de la estructura judicial. Especialmente grave es la situación del Tribunal Supremo, la cima de la pirámide jurisdiccional, que acumula cerca de 38.000 asuntos pendientes de resolución judicial. Que la alta magistratura del Estado arrastre semejante volumen de expedientes no solo congela la fijación de doctrina jurisprudencial, sino que denota una incapacidad organizativa que compromete el funcionamiento institucional.

El déficit estructural: una ratio inadmisible frente a Europa: ¿Cómo se ha llegado a este punto? La respuesta radica en que la Administración de Justicia es rotundamente incapaz de absorber el flujo continuo de trabajo porque carece de los medios y del personal indispensable.

El dato más revelador reside en la tasa de jueces por habitante. Mientras que la media en los países de la Unión Europea se sitúa en aproximadamente 18 jueces por cada 100.000 habitantes, España cuenta con una de las ratios más bajas del continente: apenas 6,2 jueces por cada 100.000 habitantes. Croacia: 43 jueces por cada 100.000 habitantes. Eslovenia: 40 jueces por cada 100.000 habitantes. Media europea: 18 jueces por cada 100.000 habitantes. España: 6,2 jueces por cada 100.000 habitantes.

Afrontar un volumen de cinco millones de expedientes con un tercio de la media europea de magistrados es una ecuación matemática imposible. Los jueces y magistrados españoles soportan cargas de trabajo inasumibles, lo

que desemboca en el estancamiento de los expedientes y en retrasos de años para señalar una vista o dictar una sentencia.

Inseguridad jurídica y el problema de la propiedad privada: La ineficiencia del sistema judicial no solo afecta al ámbito civil o comercial, sino que proyecta una imagen externa preocupante. Distintos sectores críticos y análisis en materia de seguridad advierten de que la lentitud procesal y la percepción de impunidad convierten a España en un entorno propicio para la delincuencia. Se ha señalado la existencia de redes organizadas e incluso plataformas en el extranjero donde se difunden pautas y métodos sobre cómo delinquir o aprovechar los vacíos legales del sistema español sin sufrir consecuencias inmediatas.

Uno de los puntos más conflictivos de esta parálisis es el fenómeno de la okupación ilegal. Para diversos juristas y detractores de la gestión actual —evocando posturas firmes en la tradición del análisis fiscal y penalista español, como las expresadas en su momento por figuras como el fiscal Eduardo Fungariño—, la vulneración sistemática de la propiedad privada constituye un delito grave frente al cual los poderes públicos no están ofreciendo la respuesta garantista que exige el marco constitucional.

Desde esta perspectiva, la inacción o la falta de medios no es una mera omisión administrativa, sino una falta de cobertura de los deberes del Estado hacia los ciudadanos. La ausencia de juzgados especializados que permitan resolver los desalojos de forma exprés —en plazos de 24 a 48 horas— y garanticen consecuencias penales y civiles inmediatas para los infractores perpetúa el problema.

A esto se suma la situación de la denominada «inquiokupación», donde propietarios se ven obligados a mantener a inquilinos que dejan de pagar las rentas durante procesos judiciales que pueden dilatarse años. El deterioro de los inmuebles, los destrozos acumulados y la imposibilidad de recuperar las rentas impagadas o exigir responsabilidades efectivas dejan al pequeño propietario en una situación de indefensión y vulnerabilidad económica.

Falta de medios y ataques a la independencia judicial: La responsabilidad directa de este escenario recae sobre la gestión de los poderes públicos. El Gobierno no facilita los recursos materiales, tecnológicos ni personales necesarios para desatascar los juzgados y dotar al sistema de la agilidad que requiere el siglo XXI. La infrapartida presupuestaria histórica destinada a la Justicia ha perpetuado un modelo organizativo obsoleto.

El artículo 24 de la Constitución Española garantiza el derecho de todos los ciudadanos a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales sin que se produzca indefensión y a un proceso público sin dilaciones indebidas. El incumplimiento sistemático de este mandato legal y constitucional resulta inadmisible.

A la escasez de recursos se suma la proliferación de críticas y cuestionamientos vertidos contra el Poder Judicial desde instancias gubernamentales y políticas. En un Estado de derecho maduro, la separación de poderes exige un respeto exquisito entre las distintas instituciones. Descalificar resoluciones o cuestionar públicamente la labor de los jueces erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.

Una reforma urgente e ineludible: España no puede resignarse a convivir con una Justicia lenta, asfixiada y desatendida. Sin una Justicia rápida, independiente y dotada de recursos, ningún otro derecho está plenamente garantizado, incluido el propio derecho a la propiedad.

Garantizar el cumplimiento del mandato constitucional exige dotar con urgencia a la Administración de Justicia de los medios necesarios, incrementar la plantilla de jueces hasta equipararla con los estándares europeos, crear juzgados de actuación rápida frente a la okupación y cesar en la confrontación política con el estamento judicial. Restablecer la eficacia del sistema judicial es la reforma más urgente e ineludible que el país tiene pendiente.

Francisco José Alonso Rodriguez. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Centro de Estudios Ateneos.

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JUSTICIA UNIVERSAL

El Día de Zamora

Ecos de Villalar, por Fco. José Alonso Rodríguez, 26 de Agosto de 2025.

En un mundo donde los crímenes más inhumanos —como el genocidio, la tortura y crímenes de guerra, la hambruna como arma de guerra, trascienden las fronteras, el derecho internacional ha creado una herramienta poderosa y necesaria: la jurisdicción universal.


Se le conoce como un principio que permite a cualquier Estado juzgar a quienes cometen estos delitos, sin importar dónde ocurrieron, quiénes son o de dónde vienen. No se trata de una invención moderna, sino de un legado nacido tras la Segunda Guerra Mundial en los tribunales de Núremberg, fue la primera que vez líderes nazis que se consideraban intocables, casi suprahumanos, fueron llevados ante la justicia por crímenes contra la humanidad. Hoy, casi ochenta años después, ese legado sigue vivo, pero con nuevos rostros, nuevas víctimas y nuevos desafíos, pero con las mismas causas de impunidad.


La Corte Penal Internacional (CPI) fue instituida en 1998 como luz de justicia global, concebida como un tribunal de complementariedad, interviene solo cuando los Estados no están dispuestos o no pueden juzgar, su capacidad de acción es constantemente obstaculizada. La Corte Penal Internacional, carece de fuerzas policiales propias y, en demasiadas ocasiones, sus órdenes de arresto quedan en papel mojado. Basta con ver los casos de Benjamín Netanyahu y Vladimir Putin, contra quien la CPI tiene orden de arresto, así como contra otros dirigentes y los Estados “cierran los ojos”. Lo mismo ocurrió con el sudanés Omar al-Bashir, acusado de genocidio en Darfur.
Estos fracasos no son meras concurrencias. Revelan una cruel realidad: cuando el poder político se interpone, la justicia internacional colisiona. Es en este vacío que la jurisdicción universal ha comenzado a cobrar protagonismo. No como un sustituto de la CPI, sino como su complemento indispensable. Donde el Estado falla, donde la CPI se paraliza, donde las inmunidades protegen a los culpables, otros tribunales están asumiendo la tarea.


La orden de detención contra Nicolás Maduro y otros altos dirigentes del régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la represión política sistemática. impulsada por organizaciones de derechos humanos y víctimas, se basa en informes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, así como en evidencia recopilada por la propia Corte Penal Internacional, la política exterior de actores clave como Estados Unidos, que mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro. Aquí se ve cómo la justicia, la diplomacia y las sanciones pueden caminar juntas, siempre que haya interés político y jurídico. Si falta uno, la impunidad vuelve a reinar. En el caso de Nicolás Maduro, no hay confrontación diplomático-judicial, porque no existe inmunidad ya que Argentina y Estados Unidos no le reconocen como presidente de Venezuela, al contrario, le señalan como ser la cabeza de organización terrorista y de capo de la mafia como líder del cartel de los Soles que introduce dora en EE.UU. que tiene abierta una investigación formal. le tiene preocupado, hasta su amigo y testaferro (según cuentan) Rodriguez Zapatero por si es considerado en algún momento como encubridor según asevera la oposición venezolana. Rodríguez Zapatero como José Bono están denunciados ante la CIA como INTERPOL por la Exfiscal General de Venezuela Luisa Ortega (hoy residente en España), por la venta de cuatro buques para el Ejercito venezolano en la época de Chaves, dotados con tecnología de EE. UU estando prohibido por el Gobierno de EE.UU. La venta se realizo en Caracas con la firma de José Bono y Juan Pérez Gomez entonces presidente de Navantia, según asegura la Exfiscala General de Venezuela con un sobreprecio que le reporto a Rodríguez Zapatero y José Bono una comisión de 30 millones de euros.


Se ha afianzado la idea de que ciertos delitos son tan graves que afectan a toda la humanidad. Son normas ius cogens, (tienen fuerza necesaria para no ser derrotada) imperativas, que no admiten excepciones. Y aquí es donde surge una de las grandes inflexibilidades: entre la ética del juez y la pragmática del diplomático.
Para un juez, un homicidio es un delito imperdonable. El arrepentimiento o la indemnización a las víctimas no eximen de la cárcel. Para un Gobierno, a veces es más conveniente presentar al victimario como un ejemplo de cambio, un gesto de reconciliación, aunque eso signifique impunidad o amnistía. Esta verdadera confrontación —entre quienes ejecutan la justicia y quienes manejan el poder— explica por qué figuras como Omar al-Bashir , Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu siguen libres, no por falta de pruebas, sino por falta de voluntad política.


Recordemos el caso de Augusto Pinochet, detenido en Londres en 1998 por órdenes de un juzgado español, marcó un antes y un después. Expuso que un expresidente puede ser juzgado en un país extranjero y que la inmunidad no era intocable. Quedando libre por razones médicas, su detención abrió una brecha que ya no se puede cerrar.
El reto actual es equiparar justicia y política, garantizando que la jurisdicción universal no sea instrumentalizada por favores políticos. Los Estados que la ejerciten deben asegurar procedimientos transparentes, respetar el proceso. Donde el Estado falla, donde las inmunidades y amnistías protegen a los culpables, otros tribunales deben asumir la tarea. No es desobediencia es el destino implacable de la justicia. Los crímenes inhumanos no pueden quedarán sin castigo.


Politólogo. – Sociólogo. – Presidente del Centro de Estudios Ateneos – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España.