por Fco. José Alonso Rodríguez, 05 de Octubre de 2026.

El debate público en España parece monopolizado por la crisis del acceso a la vivienda. Portadas, discursos institucionales y tertulias concentran sus esfuerzos en analizar precios, alquileres e hipotecas. Sin embargo, situar la vivienda como el problema estructural primario del país es errar el diagnóstico. Hay un mal silencioso, profundo y de consecuencias devastadoras para el Estado de derecho, la economía y la convivencia ciudadana: el colapso absoluto de la Administración de Justicia y la consecuente desprotección del derecho a la propiedad privada.

El sistema judicial español no atraviesa una simple racha de sobrecarga; se encuentra sumido en una parálisis sistémica. Las cifras no admiten matices: actualmente existe un atasco de cerca de cinco millones de asuntos pendientes de resolución. Cinco millones de litigios, reclamaciones, causas penales, procesos laborales y pleitos civiles atrapados en un laberinto burocrático que eterniza las resoluciones y convierte la tutela judicial efectiva en un espejismo

La consecuencia inmediata de este colapso es una profunda sensación de frustración e indefensión en la población. Una justicia tardía deja de ser justicia. Cuando un ciudadano debe esperar años para que un tribunal resuelva una indemnización por despido, la custodia de sus hijos o el cobro de una deuda que amenaza la supervivencia de su pequeña empresa, la eficacia de las leyes se desvanece.

El impacto atenaza la economía del país. La incertidumbre jurídica frena inversiones, asfixia a pymes y autónomos que no logran liquidar créditos pendientes y genera una ineficiencia estructural que lastra la competitividad de España.

El atasco no perdona a ningún nivel de la estructura judicial. Especialmente grave es la situación del Tribunal Supremo, la cima de la pirámide jurisdiccional, que acumula cerca de 38.000 asuntos pendientes de resolución judicial. Que la alta magistratura del Estado arrastre semejante volumen de expedientes no solo congela la fijación de doctrina jurisprudencial, sino que denota una incapacidad organizativa que compromete el funcionamiento institucional.

El déficit estructural: una ratio inadmisible frente a Europa: ¿Cómo se ha llegado a este punto? La respuesta radica en que la Administración de Justicia es rotundamente incapaz de absorber el flujo continuo de trabajo porque carece de los medios y del personal indispensable.

El dato más revelador reside en la tasa de jueces por habitante. Mientras que la media en los países de la Unión Europea se sitúa en aproximadamente 18 jueces por cada 100.000 habitantes, España cuenta con una de las ratios más bajas del continente: apenas 6,2 jueces por cada 100.000 habitantes. Croacia: 43 jueces por cada 100.000 habitantes. Eslovenia: 40 jueces por cada 100.000 habitantes. Media europea: 18 jueces por cada 100.000 habitantes. España: 6,2 jueces por cada 100.000 habitantes.

Afrontar un volumen de cinco millones de expedientes con un tercio de la media europea de magistrados es una ecuación matemática imposible. Los jueces y magistrados españoles soportan cargas de trabajo inasumibles, lo

que desemboca en el estancamiento de los expedientes y en retrasos de años para señalar una vista o dictar una sentencia.

Inseguridad jurídica y el problema de la propiedad privada: La ineficiencia del sistema judicial no solo afecta al ámbito civil o comercial, sino que proyecta una imagen externa preocupante. Distintos sectores críticos y análisis en materia de seguridad advierten de que la lentitud procesal y la percepción de impunidad convierten a España en un entorno propicio para la delincuencia. Se ha señalado la existencia de redes organizadas e incluso plataformas en el extranjero donde se difunden pautas y métodos sobre cómo delinquir o aprovechar los vacíos legales del sistema español sin sufrir consecuencias inmediatas.

Uno de los puntos más conflictivos de esta parálisis es el fenómeno de la okupación ilegal. Para diversos juristas y detractores de la gestión actual —evocando posturas firmes en la tradición del análisis fiscal y penalista español, como las expresadas en su momento por figuras como el fiscal Eduardo Fungariño—, la vulneración sistemática de la propiedad privada constituye un delito grave frente al cual los poderes públicos no están ofreciendo la respuesta garantista que exige el marco constitucional.

Desde esta perspectiva, la inacción o la falta de medios no es una mera omisión administrativa, sino una falta de cobertura de los deberes del Estado hacia los ciudadanos. La ausencia de juzgados especializados que permitan resolver los desalojos de forma exprés —en plazos de 24 a 48 horas— y garanticen consecuencias penales y civiles inmediatas para los infractores perpetúa el problema.

A esto se suma la situación de la denominada «inquiokupación», donde propietarios se ven obligados a mantener a inquilinos que dejan de pagar las rentas durante procesos judiciales que pueden dilatarse años. El deterioro de los inmuebles, los destrozos acumulados y la imposibilidad de recuperar las rentas impagadas o exigir responsabilidades efectivas dejan al pequeño propietario en una situación de indefensión y vulnerabilidad económica.

Falta de medios y ataques a la independencia judicial: La responsabilidad directa de este escenario recae sobre la gestión de los poderes públicos. El Gobierno no facilita los recursos materiales, tecnológicos ni personales necesarios para desatascar los juzgados y dotar al sistema de la agilidad que requiere el siglo XXI. La infrapartida presupuestaria histórica destinada a la Justicia ha perpetuado un modelo organizativo obsoleto.

El artículo 24 de la Constitución Española garantiza el derecho de todos los ciudadanos a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales sin que se produzca indefensión y a un proceso público sin dilaciones indebidas. El incumplimiento sistemático de este mandato legal y constitucional resulta inadmisible.

A la escasez de recursos se suma la proliferación de críticas y cuestionamientos vertidos contra el Poder Judicial desde instancias gubernamentales y políticas. En un Estado de derecho maduro, la separación de poderes exige un respeto exquisito entre las distintas instituciones. Descalificar resoluciones o cuestionar públicamente la labor de los jueces erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.

Una reforma urgente e ineludible: España no puede resignarse a convivir con una Justicia lenta, asfixiada y desatendida. Sin una Justicia rápida, independiente y dotada de recursos, ningún otro derecho está plenamente garantizado, incluido el propio derecho a la propiedad.

Garantizar el cumplimiento del mandato constitucional exige dotar con urgencia a la Administración de Justicia de los medios necesarios, incrementar la plantilla de jueces hasta equipararla con los estándares europeos, crear juzgados de actuación rápida frente a la okupación y cesar en la confrontación política con el estamento judicial. Restablecer la eficacia del sistema judicial es la reforma más urgente e ineludible que el país tiene pendiente.

Francisco José Alonso Rodriguez. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Centro de Estudios Ateneos.