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La Sombra de la Impunidad: «Julito» Martínez y la trama de presuntos Testaferros

por Fco. José Alonso Rodríguez, 27 de Agosto de 2026.

El entramado societario que rodea a Julio Martínez Martínez, conocido popularmente como «Julito», expone una de las operativas más complejas del presunto crimen de cuello blanco en la política española reciente. Natural de Elda (Alicante), la figura de Martínez ha emergido en las investigaciones judiciales como un perfil clave: el intermediario que, tras haber estado vinculado en su día al entorno del expresidente valenciano Eduardo Zaplana, redirigió presuntamente sus servicios de facilitador hacia el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La hipótesis que manejan los investigadores sitúa a Martínez como el presunto testaferro encargado de articular las vías para el cobro y blanqueo de mordidas a cambio de influencias en la administración pública.

Sin embargo, lo que agrava sustancialmente la vertiente moral y penal de este caso es la aparente falta de pudor al involucrar en el engranaje a su propio entorno familiar, especialmente a su hermano Manuel Martínez Martínez.

La investigación liderada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional saca a la luz un complejo entramado societario en el que Manuel consta vinculado a cerca de un centenar de empresas activas. La inmensa mayoría de estas entidades carecen de infraestructura comercial real: no disponen de sede física, página web, teléfono de contacto ni actividad mercantil continuada, pero se mantienen dadas de alta legalmente.

La relevancia de esta red opaca cobró dimensiones judiciales tras el controvertido rescate público de la aerolínea Plus Ultra. Según las investigaciones de la UDEF, inmediatamente después del rescate estatal, Julio Martínez asumió el control administrativo de doce sociedades que pertenecían a su hermano Manuel. De esa remesa, al menos nueve empresas instrumentales habrían sido utilizadas de forma directa para presuntamente canalizar pagos e inyecciones de fondos bajo investigación por valor de más de 800.000 euros. La tesis policial apunta a que este traspaso masivo de sociedades no fue casual, sino un movimiento premeditado para crear una cortina de humo societaria capaz de camuflar el rastro del dinero y blindar a los verdaderos beneficiarios de las comisiones.

Frente a la contundencia de las pruebas documentales recopiladas por la policía judicial y las comparecencias ante la Audiencia Nacional, la opinión pública observa con creciente escepticismo e indignación la situación procesal de los implicados. Se cuestiona abiertamente por qué un perfil de estas características no se encuentra bajo medida de prisión preventiva, planteando la sospecha de si Martínez podría haber cerrado ya un pacto de colaboración con la Fiscalía —al estilo de figuras mediáticas de otros esquemas de corrupción como Víctor de Aldama— para atenuar responsabilidades a cambio de señalar a las esferas superiores.

El comportamiento procesal de este tipo de entramados responde al patrón habitual de los delitos económicos de guante blanco. Aquellos que operan al amparo de las estructuras del poder confían frecuentemente en domesticar la acción de la Justicia mediante el uso dilatado de recursos, dilaciones indebidas y maniobras técnicas orientadas a forzar la prescripción de los delitos. Es una estrategia basada en agotar los plazos legales para garantizar el archivo de las causas sin entrar en el fondo del asunto.

No existe mayor acto de cobardía ante el sistema judicial que instrumentalizar la influencia o el poder político para cometer ilícitos y, posteriormente, parapetarse tras el paso del tiempo para eludir la acción penal. Pretender que el transcurso de los años borre la gravedad de los hechos es un espejismo impune: intentar silenciar el delito con prescripciones no lo hace desaparecer. La ciudadanía exige una respuesta firme y sin dilaciones por parte de los tribunales para esclarecer hasta las últimas consecuencias la responsabilidad del clan Martínez y el alcance real de sus ramificaciones políticas.

Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Centro de Estudios Manuel Azaña. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. – Medalla Internacional DD. HH

Una República y un mismo destino trágico: Alcalá-Zamora y Azaña

por Fco. José Alonso Rodríguez, 29 de Junio de 2026.

La Segunda República Española (1931-1939) fue un proyecto de modernización colosal que acabó devorado por la polarización y la violencia. Al frente de aquel Estado democrático solo estuvieron dos hombres como presidentes de la República: Niceto Alcalá-Zamora (1931-1936) y Manuel Azaña (1936-1939). A pesar de encarnar culturas políticas opuestas y de profesar visiones muy distintas sobre cómo debía transformarse el país, compartieron dos rasgos inquebrantables que definieron sus vidas: un profundísimo amor por España y un rechazo absoluto, casi visceral, a la guerra civil.Las discrepancias entre ambos nacían de sus propios orígenes. Niceto Alcalá-Zamora era la encarnación del centrismo liberal y católico. Terrateniente andaluz y antiguo ministro de la monarquía de Alfonso XIII, su llegada al republicanismo fue el resultado de una evolución legalista. Para don Niceto, la República debía ser una casa común, templada y de orden, capaz de atraer a las clases medias y a los sectores conservadores sin asustar a la Iglesia.

Su estilo era legalista, parsimonioso y profundamente apegado al equilibrio institucional.Manuel Azaña, por el contrario, era el alma de la intelectualidad reformista y laica. Escritor brillante y de verbo afilado, entendía la República no como un mero cambio de gobierno, sino como una revolución cultural y social indispensable. Azaña creía que España no saldría del atraso sin una separación tajante entre la Iglesia y el Estado, y sin una reforma profunda del Ejército y de la propiedad de la tierra. Su republicanismo era jacobino, audaz y, a ojos de sus detractores, peligrosamente inflexible. Mientras Alcalá-Zamora buscaba frenar el ritmo para no romper el país, Azaña aceleraba porque temía que el tren del progreso perdiera su oportunidad histórica.Más allá de sus choques políticos —que culminaron con la destitución de Alcalá-Zamora por las Cortes en 1936—, las raíces que los unían eran idénticas. Ambos amaban a España con una devoción intelectual y afectiva desbordante. No era el patriotismo de charretera y desfile, sino el dolorido sentir por una patria rota que compartían los hombres de la Generación del 98.

Deseaban una España culta, europea, libre de caciques y respetada en el mundo.Pero donde su sintonía se vuelve trágica y luminosa es en su rechazo absoluto a la guerra. Ninguno de los dos creyó jamás que las ideas debían imponerse a sangre y fuego. Alcalá-Zamora, destituido meses antes del golpe de Estado de julio de 1936, contempló el estallido del conflicto desde el exilio con el corazón destrozado. Rechazó apoyar a los sublevados, pero se negó en rotundo a justificar la violencia revolucionaria que se desató en la zona republicana.

Prefirió la pobreza del destierro antes que validar la carnicería entre compatriotas. Azaña, atrapado en la presidencia durante toda la contienda, vivió un auténtico calvario. Desde su despacho oficial, intentó desesperadamente buscar la mediación internacional para detener la guerra. Su discurso de julio de 1938, en el Ayuntamiento de Barcelona, es el testamento definitivo de su pacifismo. Lejos de lanzar proclamas de victoria o venganza, pronunció aquellas palabras que resuenan en la historia: «Paz, piedad y perdón». Para Azaña, la guerra no era un triunfo, sino una derrota colectiva; ganar una guerra civil, decía, no era una gloria, sino una inmensa desgracia patria.El destino los equiparó en la derrota. Ambos murieron en el exilio, despojados de todo, pero firmes en sus principios. Alcalá-Zamora falleció en Buenos Aires en 1949, añorando su tierra. Azaña lo hizo en Montauban (Francia) en 1940; cuenta la leyenda que, al morir, su féretro fue cubierto con la bandera mexicana porque las autoridades francesas prohibieron la republicana, pero su verdadero sudario fue el dolor por España. Dos presidentes, dos visiones, pero un solo corazón que se negó a aceptar que la única solución para los problemas de su patria fuera el odio y las trincheras.

“Quienes no respetan y defienden su historia, pierden y desprecian su futuro”.

Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Manuel Azaña. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. -Medalla Internacional DD. HH.

Una deuda de honor: La gesta silenciada del Comandante Luis Báguena y sus guardias civiles en Guinea Ecuatorial

El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 15 de Junio de 2026.

La historia de España está jalonada de episodios donde el cumplimiento del deber roza lo heroico, pero pocos han sido tan injustamente sepultados bajo el manto del olvido institucional como la evacuación de Guinea Ecuatorial entre febrero y abril de 1969. En aquellos meses de zozobra, tras una independencia que derivó de inmediato en la tiranía de Francisco Macías, un puñado de guardias civiles, bajo el mando templado y estratega del comandante Luis Báguena Salvador, logró una de las operaciones de rescate más exitosas y dramáticas del siglo XX: salvar la vida de más de 7000 compatriotas diseminados por la selva africana.

Hoy, casi seis décadas después, la Dirección General de la Guardia Civil y el Gobierno de España mantienen una flagrante deuda histórica con aquellos hombres. Su sacrificio, que puso en grave peligro sus propias vidas y haciendas, fue despachado en su momento como «materia reservada» por las autoridades franquistas y, posteriormente, ignorado por los sucesivos gobiernos democráticos. Es hora de levantar el secreto y hacer justicia a los últimos de Guinea

La propaganda de la época vendió la independencia de Guinea Ecuatorial, proclamada el 12 de octubre de 1968, como un proceso modélico y pacífico. La realidad en el terreno no tardó en tornarse dantesca. La victoria electoral de Francisco Macías —un líder de indiscutible inestabilidad psíquica y exacerbado discurso antiespañol— desató las fuerzas del caos. Alentadas por el nuevo régimen, las llamadas Juventudes en Marcha con Macías iniciaron una campaña de terror, violencia y arbitrariedad contra la población española y los opositores locales.

El país se colapsó económicamente en cuestión de semanas. Los cerca de diez mil residentes españoles, que sostenían el tejido productivo, las plantaciones de cacao y el comercio, se vieron atrapados en un clima preñado de amenazas de muerte, saqueos institucionales y detenciones ilegales. Con el recuerdo aún fresco y sangriento de las matanzas de europeos en el Congo a principios de la década, el temor a un exterminio indiscriminado en el territorio continental de Río Muni y en la isla de Fernando Poo (hoy Bioko) se convirtió en una certeza matemática.

En medio de este polvorín, España mantenía desplegado un batallón de la Guardia Civil. Al frente de estas fuerzas se encontraba el comandante Luis Báguena Salvador, una figura providencial para el destino de miles de personas. Nacido en la propia Guinea, Báguena no era un oficial foráneo ejecutando órdenes burocráticas; conocía íntimamente la psicología de los líderes guineanos, dominaba el idioma fang y poseía un prestigio respetado incluso por las milicias gubernamentales.

Cuando Madrid asumió la inevitable necesidad de evacuar a toda la población civil ante la deriva enajenada de Macías, la responsabilidad de ejecutar el repliegue recayó sobre los hombros de la Guardia Civil. La dificultad de la misión era extrema: en Río Muni, las familias españolas no estaban agrupadas, sino diseminadas en pequeñas factorías, misiones y plantaciones agrícolas aisladas en el corazón de una selva densa, comunicada por pistas impracticables y jalonada por controles militares hostiles comandados por el coronel Tray, un antiguo combatiente de la Guerra Civil española sediento de poder.

La orden de Báguena fue clara, firme y ejecutada con una disciplina espartana: vaciar el interior del país, escoltar a los civiles hacia los puertos de Bata y Santa Isabel (Malabo) y repeler las provocaciones sin desatar un conflicto abierto que sirviera de excusa para una matanza generalizada.

Los guardias civiles, sabiendo que sus propios hogares y bienes en Guinea quedaban expuestos al pillaje inmediato, priorizaron la vida de los colonos. Se adentraron en las plantaciones, organizaron convoyes improvisados y lidiaron, en un juego de alta tensión diplomática y militar, con las milicias de Macías que apuntaban con sus armas a las columnas de refugiados. Los agentes pusieron en juego sus vidas en cada puente, en cada puesto de control, actuando como escudos humanos para que los civiles pudieran embarcar en las naves de la Armada Española enviadas al rescate.

El éxito de la operación raya en el milagro logístico y militar. En una movilización sin precedentes de más de 7000 personas en condiciones extremas de hostilidad, solo se tuvo que lamentar la muerte de un ciudadano español, tiroteado en una balsa en el río Benito. La pericia de Báguena y la templanza de sus hombres evitaron un baño de sangre que parecía inevitable

El castigo a tanta entrega fue el silencio. Para el gobierno español de finales de los sesenta, admitir el desastre absoluto en el que había derivado la descolonización significaba reconocer un fracaso geopolítico clamoroso. Por ello, mediante un decreto fulminante, los sucesos de Guinea fueron declarados materia reservada.

Los héroes regresaron a la metrópoli sin desfiles, sin medallas colectivas de relieve y con la orden estricta de no hablar de lo vivido. Sus haciendas, los ahorros de toda una vida de esfuerzo en el golfo de Guinea, se perdieron para siempre bajo el amparo de las expropiaciones de la dictadura de Macías, sin que el Estado español articulara indemnizaciones justas o un reconocimiento público equivalente al trauma y las pérdidas sufridas.

La llegada de la democracia tampoco reparó esta injusticia. El asunto quedó sepultado en los anaqueles polvorientos de la historia oficial. Salvo contados testimonios bibliográficos de los propios protagonistas en los años ochenta, y recientes esfuerzos documentales y literarios que han intentado tímidamente cubrir esta laguna, la gesta del comandante Báguena sigue siendo una gran desconocida para el gran público español.

La lealtad no puede ser pagada con el olvido. La Dirección General de la Guardia Civil tiene el deber moral de rescatar del anonimato la hoja de servicios de aquellos hombres que mantuvieron el honor del uniforme en las condiciones más ingratas y peligrosas que se recuerdan en la historia colonial de España. No se trata meramente de un ejercicio de nostalgia, sino de un acto de estricta justicia histórica y democrática.

El Gobierno de España, como continuador institucional del Estado, debe una disculpa y un homenaje público a los guardias civiles y a los miles de españoles que lo perdieron todo en Guinea Ecuatorial. Negar el reconocimiento a quienes salvaron 7000 vidas a costa de su propia seguridad es una cobardía política que violenta los valores de gratitud y honor de la nación. Los últimos de Guinea no fueron solo testigos de un naufragio colonial; fueron los salvavidas de miles de compatriotas, guiados por el temple insustituible de un comandante llamado Luis Báguena Salvador. Su deuda sigue pendiente.

Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD.HH.

Comunicado de La Liga Española Pro-Derechos Humanos – Conflicto en Irán

La Liga Española Pro Derechos Humanos, ante la evolución del conflicto armado en Irán y el incremento de la tensión en el escenario internacional, desea expresar su profunda preocupación por las consecuencias humanitarias, sociales y políticas derivadas de toda escalada bélica.
En coherencia con sus principios fundacionales y con los valores recogidos en el Derecho Internacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta entidad considera que España debe preservar una posición de neutralidad responsable y constructiva, orientada a la promoción activa del diálogo, la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas y duraderas.

La experiencia histórica pone de manifiesto que los conflictos armados generan graves vulneraciones de los derechos fundamentales, afectan de manera especialmente dramática a la población civil y comprometen la estabilidad de regiones enteras durante generaciones. Por ello, entendemos que el compromiso con la paz constituye una obligación ética, jurídica y política para las sociedades democráticas.
La neutralidad, entendida como instrumento de prudencia institucional y de compromiso con la convivencia internacional, permite a los Estados contribuir de forma efectiva a los esfuerzos de mediación, a la asistencia humanitaria y al fortalecimiento de los marcos multilaterales destinados a la resolución de controversias por vías diplomáticas.
La Liga Española Pro Derechos Humanos hace un llamamiento a las autoridades públicas, a las organizaciones sociales y a la comunidad internacional para intensificar las iniciativas orientadas a la desescalada del conflicto y a la protección de la dignidad humana en todas las circunstancias.
Reafirmamos, finalmente, que la paz sigue siendo el fundamento imprescindible para la convivencia entre los pueblos, el respeto a la diversidad y la garantía efectiva de los derechos humanos.
Los Estados están obligados a cumplir con los compromisos que tengan firmados para su defensa con otros Estados, cuando se vean amenazados ellos o los otros País


Madrid 12 marzo 2026 – Luis Ruiz de Góngora – Prensa

Rodríguez Zapatero, persona “Non Grata” para el pueblo Venezolano

El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 09 de Febrero de 2026

Todos hemos despertado con un nuevo viaje del expresidente Rodríguez Zapatero a Venezuela para reunirse con Delcy y Jorge Rodríguez, mientras la oposición real advierte del “blanqueamiento” que viene realizando al Régimen narcocriminales.

De todos es conocido que Luis Rodriguez Zapatero está actuando desde que dejo la Presidencia del Gobierno de España como Lobista, sin importarle las opiniones y el daño reputacional que está haciendo a España.

Al bajar del avión a su llegada a Caracas, admitió que tiene una relación “casi diaria” con la actual presidente en funciones a la “Ordenes” del presidente de EE. UU Donald Trump. De Delcy Rodríguez dice con toda tranquilidad que ha creado “esperanza, ilusión y expectativa” en el Pueblo Venezolano.

Piensa reunirse con la OPOSICION COLABORADA del Régimen narcocriminales, como el exlíder opositor Henrique Capriles, Capriles es actualmente repudiado por la oposición mayoritaria. La oposición real de Venezuela rechaza reunirse con Rodríguez Zapatero, al no considerarlo una persona digna y fiable para poder tener una reunión con él. Recordando que fue declarado persona “NON GRATA”. Zapatero avaló el fraude Electoral de las Presidenciales que gano Edmundo González.

«Rodriguez Zapatero, «debe dejar de ser agente del Régimen narco-criminal de Venezuela» es una vergüenza para España.

La llegada de Rodríguez Zapatero a Venezuela unos días antes que se liberan a los presos políticos como consecuencia de la “ley de amnistía” aprobada el jueves (5-2-2026). Para creerse un cavado de cara, ante los problemas que tiene planteados hoy en España.

El mismo Henrique Capriles ha declarado que la amnistía no tiene que ver con gestiones de Zapatero, sino con la presión de EE. UU está ejerciendo sobre el Gobierno venezolana desde que el 3 de enero que arrestó a su presidente, Nicolás Maduro con el cual Rodríguez Zapatero tenía una fluidez interesada. ¿Que pronto se ha olvidado? queda claro que Rodríguez Zapatero solo se mueve por intereses comerciales como Lobista.

El politólogo y analista venezolano José Vicente Carraquero declaró en una cadena de Televisión que la presencia de Rodriguez Zapatero en Venezuela es preocupante y la considera “inoportuna porque en sus acciones anteriores lo que hizo fue ayudar a Nicolás Maduro y a su régimen”. “Este individuo y su pupilo Pedro Sánchez han sido particularmente dañinos a los deseos democráticos de los venezolanos.

Desde el Gobierno de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores han negado tener conocimiento previo de la visita de Zapatero a Venezuela, subrayando que no se trata de una misión oficial. Desde el Ejecutivo insisten en que cualquier gestión relacionada con ciudadanos españoles en el exterior se canaliza exclusivamente a través de la red diplomática y consular. Moncloa opta por marcar esa línea con claridad y evitar interpretaciones que vinculen automáticamente sus movimientos con la acción exterior del Gobierno, “en anteriores ocasiones no fue así” siempre avalo y enfatizó el papel de Zapatero como mediador.

Rodríguez Zapatero no tiene ningún inconveniente que dialogar con los narcocriminales “a través del diálogo se han construido los mejores procesos” “Cada uno de nosotros somos mejores cuando ponemos el perdón, la reconciliación y el reencuentro como nuestros grades ideales”. Rodríguez Zapatero porque enmudecías antes con las atrocidades del Estado narcocriminales que imperaba en Venezuela. “Sería por no entorpecer y obstaculizar tus negocios de Lobista”.

Destaquemos las recientes declaraciones de Iñaki Anasagasti (nació en Venezuela)” Rodríguez Zapatero es un cáncer para España y para Venezuela”. “Rodríguez Zapatero y sus hijas se han colocado muy bien trabajando para la dictadura venezolana”.

La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega ha declarado y ha entregado documentos ante el FBI y la Corte Penal Internacional, todo ello documentado: “El régimen de Maduro hizo “limpieza social” al ejecutar a más de 8.000 personas pobres”. Así como ha declarado en varias ocasiones y presento dichas pruebas ante las Autoridades de EE. UU, que Rodríguez Zapatero y José Bono, recibieron del Régimen de Chaves la cantidad de 36 millones de dólares, por la venta de unas Fragatas con Tecnología de EE. UU que el Gobierno de España presidido por Rodríguez Zapatero tenía prohibido.

Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España.

Pretenden perpetuar al Majzén en el tapiz del Sáhara Occidental

El Día de Zamora, por Felipe Briones Vives, 17 de Noviembre de 2025.

1975. Continúa el toque de queda en todo el Sáhara y las autoridades españolas, para entorpecer las manifestaciones saharauis contra la entrega del Territorio a Marruecos, ordenan rodear con alambradas los principales barrios de las ciudades. España había entregado las fichas y los expedientes personales de todos los saharauis a los marroquíes. Listas de militantes del POLISARIO, simpatizantes o simplemente sospechosos, informaciones sobre domicilios y desplazamientos de personas y familias, actividades, antecedentes políticos…fueron ofrecidos por las autoridades a sus sucesores expansionistas.

La revista Blanco y Negro recuerda que, durante el pasado mes de enero de 1975, Don Juan de Borbón había estado en Rabat invitado por el Rey de Marruecos. Al referirse a los temas de conversación  destaca los referentes a la soberanía del Sáhara; el semanario, dirigido por el segundo Jefe del Gabinete de Prensa del Conde de Barcelona, Luis María Ansón, afirma que Hassan II había ofrecido las siguientes compensaciones: “Dos bases militares como garantía para las Islas Canarias; el cincuenta por ciento de la explotación de los yacimientos de FOSBU-CRAA y, por último, garantía para las labores pesqueras de los pescadores procedentes de las Islas Canarias”. La revista añade que el Monarca explicó a Don Juan que el Sáhara era vital para Marruecos; que el Referéndum supondría la instalación de un régimen radical a los pies de su país, con apoyo argelino; que, acosado por todas las fronteras, el trono alauita podría ser derribado; que entonces España se encontraría a pocos kilómetros de su costa con un país –Marruecos–, en la órbita de la Unión Soviética, lo que, unido a la situación portuguesa, le parecía alarmante para la estabilidad española. “Don Juan –acaba el rotativo– redactó un completo informe sobre la entrevista que envió a su hijo el Príncipe Don Juan Carlos”.

Se ha interpretado que los Acuerdos Tripartitos de Madrid de noviembre de 1975 amparaban la eliminación física, primero, y política después, del Pueblo saharaui. Pero, de igual modo, el Plan estaba construido sobre fundamentos jurídicos, políticos y morales y cálculos falsos que lo abocarían al fracaso.

Rafael Wirth y Soledad Balaguer, periodistas, relataban así lo que iba sucediendo:

“La gente huía, en el más exacto sentido de la palabra. Huían como podían: a pie, en coche, en camello algunos, con su rebaño si les era posible, pero la mayor parte de las veces con un par de cantimploras de agua y un puñado de arroz, con un manto y un bastón como toda pertenencia.

La gente que llegó a los campamentos de refugiados eran personas que no tenían nada, que no sabían verdaderamente qué hacer y cuyas familias estaban muchas veces diezmadas. Que habían pasado para llegar allí un enorme cúmulo de privaciones y sufrimientos. Muchos de ellos anduvieron días y noches hasta alcanzar una de las avanzadillas del POLISARIO, que patrullaba el desierto para recogerlos. La enorme cantidad de niños, que tras una larga marcha por el desierto, con el inmenso frío de la noche saharaui, han quedado absolutamente paralizados, al no haber podido soportar sus jóvenes músculos el enorme esfuerzo; las mujeres embarazadas que han dado a luz prematuramente, teniendo como toda asepsia las manos sucias de los suyos.”

De los 30.000 habitantes saharauis de El Aaiun, sólo quedaron bajo ocupación marroquí unos 6.000; la misma proporción deja Dajla, Smara y La Güera. Muchas otras localidades fueron totalmente abandonadas.

La invasión y posterior ocupación del territorio saharaui por Marruecos será el inicio de un régimen de apartheid, de sistemática violación de los más elementales derechos, no solo civiles y políticos de la población saharaui, tanto en los territorios ocupados como de la población que hubo de arrastrar con las severidades e inclemencias del exilio, sino también de la propia integridad física de tantos civiles saharauis que fueron víctimas de desapariciones en manos de los servicios de seguridad marroquíes. Todo el territorio ocupado se convertirá en un coto cerrado de represión con la mayor brutalidad contra una población indefensa y sin ninguna posibilidad de comunicación con el exterior. Represión, abandono, odio contra los corazones. Las detenciones arbitrarias, las torturas sistemáticas, los allanamientos domiciliarios y las ejecuciones sumarias serán práctica común contra la que no hay protección. Los recursos naturales del territorio, incluso los no renovables, serán esquilmados con frenética rapiña y en total impunidad. Hasta el genocidio cultural de las señas propias saharauis, desde el recién nacido prohibiendo la elección del nombre y de sus apellidos.

Dieciséis años de guerra para expulsar al ocupante, rompiendo el Muro de la Vergüenza; miles de muertos; la voluntad de ser libres, expresada de mil formas distintas; el auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, de procesamiento de altos cargos marroquíes por el genocidio perpetrado desde 1975 a 1991 contra el Pueblo saharaui; un plan de autonomía inventado por Marruecos ya en 2007 y rechazado entonces por el Consejo de Seguridad de la ONU; los Acuerdos económicos entre la Unión Europea y Marruecos sobre el Sáhara Occidental prohibidos por el Tribunal Europeo de Justicia…

Y pese a todo ello, aún humeante el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik con condenas de cadena perpetua, 20, 25 y 30 años de cárcel, el Régimen marroquí ofrece de nuevo, cínicamente, sin cambio alguno, una autonomía a la población saharaui para que, sin ambages, ésta desarbole su Estado, la República, renuncie al referéndum, a su perpetua voluntad de independencia, a que abandone la lucha desde las zonas liberadas, el activismo desde las zonas ocupadas y la resistencia desde los campamentos de refugiados, se adentre en el Sáhara… ¿a cambio de qué? de instalarse definitivamente bajo el manto del Majzén marroquí, la élite dirigente del país que ostenta el poder fáctico, en torno al Rey, jefe y amo de todos. Bajo un sistema represivo que permanecerá incólume. Honestamente, no resulta posible idear, para quien se acerca a la historia del Sáhara Occidental y a la idiosincrasia de su Pueblo, propuesta más estrafalaria y seca de raíz.

Este Plan arranca de la premisa falsa de que Marruecos ostenta la soberanía sobre el Sáhara Occidental y que por ello puede ofrecer una autonomía. La soberanía pertenece al Pueblo del Sáhara Occidental. Excluye, de igual modo, que cualquier vía de solución para el Sáhara debe ser, previa y mutuamente, aceptada por las dos Partes, e incluso quebranta frontalmente la voluntad del propio Marruecos y el POLISARIO al firmar el Plan de Arreglo de 1990-1991, y acordar que la independencia figuraría como una de las dos opciones en la Consulta a los saharauis. En definitiva, cuestiona el estatus internacionalmente establecido para el Sáhara Occidental como Territorio No autónomo pendiente de descolonizar e, igualmente, apuesta por una insoportable solución para los territorios invadidos militarmente y ocupados ilegalmente.

¿Y España? ¡Ah, España!… cualquier país puede alinearse con las tesis de Marruecos. Pero no España. Para Naciones Unidas sigue siendo la potencia colonial hoy en día del Sáhara Occidental. Con base en la carta de la ONU, España tiene la obligación de auspiciar el autogobierno del movimiento de liberación saharaui y apostar por la descolonización del Territorio. El vínculo de España es con el Sáhara Occidental y con su Pueblo y no con Marruecos. La aventura del Presidente español a favor la autonomía del Sáhara Occidental, pronunciamiento para el que carece de competencia, es además nulo porque elimina un referéndum que contemple la opción de la independencia. Y el referéndum y la opción de país libre al Pueblo concernido son las claves para que se produzca una correcta descolonización.

Con un Régimen marroquí que no quiere oír hablar de referéndum sino de ultraje internacional, incapaz de gestionar una autonomía para el Sáhara ni de otorgarla a zonas de Marruecos que sí la desean como el Rif o el Souss, la realpolitik consiste en un Sáhara Occidental libre como la única pieza que ensamble el puzzle del Magreb de los Pueblos.

Felipe Briones Vives, Fiscal del Tribunal Supremo, Colaborador de la Liga Española Pro-Derechos Humanos