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La gran farsa de Ceuta: doble lenguaje, opacidad y compromisos ocultos

El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 24 de Agosto de 2026.

La reciente crisis migratoria desatada en Ceuta tras las entradas masivas ha vuelto a dejar al descubierto la estrategia de comunicación opaca y deliberadamente engañosa del Gobierno de España. Lejos de ofrecer un plan riguroso, firme y coordinado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por escenificar un ejercicio de funambulismo político donde se promete una cosa a la opinión pública mientras, por la espalda, se ejecutan planes radicalmente opuestos. La gestión de los menores extranjeros no acompañados se ha convertido en el enésimo escenario de una política de hechos consumados que esconde un profundo déficit de transparencia institucional.

Por un lado, los pesos pesados del Consejo de Ministros han desplegado una narrativa oficial orientada a calmar la indignación social y dar una falsa sensación de control diplomático. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aseveró con tajante rotundidad que la prioridad absoluta era lograr que «todos y cada uno de los menores» regresaran con sus familias a Marruecos. En una línea similar, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apoyaba públicamente el retorno de quienes ingresaron ilegalmente, condicionándolo de forma vaga a los preceptivos trámites judiciales. Este mensaje buscaba proyectar una imagen de firmeza fronteriza y de colaboración fructífera con el reino alauita.

Sin embargo, la cruda realidad desmonta el relato oficial. Mientras se prometía a los ciudadanos la devolución de los menores a su país de origen, el Ministerio de Juventud e Infancia —dirigido por Sira Rego— trabajaba a marchas forzadas en un plan para trasladar de forma urgente a 500 niñas inmigrantes desde Ceuta hacia la península. Para consumar este traslado sin enfrentarse a la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por la oposición (PP y Vox), el Gobierno ha diseñado un retorcido atajo jurídico: mantener la tutela administrativa en la Ciudad Autónoma de Ceuta mientras se delega la guarda física a organizaciones privadas de protección infantil en territorio peninsular.

Con esta triquiñuela legal, el Ejecutivo ningunea las competencias autonómicas y el debate parlamentario, imponiendo un reparto encubierto mientras sigue vendiendo a la opinión pública un supuesto plan de retorno a Marruecos que jamás se ejecuta. Cuando la ministra portavoz, Elma Saiz, fue interpelada sobre estas contradicciones, la respuesta fue la evasiva sistemática

y el refugio en clichés conceptuales como el «interés superior del menor» o el anuncio de transferencias millonarias. Ninguna explicación plausible sobre por qué se afirma negociar devoluciones con Rabat mientras de facto se organiza el reparto masivo por la geografía nacional.

Este engaño sistemático no puede analizarse como un mero error de coordinación ministerial, sino como el síntoma de una servidumbre política preocupante. ¿Por qué el Ejecutivo de Pedro Sánchez es incapaz de exigir a Marruecos que asuma la responsabilidad sobre sus propios ciudadanos y menores? La respuesta se halla en la nebulosa de compromisos opacos que el presidente y el lobby de poder del PSOE han contraído con la monarquía alauita desde el giro unilateral sobre el Sáhara Occidental.

Desde el viraje diplomático de 2022 —tomado de forma personalista por Sánchez y a espaldas de las Cortes Generales—, la política exterior española hacia Marruecos se caracteriza por la sumisión y la falta de explicaciones. Existen numerosos e intensos intereses entrelazados, redes de influencia y presiones geoestratégicas que parecen atar de pies y manos al Gobierno. Marruecos utiliza la presión migratoria y la gestión de sus fronteras como una herramienta de chantaje político constante, sabedor de que el Palacio de la Moncloa cederá a cualquier pretensión antes que arriesgarse a una grieta en la fachada de la «nueva etapa de amistad».

El pueblo español asiste impotente a un espectáculo donde el Gobierno prefiere tensionar la convivencia territorial, desbordar las capacidades de acogida peninsulares y bordear el choque constitucional con las comunidades autónomas antes que exigir de forma firme al Gobierno marroquí el cumplimiento de los tratados internacionales de repatriación de menores. Es hora de que Pedro Sánchez rinda cuentas de forma transparente, aclare qué compromisos personales y partidistas mantiene con el régimen marroquí y deje de tratar a los ciudadanos españoles como meros espectadores de su permanente política de la confusión.

Francisco José Alonso Rodríguez. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional de DD. HH.

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El crimen de Estado contra «El Empecinado»: 201 años del martirio constitucional frente a la felonía de Fernando VII

por Fco. José Alonso Rodríguez, 20 de Agosto de 2026.

18 agosto 2026


El 19 de agosto de 1825, la Plaza Mayor de Roa (Burgos) presenció uno de los episodios más oscuros e ignominiosos de la historia de España. Por orden directa del monarca absolutista Fernando VII, el heroico militar Juan Martín Díez, universalmente conocido como «El Empecinado», moría en la horca tras soportar casi dos años de presidio en condiciones inhumanas. Aquella ejecución no constituyó un acto de justicia, sino un deliberado crimen de Estado dictado por la sed de venganza de un régimen tiránico e incapaz de tolerar la dignidad de quien jamás traicionó sus principios constitucionales.


Nacido en 1775 en Castrillo de Duero (Valladolid) —cuyos habitantes recibían el gentilicio de «empecinados» por las pecinas o cieno de su arroyo local—, Juan Martín encarnó el espíritu del pueblo llano alzado en armas. Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), este campesino reconvertido en genio militar revolucionó la táctica bélica al inventar la guerra de guerrillas, hostigando sin descanso a las tropas napoleónicas y ganándose la admiración de la nación hasta alcanzar el rango de Capitán General.


Sin embargo, el compromiso de El Empecinado no se limitaba a expulsar al invasor extranjero; su verdadero ideal era la libertad y la soberanía popular. Al promulgarse la Constitución de Cádiz de 1812 —«La Pepa»—, la juró con la convicción de que la independencia patria resultaba estéril sin la igualdad ante la ley. Años más tarde, tras el retorno de Fernando VII y el posterior periodo del Trienio Liberal (1820-1823), Martín Díez mantuvo una lealtad inquebrantable hacia el orden constitucional.
Frente a la firmeza ética del héroe castellano, la figura de Fernando VII representa el reverso más amargo de la Corona española. Conocido popularmente en sus inicios como «el Deseado», el monarca pasó a la historia con el merecido epíteto de «el Felón». Gobernante ladino, desconfiado y chabacano, Fernando VII ejerció el poder guiado por la pura supervivencia personal y el nepotismo, rodeándose de camarillas corruptas e inclinándose servilmente ante Napoleón mientras la población civil entregaba su vida en los campos de batalla. Pese a haber jurado la carta magna con la célebre frase «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional», el rey traicionó cada una de sus promesas, reinstaurando un absolutismo voraz dedicado a perseguir y exterminar a liberales y afrancesados. Incapaz de someter a El Empecinado en el campo de batalla de las ideas,
El régimen absolutista intentó comprar su silencio. Fernando VII le ofreció honores, cuantiosas sumas de dinero y títulos nobiliarios a cambio de retractarse de la causa liberal.
La respuesta del guerrillero resuena dos siglos después como una lección magistral de ética pública:

«Diga usted al rey que, si no quería la constitución, que no la hubiera jurado; que el Empecinado la juró y jamás cometerá la infamia de faltar a sus juramentos».


Ante semejante integridad, la Corona optó por el escarmiento violento. Tras ser apresado en Olmos de Peñafiel, sufriendo vejaciones y aislamiento en Roa, fue conducido al cadalso en un proceso desprovisto de cualquier garantía legal. Aquel 19 de agosto de 1825 pretendieron borrar con la soga el ejemplo de una vida consagrada a la patria y al derecho.
Hoy, al cumplirse el 201.º aniversario de su asesinato, la sociedad civil y diversas entidades rinden homenaje a este faro ético. Convocados por el Círculo Cultural Juan Martín ‘El Empecinado’, los actos conmemorativos se despliegan en la geografía castellana: a las 12:00 horas en Burgos, mediante un tributo floral ante el mausoleo donde reposan sus restos, y a las 20:00 horas en Valladolid, frente a la casa que habitó el militar. Asimismo, colectivos como el Partido Nacionalista de Castilla y León (PANCAL-URCi),el Ateneo Cultural Villalar y el Centro de Estudios Manuel Azaña, reiteran la histórica petición para que el Ayuntamiento de Burgos autorice el traslado de sus restos mortales a Castrillo de Duero, haciendo honor al deseo del héroe y de sus descendientes.
Recordar a El Empecinado en esta efeméride no es un mero ejercicio de nostalgia histórica, sino una reivindicación plenamente vigente. Su sacrificio recuerda que el honor, el cumplimiento de la palabra dada y la defensa del imperio de la ley no se negocian ni se someten ante el despotismo. Dos siglos después, la terquedad democrática de Juan Martín prevalece sobre la sombra del gobernante felón que ordenó su asesinado de Estado. “El odio no es algo natural e inevitable, se programa y Fernando VII programo el asesinado de Estado del “El Empecinado”. La dignidad de El Empecinado era la demostración de su ignominia ante el Pueblo.

Francisco José Alonso Rodríguez. – Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos.- Círculo Cultural Juan Martín El Empecinado Madrid.- Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD.HH.

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El Cristoneofascismo y la Quiebra de la Alianza Político-Religiosa

El Dia de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 17 de Agosto de 2026.

En el escenario político global actual se observa el avance de corrientes de extrema derecha que, apoyadas en el capitalismo ultraliberal, instrumentalizan los símbolos y narrativas del cristianismo para legitimar discursos excluyentes y autoritarios. A este fenómeno, el reconocido teólogo español Juan José Tamayo lo ha denominado «Cristoneofascismo» (o la Internacional Cristoneofascista), una categoría analítica desarrollada ampliamente en sus obras, como La Internacional del Odio (Editorial Icaria) y La compasión en un mundo injusto.

El concepto de cristofascismo fue acuñado originalmente en 1970 por la teóloga evangélica alemana Dorothee Sölle para denunciar cómo sectores de la Iglesia respaldaron la ideología nazi. Retomando esa memoria histórica, Tamayo actualizó el término al acuñar «cristoneofascismo» para describir una nueva alianza política y religiosa:

«Una estrecha simbiosis entre la extrema derecha ultraliberal y los movimientos cristianos integristas, donde los valores del Evangelio se pervierten para convertirlos en herramientas de odio, patriarcado y exclusión.»

Esta corriente promueve un retorno explícito a la comunión entre política y religión, rompiendo la laicidad del Estado. A través de este matrimonio ideológico, líderes ultraconservadores apelan a «la fe, la patria y la familia tradicional» para desmantelar avances sociales y recortar derechos a minorías.

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la investigación teológica es que esta corriente no opera de forma marginal; encuentra refugio y legitimación en las propias estructuras de la Iglesia. Tamayo advierte que sectores episcopales y obispos de línea dura —críticos con las reformas del Vaticano— han abierto la puerta a estos movimientos, ofreciendo amparo doctrinal y cobertura mediática a discursos radicalizados.

Esta fractura interna sitúa a la jerarquía más conservadora en rumbo de colisión directo con el magisterio reciente de la Santa Sede.

Frente al avance del cristoneofascismo, la autoridad moral de los dos últimos pontífices ha actuado como un muro de contención fundamental ante la instrumentalización de la fe:

  • Benedicto XVI (Joseph Ratzinger): Advirtió de forma reiterada contra la «dictadura del relativismo» y condenó el intento de utilizar la fe como un instrumento ideológico de poder. Como teólogo, siempre defendió que el cristianismo no puede transformarse en una ideología política ni en un sistema estatista de imposición.
  • Francisco (Jorge Mario Bergoglio): Ha sido la voz más crítica frente al populismo reaccionario. A través de encíclicas como Fratelli Tutti (sobre la fraternidad y la amistad social) y sus constantes llamamientos a la acogida de migrantes y a la justicia social, el Papa Francisco ha denunciado que el nacionalismo xenófobo y el odio no pueden legitimarse jamás bajo el nombre de Cristo.

El trabajo crítico de Juan José Tamayo pone de manifiesto el grave riesgo que supone secularizar lo sagrado para fines antidemocráticos. Frente al riesgo de una fe convertida en trinchera ideológica, el camino trazado por el Magisterio de la Iglesia y por la teología de la liberación exige recordar que el corazón del mensaje cristiano radica en la compasión, la fraternidad universal y la defensa inquebrantable de la dignidad humana.

Francisco José Alonso Rodríguez. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional de DD. HH.

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La sombra del Majzén sobre Ceuta

El Distrito, por Fco. José Alonso Rodríguez, 17 de Agosto de 2026.

Lo sucedido a finales de julio de 2026 en la frontera de Ceuta no fue una marejada humana espontánea ni una desafortunada coincidencia fruto de la desesperación puntual. La irrupción de cerca de 80.000 personas en la ciudad autónoma en cuestión de pocas horas constituye un episodio sin precedentes que ha superado cualquier antecedente en la historia reciente de las fronteras hispano-marroquíes. Intentar reducir un despliegue de semejante magnitud a un mero «efecto llamado» movilizado de forma caótica a través de redes sociales es ignorar deliberadamente el funcionamiento del aparato del Estado marroquí. Todo apunta a que estamos ante una operación minuciosamente diseñada y trabajada durante meses desde las altas esferas del poder alauita, bajo la dirección o el implícito consentimiento del rey Mohamed VI, ya que sin su autorización expresa nada de este calado ocurre en sus fronteras.

Para que decenas de miles de personas converjan de manera simultánea en un punto geográfico tan preciso como las inmediaciones de Castillejos y los espigones del Tarajal y Benzú, se requiere una infraestructura organizativa que no se improvisa en cuestión de días.

• Movilización de transportes a gran escala: El desplazamiento masivo de jóvenes, familias y colectivos procedentes de diversos puntos del interior de Marruecos requirió una red de transportes y desplazamientos coordinados a escala regional y nacional.

• Inacción deliberada de las fuerzas de seguridad: Marruecos mantiene uno de los dispositivos policiales y militares más severos e intrusivos de la región norteafricana, con una presencia férrea en el perímetro fronterizo con España. La apertura de facto o la pasividad absoluta de la gendarmería en los controles durante las horas clave solo puede responder a una orden directa y jerárquica de levantar la guardia.

• Infiltración y agitación digital organizada: Aunque los canales de mensajería instantánea y las redes sociales sirvieron como altavoz, la creación de la narrativa y la difusión masiva previa requirieron semanas de preparación estratégica para canalizar y dirigir el flujo hacia la frontera.

En la estructura política de Marruecos, donde la cúpula militar, la gendarmería y los servicios de inteligencia responden en última instancia al Palacio Real, un movimiento fronterizo de estas características es absolutamente imposible de ejecutar sin la luz verde del Majzén.

Marruecos ha demostrado históricamente una maestría indiscutible en la utilización de la presión migratoria como baza en su agenda de política exterior. Lo vivido en Ceuta no es más que la manifestación más extrema de lo que los analistas militares denominan guerra híbrida: utilizar flujos humanos como un elemento de presión geopolítica, económica y social sobre el vecino del norte.

A este escenario hay que añadir que las recientes declaraciones de los ministros españoles afirmando que los migrantes volverán a Marruecos tras entablar conversaciones con sus homólogos no son más que una cortina de humo mediática. La postura de Rabat hacia España es constante: emitir señales inequívocas de que son ellos quienes marcan los tiempos, las pausas y las condiciones en la relación bilateral, tanto en el ámbito comercial como en el diplomático.

Al mismo tiempo, la ciudadanía exige explicaciones claras y veraces por parte del presidente Pedro Sánchez sobre la verdadera naturaleza de su relación con el reino alauita. Tras los episodios de espionaje a través de su dispositivo móvil y los giros diplomáticos opacos de los últimos años, la transparencia absoluta sobre los compromisos asumidos con Rabat ya no es una opción política, sino un imperativo de seguridad nacional.

Francisco José Alonso Rodriguez. -Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. -Centro Cultural Ateneos. – Premio a las Libertades. – Medalla Internacional DD.HH.

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La Primera Enmienda no es un escudo para la difamación: El cerco judicial sobre Luis Arroyo

La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es uno de los pilares más robustos de su democracia. Este precepto prohíbe de forma tajante que el gobierno promulgue leyes que coarten la libertad de palabra, de prensa, el derecho a la reunión pacífica o el de solicitar al gobierno la reparación de agravios. Sin embargo, existe un malentendido común: la creencia de que esta sólida protección constitucional es un cheque en blanco para decir cualquier cosa en el espacio público sin sufrir consecuencias legales.


La jurisprudencia estadounidense es sumamente clara al respecto: el derecho de opinión no ampara la difamación. Difamar no es informar. Mientras que las opiniones, las valoraciones subjetivas y las críticas políticas están fuertemente protegidas, la divulgación deliberada de hechos falsos con la intención explícita de dañar la reputación, el honor y la imagen pública de un individuo cruza la línea de la legalidad.
Para que una declaración sea considerada difamatoria bajo la ley, esta debe carecer de interés público real y sostenerse sobre falsedades propagadas con malicia. La libertad de expresión protege la libre circulación de ideas y la fiscalización del poder, pero no la fabricación de calumnias destinadas a destruir el prestigio personal o profesional de un ciudadano.
Este límite legal es el núcleo del conflicto que rodea que se presenta como consultor y comunicador Luis Arroyo. Durante una reciente intervención en la televisión pública española (RTVE), Arroyo vertió graves descalificaciones contra el Presidente de los Estados Unidos, refiriéndose a él en términos como «payaso» y «criminal» entre otras descalificaciones.


Lejos de enmarcarse en una crítica política legítima, estas afirmaciones han sido señaladas como un ataque directo a la dignidad del mandatario, utilizando la proyección de un medio masivo para difundir imputaciones injuriosas.
Por este motivo, se ha presentado formalmente en estos días una denuncia ante la Fiscalía de los Estados Unidos en Miami contra Luis Arroyo. La acusación sostiene que sus declaraciones en RTVE constituyen una campaña de difamación deliberada que busca dañar la imagen pública de la figura presidencial, un acto que no encuentra amparo bajo la doctrina de la Primera Enmienda al tratarse de imputaciones falsas y ofensivas formuladas de manera pública.


La denuncia penal en territorio estadounidense se suma a una compleja situación legal que Arroyo ya arrastra en España. En los tribunales españoles, el denominado comunicador acumula otras querellas presentadas por antiguos amigos y socios cercanos, quienes le acusan de delitos como: Amenazas y coacciones. – Administración desleal.
El origen de estas disputas nacionales se remonta a la adjudicación del arrendamiento de la Cantina del Ateneo de Madrid. Según consta en las denuncias, Luis Arroyo les aseguro que el local disponía de una Puerta de Entrada individual y operativa por la calle Santa Catalina 10, cuando en realidad se trataba de una Salida de Emergencia del propio edificio, un detalle critico que derivó en la inviabilidad comercial de la explotación y en la posterior clausura decretada por el Ayuntamiento de Madrid.
Esta ocultación de la realidad técnica y legal del espacio afectó gravemente la viabilidad del negocio de sus antiguos colaboradores, quienes terminaron perdiendo su inversión y recurriendo a la vía judicial para exigir responsabilidades por la administración desleal de la que se consideran víctimas.


La responsabilidad de la palabra: La libertad de prensa y de expresión son derechos fundamentales que deben protegerse con celo, pero su defensa exige delimitar con claridad dónde termina la crítica y dónde empieza el delito. Tanto en los tribunales de Miami como en los de España, Luis Arroyo deberá responder por la diferencia entre emitir una opinión y cometer un atropello legal. “El nivel cultural de Luis Arroyo no es de Opinador es de Difamador”.


Francisco José Alonso Rodríguez. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional de DD. HH.

Ignacio Moratinos Delgado «El Empecinado».- Coordinador Liga Española Pro Derechos Humanos en Castilla y León.- Presidente Círculo Cultural Juan Martín El Empecinado.

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Ramón Pérez de Ayala: cuando el Delito se viste de Gala

por Fco. José Alonso Rodríguez, 09 de Agosto de 2026.

Hay frases que desafían el paso del tiempo y conservan una lucidez punzante, capaces de explicar el presente con la precisión de un bisturí. Una de las más célebres del escritor, periodista y ensayista asturiano Ramón Pérez de Ayala sintetiza con amarga ironía una constante de la condición humana y de las estructuras de poder: «Cuando la estafa es enorme, ya toma un nombre decente». Más de medio siglo después del fallecimiento del autor ovetense, esta reflexión no solo rehúsa envejecer, sino que cobra un vigor renovado en el debate público contemporáneo.

Nacido en Oviedo en 1880 y encuadrado en la brillante Generación del 14, Pérez de Ayala destacó por una obra caracterizada por el sentido crítico, el análisis psicológico y un manejo impecable de la ironía. A través de novelas fundamentales como Belarmino y Apolonio, Tigre Juan o A.M.D.G., el escritor nunca se limitó a la mera narración; su propósito fue siempre cuestionar los dogmas, las apariencias y los vicios sociales de su época. Su vasta cultura y su experiencia como embajador en Londres le otorgaron una visión privilegiada sobre los mecanismos del poder y la moral colectiva.


La premisa vertida en su célebre cita expone un fenómeno recurrente: la doble vara de medir con la que la sociedad evalúa el delito y la falta. Cuando un engaño es modesto o lo comete un ciudadano común, la condena es inmediata, tajante y explícita. Se le aplican etiquetas severas y el castigo social o penal no se hace esperar. Sin embargo, cuando la trampa alcanza dimensiones masivas, involucra sumas astronómicas o surge desde las altas esferas políticas, financieras e institucionales, la percepción se altera drásticamente.


En esos escenarios, el lenguaje sufre un proceso de sofisticación e higienización. Las irregularidades dejan de llamarse «robo» o «fraude» para rebautizarse bajo eufemismos técnicos, reestructuraciones inevitables, vacíos legales o complejos reajustes de mercado. El volumen de lo defraudado y el prestigio de sus responsables les otorgan una pátina de respetabilidad que diluye la gravedad del acto. Lo que en pequeña escala genera indignación, a gran escala se normaliza o se asume como una fatalidad del sistema.


Pérez de Ayala señalaba así la condescendencia y la pasividad de una sociedad que tiende a encogerse de hombros ante la injusticia cuando esta viste de etiqueta y exhibe influencia. La vigencia de su pensamiento nos advierte de que el verdadero peligro para la convivencia y la ética pública no radica únicamente en la falta cometida, sino en la capacidad de las estructuras de poder para institucionalizar el engaño y transformarlo en una convención aceptable. Recordar sus palabras es un ejercicio necesario de higiene mental para no dar por decente aquello que, por grande que sea, no deja de ser una estafa. (delito)


Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD.HH.

Ignacio Moratinos Delgado «El Empecinado».- Coordinador Liga Española Pro Derechos Humanos en Castilla y León.- Presidente Círculo Cultural Juan Martín «El Empecinado»

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Honor, memoria y libertad: a Juan Martín Díez, «El Empecinado», en el 201.º aniversario de su asesinato de Estado

El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 07 de Agosto de 2026

El próximo 19 de agosto, Castilla y León rendirá tributo a uno de sus hijos más venerados, figura capital en la lucha por la independencia de España y la defensa inquebrantable de las libertades constitucionales: Juan Martín Díez, «El Empecinado». Al cumplirse 201 años de su trágico e injusto ajusticiamiento —un auténtico crimen de Estado perpetrado por orden directa del rey absolutista Fernando VII—, la ciudadanía está convocada a participar activamente en dos actos conmemorativos que tendrán lugar en las ciudades de Burgos y Valladolid.
La jornada del 19 de agosto se articulará en dos escenarios principales:
A las 12:00 horas en Burgos: Acto de homenaje ante su mausoleo, donde reposan los restos mortales del insignio militar.
A las 20:00 horas en Valladolid: Concentración conmemorativa frente a la casa donde vivió el héroe castellano.
Nacido en Castrillo de Duero (Valladolid) en 1775, Juan Martín Díez se convirtió en una leyenda viva durante la Guerra de la Independencia (1808-1814). Encabezando las partidas guerrilleras que hostigaron sin descanso a las tropas napoleónicas, su coraje y perspicacia militar desconcertaron a los mariscales franceses y le valieron el reconocimiento unánime de la nación.
Sin embargo, el genio militar de «El Empecinado» no solo se alimentaba de la defensa de la patria frente al invasor extranjero, sino de un profundo compromiso con la soberanía popular y los derechos del pueblo español. Cuando se promulgó la Constitución de Cádiz de 1812 —«La Pepa»—, la juró con la firmeza de quien entiende que la verdadera independencia requiere libertad e igualdad ante la ley.


Dignidad frente al despotismo de Fernando VII.

Tras el retorno de Fernando VII y la restauración del absolutismo más férreo, El Empecinado se mantuvo fiel a sus principios democráticos y al régimen constitucional durante el Trienio Liberal (1820-1823). El monarca absolutista intentó comprar su lealtad ofreciéndole títulos nobiliarios, honores y cuantiosas sumas de dinero a cambio de retractarse de su causa. La respuesta del héroe castellano resuena en la historia con la contundencia de un legado inmortal:
«Diga usted al rey que, si no quería la constitución, que no la hubiera jurado; que el Empecinado la juró y jamás cometerá la infamia de faltar a sus juramentos.»

Ante la imposibilidad de doblegar su integridad, el régimen absolutista reaccionó con crueldad. Juan Martín Díez “El Empecinado” fue apresado en Olmos de Peñafiel y encarcelado durante casi dos años en condiciones inhumanas en Roa. Finalmente, el 19 de agosto de 1825, tras un proceso carente de garantías legales y por orden expresa de la Corona, fue ejecutado en la horca en la Plaza Mayor de Roa. Aquel acto no fue una ejecución judicial, sino un crimen de Estado diseñado para acallar la voz de la dignidad y la razón.


Llamamiento a la memoria colectiva de Castilla y León.

Dos siglos transcurridos no han logrado borrar el valor de su sacrificio. Hoy, la figura de “El Empecinado” se alza no solo como un símbolo de la resistencia militar castellana, sino como un faro ético y democrático. Recordar su figura implica reivindicar la vigencia de los valores por los que entregó la vida: el imperio de la ley, la libertad ciudadana y el rechazo frontal a la tiranía y a la corrupción del poder.
Por todo ello, se invita a vecinos, colectivos culturales, historiadores y a toda la ciudadanía de Castilla y León a sumarse masivamente a esta doble cita de recuerdo y justicia histórica el próximo 19 de agosto:
Burgos (12:00 h): Un floral tributo ante el mausoleo de El Empecinado, rindiendo honores a los restos de quien nunca se arrodilló ante el absolutismo.
Valladolid (20:00 h): Un acto de memoria colectiva ante la fachada del inmueble que habitó, reviviendo su huella viva en el corazón urbano de su provincia natal.
Acudir a estos escenarios es mucho más que participar en un acto conmemorativo; es mantener viva la llama de quien demostró que la palabra, el honor y la defensa de la patria no se venden por pretendas ni se entregan bajo amenaza. Aquel 19 de agosto de 1825 pretendieron apagar su luz; este 19 de agosto demostraremos que su legado sigue más vivo que nunca.
Desde estas líneas queremos unirnos a la petición reiterada del Partido Nacionalista de Castilla y León (PANCAL-URCi) y Ateneo Cultural Villalar, para que el Ayuntamiento de Burgos permita el traslado de sus restos a Pueblo donde nació Castrillo de Duero, como era su deseo y el de sus descendientes. “El Pueblo que olvida y no respeta su Historia, está condenado a repetirla”.


Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD.HH.

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Ceuta bajo la tenaza de Rabat

El Distrito, por Fco. José Alonso Rodríguez, 04 de Agosto de 2026

Lo sucedido en la ciudad autónoma de Ceuta no puede explicarse bajo el cómodo matiz de una «crisis migratoria fortuita» ni como el mero colapso de una frontera maltrecha. La irrupción multitudinaria a través de los espigones fronterizos constituyó una auténtica operación de guerra híbrida.

Diseñada en los despachos de mayor poder de Marruecos, orquestada directamente por el Palacio Real y ejecutada por el círculo de máxima confianza del monarca alauí, la maniobra buscó dinamitar la soberanía española en el norte de África para enviar un mensaje diáfano a Madrid: España está sujeta a los dictados, tiempos e intereses de Rabat.

El uso de miles de personas como ariete geopolítico refleja la frialdad con la que Rabat instrumentaliza el factor humano. Al levantar pasivamente la vigilancia fronteriza y alimentar falsas promesas entre su propia población para incentivar el cruce masivo, la cúpula marroquí buscó asfixiar a las instituciones españolas, forzando un chantaje directo ante los ojos de la Unión Europea.

La pasividad o la tibieza diplomática ante un desafío de este calibre no solo socava la dignidad de un Estado soberano, sino que invita a futuras agresiones de mayor calado. España no puede permitir que este acto de coerción transcurra sin una respuesta formal, contundente y con consecuencias diplomáticas duraderas.

Mientras la diplomacia oficial titubea en despachos alejados, la realidad en las calles ceutíes muestra la vertiente más cruda y peligrosa de esta estrategia deliberada. La presencia del Ejército de Tierra —con unidades de la Legión y Regulares al frente— ha resultado determinante para evitar el colapso definitivo de la ciudad, aunque el escenario sobre el terreno dista mucho de estar controlado.

Entre batidas constantes por montes, barrancos y playas de las afueras, los militares patrullan zonas neurálgicas como El Príncipe o la barriada Juan Carlos I, buscando identificar y reconducir a la frontera a miles de personas que vagan sin rumbo o se ocultan tras el colapso total del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Aunque el Ejecutivo autonómico cifra cerca de 5.000 los que aún permanecen de forma ilegal, estimaciones de mandos sobre el terreno sugieren que el volumen de entradas inicial superó con creces los datos oficiales, alcanzando cifras astronómicas para una ciudad con poco más de 80.000 habitantes.

«El que vino engañado el pasado jueves, el que vio el panorama y entendió lo que pasaba, ya se ha vuelto», relata un legionario que participa en los dispositivos de interceptación. «Aquí han quedado los perfiles más peligrosos. Entre los subsaharianos que se hacinan en playas como El Trampolín se han camuflado magrebíes que venían directamente de cumplir condena o de prisiones de su país».

El testimonio militar cobra especial gravedad al constatarse la incautación de al menos tres armas de fuego durante las batidas. Las tropas advierten de la presencia de individuos que han roto cercos policiales a la carrera y que presentan señales físicas o marcas coincidentes con antiguos reclusos.

La amenaza de saqueos e incidentes violentos ha obligado a desplegar efectivos armados a las puertas de grandes supermercados y cajeros automáticos, cuyos cierres de seguridad reflejan el clima de tensión contenidos que se respira fuera del centro urbano.

La entrega del estamento militar contrasta drásticamente con la precariedad con la que están afrontando este despliegue de emergencia. Soldados que han tenido que interrumpir bruscamente sus descansos para acudir al rescate de Ceuta denuncian jornadas extenuantes, durmiendo apenas una o dos horas en el interior de los propios camiones de transporte y alimentándose a base de raciones mínimas compuestas únicamente por bollos de pan y latas de atún. Una logística deficiente que subraya la improvisación institucional frente a una amenaza meticulosamente planificada al otro lado de la valla.

La crisis de Ceuta demuestra que la vulnerabilidad de España no radica en la capacidad operativa de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni de sus Fuerzas Armadas, sino en la falta de determinación política para señalar la autoría intelectual del conflicto. La apertura de las fronteras no fue un descontrol fortuito, sino una orden política directa gestada en el Palacio marroquí para tensar la cuerda estratégica con Madrid.

Si la respuesta española se limita a gestionar las devoluciones de manera tibia mientras sus militares custodian supermercados y peinan montes en condiciones deplorables, el mensaje enviado a Rabat será de debilidad. España está obligada a desplegar un contraataque diplomático y geopolítico firme que deje claro que el respeto a las fronteras y a las ciudades autónomas no es un objeto de negociación ni un tablero de chantaje al servicio de los intereses marroquíes.

Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD.HH.

Alonso, Articulos recomendados, Noticias

El Congreso de EE.UU. respalda la tesis de Marruecos sobre Ceuta y Melilla

El Día de Zamora, por Fco. José Alonso Rodríguez, 03 de Agosto de 2026.

En un movimiento de profundas implicaciones para la diplomacia europea y transatlántica, la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha emitido un informe presupuestario que rompe abiertamente con el consenso histórico sobre la soberanía española en el Norte de África. El documento oficial señala de forma explícita que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se encuentran situadas en «territorio marroquí», avalando simultáneamente la intervención del secretario de Estado para facilitar un diálogo bilateral entre Madrid y Rabat orientado a redefinir su estatus territorial.

Esta postura, adoptada formalmente por primera vez por el poder legislativo estadounidense, ha quedado integrada dentro de la ley de gastos de Seguridad Nacional, del Departamento de Estado y programas conexos para el ejercicio fiscal 2027. La legislación fue aprobada por una ajustada mayoría de 217 votos frente a 209, contando con el respaldo prácticamente unánime del Partido Republicano. La iniciativa legislativa ha sido impulsada de manera determinante por el congresista floridano Mario Díaz-Balart, (de ascendencia cubana) figura influyente y estrecho aliado político de altos cargos de la administración estadounidense.

El informe no solo respalda el discurso territorial de Rabat sobre las dos plazas españolas, sino que además garantiza una asignación financiera directa, destinada a la seguridad e integración militar de Marruecos. Paralelamente, analistas de influyentes centros de pensamiento conservadores norteamericanos han sugerido abiertamente la necesidad de calificar a las ciudades españolas como «territorios ocupados», proponiendo utilizar a la diplomacia alauita como contrapeso estratégico frente a una España a la que califican de socio impredecible.

«Las ciudades administradas por España están situadas en territorio marroquí. Se respaldan los esfuerzos diplomáticos para facilitar una negociación entre Rabat y Madrid sobre su futuro estatus. 

Esta postura del Congreso no resulta aislada, sino que se alinea estrechamente con las recientes declaraciones del presidente Donald Trump y su retórica revisionista en política exterior. En intervenciones públicas previas, el mandatario estadounidense ha aludido repetidamente al «Desastre del 98» y a la pérdida de las antiguas colonias españolas de ultramar —Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam— como antecedentes históricos, vinculándolos a las exigencias actuales de mayor aportación en materia de defensa a los aliados de la OTAN.

El marco doctrinario de la actual Casa Blanca reivindica de manera explícita el legado del presidente William McKinley y el modelo de proyección geopolítica basado en la presión comercial y arancelaria. La diplomacia estadounidense rescata además de forma constante la alianza bilateral suscrita con Marruecos en el Tratado de Paz y Amistad de 1786, el más antiguo en vigor de Washington, para justificar la primacía de su alianza estratégica en el norte de África, aun a costa de lesionar los intereses soberanos de un socio europeo tradicional.

Cronología reciente de concesiones diplomáticas

  • Diciembre 2020: EE.UU. reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental dentro de los Acuerdos de Abraham.
  • Marzo 2022: Giro histórico del Gobierno español considerando el plan de autonomía marroquí como «la base más seria y realista».
  • Octubre 2025: El Consejo de Seguridad de la ONU consagra el plan de autonomía marroquí impulsado por EE.UU.
  • Julio 2026: El Congreso de EE.UU. catalogó formalmente por escrito a Ceuta y Melilla como «territorio marroquí».

La consolidación de las pretensiones territorialistas de Marruecos encuentra su antecedente inmediato en la cuestión del Sáhara Occidental. Tras el giro diplomático efectuado por la Casa Blanca al término del primer mandato de Trump, el Ejecutivo español modificó en 2022 la posición neutral sostenida por España durante casi medio siglo.

Aquella concesión española, efectuada mediante carta al monarca Mohamed VI y sin refrendo previo del Congreso de los Diputados, buscaba aplacar las presiones migratorias y fronterizas en el norte de África. Sin embargo, los hechos recientes evidencian que el cambio de postura no ha neutralizado las ambiciones de Rabat sobre Ceuta y Melilla, sino que ha desplazado la presión diplomática e ideológica hacia las fronteras europeas en el continente africano.

El respaldo explícito del Capitolio norteamericano deja a la política exterior española en una posición de notable fragilidad. Tras episodios de fricción diplomática como la crisis del peñón de Perejil en 2002 o las recientes avalanchas migratorias en Ceuta, Marruecos ha logrado afianzar un relato internacional que cuestiona la integridad territorial española con el aval explícito de la principal potencia bélica y diplomática del mundo.

A medida que se afianzan los vínculos militares, comerciales y geopolíticos entre Washington y Rabat de cara al próximo cuarto de siglo, España enfrenta el reto de reformular su estrategia internacional en un contexto en el que sus fronteras soberanas son objeto de discusión en los centros de decisión norteamericanos.

La postura del Gobierno de España de no convocar unas Elecciones Generales, ante la crisis permanente que nos está llevando desde su llegada a la Presidencia de gobierno Pedro Sancez (sin deslegitimar sus derechos Constituciones. Es un permanente y peligroso daño que esta causando a España).

Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. – Medalla Internacional DD.HH.