por Fco. José Alonso Rodríguez, 12 de Noviembre de 2026

La frase «no quiero huelga general, lo que quiero es guerra civil» refleja un grado extremo de polarización que, según diversas denuncias y testimonios en el ámbito institucional español, trasciende el debate político general. Esta frase es de Luis Arroyo que sin rubor como todos los presuntos delitos los comete sin despeinarse. En el contexto de las recientes movilizaciones laborales y las disputas internas por la gestión de la institución, distintas voces críticas han señalado a la actual junta directiva, encabezada por Luis Arroyo, atribuyéndole tanto esta retórica de confrontación como una gestión controvertida que ha dividido profundamente a los socios.
El conflicto en el Ateneo de Madrid, una institución bicentenaria que históricamente ha servido de foro para el debate intelectual y democrático en España, se ha intensificado en torno a las acusaciones formuladas por un sector de los socios contra la presidencia de Luis Arroyo y miembros de su equipo, como Pepita Marín y Marta Sanz. Según los testimonios de estos sectores críticos, la llegada de Arroyo a la presidencia —calificada por sus detractores como un «robo» orquestado mediante maniobras internas— ha transformado la dinámica de la entidad. En las asambleas de socios, las tensiones han desembocado en duros enfrentamientos verbales, donde los opositores acusan al presidente de ejercer una dirección autoritaria y desleal, alejada de los principios pluralistas de la institución.
Las críticas hacia la figura de Luis Arroyo por parte de sus detractores abarcan tanto su trayectoria previa como su gestión patrimonial y administrativa. Desde estas posiciones se cuestiona su pasado profesional en el ámbito de la consultoría política y en iniciativas empresariales anteriores, como proyectos vinculados al sector de las telecomunicaciones y el uso de estructuras fundacionales, señalando supuestas irregularidades laborales y fracasos de gestión. Asimismo, en el plano patrimonial, diversas informaciones periodísticas apuntan a la acumulación de propiedades inmobiliarias —cifradas en una veintena de pisos por algunos medios, aunque los críticos sostienen que el volumen real vinculado a estructuras fundacionales sería mayor—, lo que ha llevado a sus opositores a vincular su actividad con prácticas especulativas.

En el plano estrictamente institucional, los socios críticos denuncian que la actual dirección ha instaurado un clima de intimidación y ha establecido paralelismos entre la gestión del Ateneo y regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. En este sentido, también se ha señalado el papel de medios de comunicación como El País y el grupo PRISA, a los que este sector acusa de haber respaldado inicialmente la gestión de Arroyo y de Pepita Marín —quien formó parte del consejo de administración de dicha compañía hasta su destitución—, contribuyendo así, según su visión, al deterioro de la institución.
La escalada de tensión ha trascendido el debate asambleario para llegar al ámbito judicial y personal. Por un lado, un socio veterano —que recuerda haber figurado en las listas de represaliados elaboradas durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 para defender su compromiso con la legalidad democrática — afirma haber recibido amenazas graves por parte de Arroyo, incluyendo supuestas advertencias sobre el uso de información comprometedora atribuida al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, con el objetivo de perjudicar su reputación y su labor en organizaciones no gubernamentales.
Por otro lado, el conflicto interno se ha judicializado en torno a la gestión de los espacios del Ateneo, como el servicio de la Cantina, y a denuncias cruzadas entre miembros de la junta y socios. Los sectores críticos sostienen que la vicepresidenta Marta Sanz ha interpuesto denuncias falsas por agresión contra dos socios de edad avanzada —uno de ellos octogenario (88 años)—, asegurando que los hechos ocurrieron en sentido inverso. De igual modo, estas mismas fuentes apuntan a la existencia de denuncias por presunta estafa agravada relacionadas con la elaboración de informes técnicos contradictorios vinculados a las obras y la gestión de la Cantina, Realizados por personas cercanas a Marta Sanz hija de Felix Sanz Roldan.
Este enfrentamiento en el Ateneo de Madrid ilustra cómo la retórica de confrontación total —sintetizada en la contraposición entre la protesta social y el deseo de un conflicto abierto— afecta tanto al debate público nacional como al funcionamiento de las instituciones civiles. La judicialización de las discrepancias, el cruce de acusaciones personales y la polarización en torno a la gestión de los recursos reflejan un escenario en el que el diálogo institucional se ve desplazado por la desconfianza mutua y la pugna por el control de los espacios de representación.
No cabe duda que la frase de Luis Arroyo

“No quiero huelga general, quiero Guerra Civil”

y esta vez la ganaremos. Refleja muy bien los fines de este Grupo Sectaria Organizado quieren para España y el Ateneo de Madrid.

Franciso José Alonso Rodriguerz. – Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Centro de Estudios Ateneos. – Socio del Ateneo desde enero 1980.- Premio a las Libertades “Rafael del Riego”.