por Fco. José Alonso Rodríguez, 07 de Octubre de 2026

Hay puertas con una vida tranquila. Se abren, se cierran y esperan pacientemente a que alguien necesite salir por ellas en caso de emergencia. Después está la puerta de Santa Catalina. Una puerta extraordinaria. Tan extraordinaria que parece haber conseguido algo que el Derecho Administrativo todavía no había contemplado: independizar un restaurante entero sin necesidad de modificar la licencia que lo regula. Es una hazaña jurídica digna de estudio.
Porque conviene recordar cómo empezó esta historia. En 2024, el Ayuntamiento ordenó el cese de la actividad de la antigua Cantina. No fue una decisión menor. La Administración entendió que aquella actividad no podía desarrollarse en las condiciones en las que se estaba ejerciendo. Hubo un procedimiento, una resolución y una clausura. Hasta ahí, todo parecía responder a una idea muy sencilla: las licencias están para cumplirse.

Dos años después, uno esperaría encontrar una realidad perfectamente alineada con aquella contundencia administrativa. Y entonces llegan los planos. Los documentos as built, fechados en mayo de 2026, tienen una virtud extraordinaria: no opinan. No hacen política. No conceden entrevistas. Simplemente dibujan.
Y dibujan exactamente lo que dibujaban antes. Santa Catalina continúa formando parte del recorrido de evacuación. Continúa siendo una salida de emergencia. No aparece convertida en acceso ordinario. No aparece transformada en entrada principal. No aparece autorizando un funcionamiento independiente del restaurante. No aparece nada de eso.
Y, sin embargo, cualquiera que haya asistido a determinados eventos sabe que la realidad parece desenvolverse con una imaginación mucho más fértil que los planos. El público entra por Santa Catalina. El control de acceso está en Santa Catalina. La actividad comienza y termina en Santa Catalina. Y el Ateneo puede permanecer cerrado sin que ello impida el funcionamiento del restaurante. Es decir, exactamente el tipo de funcionamiento autónomo que la licencia conocida no parece describir.
Y aquí es donde aparece la pregunta verdaderamente incómoda. Si la licencia sigue siendo la misma… si los planos siguen siendo los mismos… ¿quién ha cambiado las reglas?
Porque las licencias no suelen modificarse por transmisión de pensamiento. Las salidas de emergencia tampoco ascienden espontáneamente a puerta principal. Hace falta una resolución administrativa. Un acto. Un expediente. Un documento. Algo.
Por eso se ha solicitado formalmente a la Agencia de Actividades que responda una cuestión tan elemental como trascendental: si el funcionamiento efectivo del establecimiento resulta compatible con la licencia vigente o si existe alguna resolución posterior que haya alterado las condiciones de acceso y funcionamiento inicialmente autorizadas.

No parece una pregunta excesiva. De hecho, resulta difícil imaginar una más sencilla.
Lo verdaderamente sorprendente sería descubrir que una Administración que en 2024 clausuró una actividad por razones de licencia termine aceptando ahora, de hecho, un modelo de funcionamiento distinto del que reflejan los propios documentos administrativos conocidos. Porque entonces ya no estaríamos hablando de una puerta. Ni siquiera de una salida de emergencia.
Estaríamos hablando de algo mucho más preocupante. De la posibilidad de que las licencias tengan una versión oficial —la que figura en los expedientes— y otra versión práctica, la que se aplica cuando nadie hace demasiadas preguntas. Y eso sí sería un prodigio administrativo. No porque transforme una salida de emergencia en un acceso principal, sino porque convertiría el cumplimiento de una licencia en una mera cuestión de interpretación creativa.
Quizá por eso la respuesta de la Agencia de Actividades es hoy mucho más importante que una simple aclaración técnica. Porque todavía estamos a tiempo de confirmar que las licencias significan lo mismo para todos. O de descubrir que, en Madrid, algunas puertas no solo sirven para evacuar edificios. También pueden escapar de la propia licencia que las regula. Lo grave de todo esto que el Ayuntamiento de Madrid esta rayando en la prevaricación. Conoce la infracción y la está consintiendo donde causo un gran daño reputacional y económico al anterior CONCESIONARIO al ordenar su cierre y al Café Central esta consintiéndolo.

Francisco José Alonso Rodríguez. – Politólogo. – Sociólogo. – Presidente “Centro de Estudios Ateneos” Presidente Agrupación Debates Parlamentarios más de 25 años.- Socio del Ateneo desde enero 1980