El Día de Zamora, 21 de Septiembre de 2026

La gestión de la crisis migratoria e institucional en Ceuta por parte del Gobierno de España se ha consolidado como uno de los episodios más oscuros y preocupantes de la diplomacia y la seguridad nacional reciente. Mientras los acontecimientos sobre el terreno evidencian una gravedad extrema, la respuesta institucional ha estado marcada por la inacción, la falta de previsión y un abandono flagrante de las responsabilidades más elementales del Estado hacia una de sus fronteras más vulnerables.
La realidad que se vive en las calles ceutíes refleja la incapacidad manifiesta del Ejecutivo para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de la población local. Ningún esfuerzo de desalojo en la ciudad está dando frutos ni se nota en el día a día. Se trata de un círculo vicioso sin fin: las fuerzas de seguridad intervienen en un punto, despejan la zona y, en cuestión de horas, el espacio vuelve a ser ocupado. Los ceutíes no pueden ni deben resignarse a vivir sumidos en una excepcionalidad permanente como si esta situación de caos fuera la norma. Sin embargo, la falta de respuesta del Gobierno nacional para perseguir y penar con firmeza los delitos de quienes entran de manera irregular abre un escenario aún más alarmante. Ceuta corre hoy el peligro inminente de que comiencen las okupaciones masivas de viviendas frente a un Estado impasible. Mientras la delincuencia e impunidad avanzan, la única energía que demuestra el Ejecutivo se centra en descalificar a los ceutís, atacar a su Gobierno autonómico y desprestigiar sin descansos a la oposición.
El traslado de personas desde las playas hacia el campamento temporal del muelle de Poniente puso de manifiesto desde el primer minuto una previsión nula y una absoluta desconexión de la realidad. Con una capacidad declarada para apenas 1.800 personas, la infraestructura colapsó de inmediato. El resultado previsible y desastroso fue el regreso masivo de miles de migrantes a las playas de las que acababan de ser retirados al quedarse fuera del recinto. Sin plazas suficientes, la masa regresó a los mismos puntos para reincidir en la formación de asentamientos improvisados, provocando altercados, tensiones constantes y un ambiente insostenible.

Frente a esta perturbación sin precedentes, el exministro de Defensa y diversas voces de la política nacional han alzado la voz para denunciar la inoperancia oficial. El Ejecutivo no ha querido declarar el estado de excepción ni articular las herramientas legales excepcionales necesarias para abordar una crisis que amenaza la integridad territorial. Las críticas son contundentes: el Ejecutivo «miente descarada y permanentemente» a la opinión pública sobre la verdadera dimensión del problema. No

se puede dejar de reaccionar ante la imagen desgarradora e impotente del regreso de miles de migrantes a las zonas de costa tras fracasar el sistema de acogida.
La situación que atraviesa la ciudad autónoma es «absolutamente anormal». Resulta incomprensible que, ante lo que desde el primer momento fue catalogado por diversos sectores e incluso sugerido por el propio Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una autentica invasión del territorio, no se haya articulado un despliegue proporcional. Una agresión de tal calibre a la soberanía nacional debería contar con la respuesta directa, coordinada y firme de las Fuerzas Armadas.
En este contexto de paralización, no existe confianza alguna en la utilidad del campamento improvisado en el puerto. «En el puerto no van a solucionar nada», señalan voces expertas al advertir que instalar carpas en los muelles no ataca la raíz del problema ni ofrece una salida real. Esta infraestructura provisional es solo una cortina de humo para ocultar que el Gobierno «no quiere reintegrarlos» a sus países de origen. Ha transcurrido cerca de dos meses desde el estallido del conflicto —tiempo más que suficiente para haber activado los expedientes de expulsión y las devoluciones en caliente o tramitadas— sin que se haya movido una sola ficha diplomática eficaz. La gestión de la crisis por parte de Madrid no es más que un «desistimiento» deliberado de sus funciones constitucionales.
El análisis de la situación en la ciudad autónoma deja una certidumbre amarga: el Estado no está presente en Ceuta; se ha inhibido por completo del asunto. Por ello, se hace indispensable reclamar con urgencia la aplicación de un estado de excepción que permita restablecer el orden de forma inmediata. Se debe actuar en sintonía con las alertas lanzadas por expresidentes y exministros: la imagen internacional de España se desploma a pasos agigantados. En el exterior ya no nos consideran un país donde la ley se respeta ni donde los delitos se castigan con firmeza. La debilidad mostrada en la frontera sur ha desgastado el crédito diplomático de la nación. Ante la magnitud de la presión geopolítica ejercida sobre las fronteras comunitarias, España debería haber solicitado formalmente la presencia y la actuación coordinada con la OTAN, garantizando la inviolabilidad de las fronteras europeas.
Este caótico panorama ha dejado a la ciudadanía ceutí atemorizada y totalmente coartada en sus derechos y libertades fundamentales. Sentirse desprotegido dentro del propio territorio nacional es la consecuencia directa de un Gobierno que prefiere el cálculo político a la defensa de sus ciudadanos. A la falta de medidas contundentes se suma un discurso oficial que relativiza el estatus de Ceuta y Melilla, una actitud que roza la traición a la legalidad constitucional.

El balance de esta crisis deja una conclusión categórica: Ceuta ha sufrido no solo la presión migratoria orquestada desde el exterior, sino el abandono consciente de su propio Gobierno. Restablecer el principio de autoridad, aplicar las leyes de extranjería con rigurosidad, perseguir con contundencia la okupación y el delito, y defender sin ambigüedades la españolidad de Ceuta no son opciones ideológicas; son deberes irrenunciables para cualquier Ejecutivo que pretenda mantener la dignidad y la soberanía de su nación.

Francisco José Alonso Rodríguez. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional DD.HH. “Un Comunero-Empecinado”.

J. Ignacio Moratinos Delgado «El Empecinado».- Coordinador de la Liga Española Pro Derechos Humanos-Federación Internacional Proderechos Humanos-España en Castilla y León.- Diploma de los DD.HH. .- Medalla del Empecinado